LOS DERECHOS DE LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTES: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Julio E. Higuera

Politólogo

Especialista en Cultura de Paz y DIH

La construcción y consolidación de una cultura política democrática que respalde la participación ciudadana en la protección de los Derechos Humanos, en especial de los derechos de los niños y las niñas, en materia de salud, educación, libre desarrollo y seguridad, son un imperativo en momentos en el que país registra, con dolor, como este sector de la población es el más afectado con los últimos hechos en materia de atención en salud, educación y seguridad.

Ya el Vicepresidente de la Republica llamaba la atención sobre estos graves hechos en los que han perdido la vida niños y niñas por la falta de una efectiva y pronta atención médica, al respecto manifestaba que “un país que deja que un niño o niña muera sin atención médica se convierte en una sociedad sin perspectiva".

Frente a la negligencia de algunos funcionarios de las entidades prestadoras de salud, así como de funcionarios públicos, Angelino Garzón, manifiesta la necesidad de activar un Plan Nacional de educación y de cultura en Derechos Humanos para los servidores públicos como alcaldes y gobernadores para fortalecer e incidir en un cambio radical. Es enfático en señalar que solo en la medida en que se les pueda brindar un mejor futuro a los  niños, niñas y adolescentes en materia de educación, cultura, recreación, deporte, alimentación, salud y garantías en el estudio, se les aleja de la tentación de engrosar los grupos armados ilegales. Y concluye manifestando que solo con la ayuda de las autoridades civiles nacionales, locales, regionales, y de la sociedad en su conjunto, se puede sacar adelante a los niños y niñas que son el presente y futuro de nuestro país.

Invertir en programas para el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como en el fortalecimiento de los programas sociales que beneficien a la población juvenil y la infancia,  requieren del concurso del conjunto de la sociedad que con sus iniciativas y participación, permitan mejorar las condiciones de vida de esta población proclive a ser absorbida por los grupos ilegales y de la delincuencia común.

                                                                                    

Los derechos humanos, si bien es cierto su primer garante debe ser el Estado; la responsabilidad de la ciudadanía es clave, sobre todo en la defensa y el respeto a los derechos de la población más pobre y desprotegida, especialmente los niños y niñas.

Para la Unicef, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes implica no solamente una responsabilidad legal y moral; también tiene implicancias para las políticas económicas y sociales y, por consiguiente, para la asignación de los recursos financieros de un país. El volumen y uso de los recursos públicos asignados al cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia constituye un importante indicador del grado de prioridad que otorgan los Estados a tal fin.

En síntesis solo en la medida en que el Estado y la sociedad entienda que los derechos de la infancia y la población juvenil, es un problema de conciencia colectiva y que solo con la movilización de los  actores sociales se pueden lograr objetivos, como prevenir y mitigar la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su restablecimiento cuando hayan sido vulnerados; la promoción y divulgación de manera permanente los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su reconocimiento como actores/as sociales y como sujetos de derechos, así como para la asignación y movilización de los recursos necesarios para la Protección y Atención Integral a la Infancia y la adolescencia.