Julio E. Higuera
Director Dialogo Ciudadano
Los Ciudadanos nuevamente saldremos a las urnas el próximo 26 de Agosto del
2018, para participar en la Consulta Popular Anticorrupción, en la que mediante
el voto, manifestaremos el respaldo o rechazo a las 7 preguntas que aparecerán
en el tarjetón y que se fundamentan en temas relacionados con el salario y el límite de los periodos para
los que pueden ser elegidos congresistas, diputados, concejales y miembros de
las Juntas Administradoras Locales; que las personas condenadas por delitos de
corrupción cumplan la totalidad de las penas en centros carcelarios sin ningún
tipo de privilegio; que el sistema de contratación en el sector público sea
transparente, mediante la utilización de pliegos tipo; fortalecer la democracia
participativa a través de la realización de audiencias públicas, para que con
la participación de la ciudadanía se priorice la inversión social en el orden
nacional y regional; que los ciudadanos elegidos con el voto popular realicen
audiencias de rendición de cuentas sobre su gestión en la corporación para la
cual fue elegido y hacer pública sus declaraciones de renta.
Para que el mandato de la Consulta se cumpla, sea tramitado y aprobado por
el Congreso de la República, debe contar con la participación de más de 12
millones de colombianos para alcanzar el umbral requerido y que el 50% de los
votos depositados sean por el Si en cada una de las 7 preguntas.
La convocatoria de la consulta es el resultado de un proceso en el que
cerca de 4.3 millones de colombianos, con su firma, respaldaron la iniciativa
impulsada por un grupo de ciudadanos,
sectores políticos y sociales del país; en un esfuerzo para poner fin a
las prácticas corruptas en el sector público y de respuesta de la ciudadanía a
la clase política con asiento en el congreso, que no ha sido capaz de auto
regularse, aprobando iniciativas que se han presentado a su consideración,
hundiéndolas, situación por la cual se recurrió a este mecanismo de
participación ciudadana.
Pese a que todos los partidos y movimientos políticos manifestaron su
respaldo a esta iniciativa ciudadana, durante la pasada campaña electoral para
Congreso y Presidencia de la República; el Centro Democrático, una vez elegido
y posesionado Iván Duque como nuevo Presidente de la Republica, reversa su
decisión de respaldo, manifestando que se debe tramitar la iniciativa
presentada por el nuevo gobierno a consideración del Congreso de la República,
con el agravante que al no contar con la fuerza y presión electoral de la
ciudadanía, fácilmente puede ser hundida, nuevamente como ha ocurrido en el
pasado.
Mientras el Uribismo busca debilitar la Consulta Anticorrupción,
desorientando a la ciudadanía sobre la importancia de este proceso democrático,
recurriendo a estrategias de desinformación sobre los altos costos de este
proceso electoral; generando nubarrones de dudas sobre los dirigentes políticos
y sociales, promotores de este proceso; utilizando las redes sociales para inundarlas
de campañas de desinformación destinadas dirigidas a generar pánico entre la ciudadanía
y deslegitimar este proceso democrático, el Presidente del Senado Ernesto
Macías, no solo manifiesta su oposición a la reducción del salario de los
Congresistas y Altos Funcionarios del Estado, sino que mediante una resolución
modifica las reglas de juego para la elección del Nuevo Contralor de la Nación,
en una clara intención de favorecimiento al nombramiento de Félix Lafaurie,
esposo de la Senadora Maria Fernanda Cabal y miembro del Centro Democrático,
para ese cargo.