Julio
E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación
Concertemos
Contratistas y abogados especialistas
en demandas, descubrieron la fórmula para saquear de manera sistemática al
Estado; “no ejecutar las obras y demandarlo”. Lo más preocupante es que este,
no parece haber encontrado la manera para contener el desangre, puesto que no
ejercen el control para preservar los recursos públicos, por el contrario se
destapan diariamente escándalo como el carrusel de la contratación en la Capital de la República en
las que se evidencio la entrega de millonarias comisiones para la asignación de
contratos,
la doble calzada de la carretera Cali – Candelaria, que nunca
se construyo, la suspensión del Contrato del Túnel de la Línea, en la que el
Gobierno debe invertir, para terminar lo
que falta del proyecto, cerca de 400.000 millones de
pesos adicionales, el manejo de los recursos de la salud en la
que se investigan deficiencias en la administración de los dineros provenientes
del propio aporte de los usuarios para contar con un servicio de salud digno, el
reciente escándalo por la existencia de un cartel de la vigilancia y la
seguridad privada en la que se detecto que varias empresas se presentaban como
supuestos competidores individuales, pero estaban actuando de manera coordinada
en la presentación de sus ofertas en licitaciones públicas a entidades del Estado, entre otros
casos.
A
esta grave situación agreguémosle la complicidad de funcionarios públicos, que burlándose
de las normas que regulan la contratación en el sector público, permiten que ladrones de cuello blanco se
lleven inmensas sumas de dinero, que con sacrificio pagan los colombianos por
concepto de impuestos.
Una política
de contratación pública, carente de principios éticos, tanto de los contratistas,
como de algunos servidores públicos, atenta contra el bienestar social de la
población más pobre y es violatoria de los derechos humanos, ya que se está atentando
contra la calidad de vida de las seres humanos; razones que motivan a que organizaciones
de la sociedad civil y ciudadanos del Valle Cauca, propongan un Frente Común[1]
que construya un Pacto contra la
corrupción y por la Defensa de los Recursos Públicos, en las que organismos del
estado, como del sector empresarial, partidos y movimientos políticos,
organizaciones sindicales y sociales, órganos de control del estado y comunidad
en general, asuman un compromiso con la ciudad y el país de proteger los
dineros públicos, para que estos sean destinados a la inversión social
Que mejor
la actual coyuntura, cuando nos aprestamos a elegir nuevos Gobernadores, Alcaldes,
Diputados a las Asambleas Departamentales, Concejales y Representantes a las
Juntas Administradoras; para exigirle a los aspirantes a estos cargos, que
asuman un compromiso para con sus electores, de que si son elegidos van a
defender y velar por el manejo transparente de los recursos públicos, así como
en la contratación y cumplimiento en la ejecución de las obras, que estas sean realizadas
en los tiempos establecidos con materiales de calidad, para evitar sobrecostos
en las mismas.
El flagelo de la
corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración
social, por ello la lucha contra este mal es tal vez uno de los campos en los
cuales la acción colectiva de la sociedad en su conjunto es no sólo útil
y conveniente, sino absolutamente necesaria.
[1] El
Frente Común tendrá una reunión preliminar el próximo martes 3 de Febrero a las
5 p.m. en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV
(Cra 8 Nº 6 – 38 Cali)
