Politólogo
Concluida
la Fase de dejación de armas y dar el paso a convertirse en partido político, las
Farc, el país centra toda su atención en un tema que ha generado el desangre escandaloso de
las finanzas del país como es la corrupción en las esferas del estado,
destapando la olla podrida de la contratación pública, mediante la entrega de
coimas para hacerse a millonarios contratos, incrementando los costos, la baja calidad
de las obras y el incumplimiento en su entrega.
Según
cálculos de la Contraloría General de la Nación el flagelo de la corrupción le
cuesta al Estado cerca de 50 billones de pesos al año, es decir, en palabras
del Contralor Edgardo Maya, casi un billón de pesos por semana, mientras que
para la Procuraduría el monto equivale al 4 por ciento del Producto Interno
Bruto (PIB), una suma cercana a los 32 billones de pesos, lo que equivale a los
recursos de inversión que tiene destinado el gobierno nacional para el presente
año.
Son
tan graves los casos de corrupción en el país: el Carrusel de la Contratación
en Bogotá, Odebrecht, el Ex fiscal Anticorrupción que entorpecía
investigaciones a cambio de cuantiosas sumas de dinero, Reficar, las
irregularidades en el uso de las regalías en algunos departamentos, fiscales y
jueces vinculados a organizaciones criminales, la captura del
Contralor de Antioquia, por prevaricato por omisión y peculado por apropiación,
la captura del Secretario de Seguridad de Medellín, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, Agro
ingreso Seguro, solo por mencionar algunos de los más escandalosos hechos de
corrupción; hizo que el tema de la implementación de los acuerdos de paz y la dejación
de armas por parte de la Farc, pasara a un segundo plano de intereses ciudadano,
para fijar su atención a los casi diarios escándalos de corrupción que
involucran a altos funcionarios del estado en todo los niveles.
Lo más
indignante es que mientras el país se sumerge en el cáncer de la corrupción, en
detrimento de las finanzas del Estado y de atención a la inversión social, la
respuesta del gobierno es la aplicación de mas medidas tributarias
antipopulares, que afectan el bolsillo de la población más pobre y vulnerable,
otorgándole más beneficios al sector financiero y empresarial, premiando a la
clase política con asiento en el Congreso, con reajustes salariales para este
año por encima de los 2 millones de pesos al mes, mientras a los trabajadores colombianos
les aprueban un reajuste al salario mínimo por debajo de los 50 mil pesos
mensuales; negando derechos a los colombianos, como la reciente ley que reduce
del 12 al 4 por ciento el pago de los aportes en salud, que beneficiaria a
cerca de un millón de pensionados que reciben mesadas por debajo de 2 salarios
mínimos, argumentando un hueco fiscal de 2,3 billones de pesos, cifra muy por
debajo a los dineros que son saqueados de las arcas del estado mes por mes.
Es
tan alto el grado de impunidad en las investigaciones y sanciones contra quienes
incurren en esas faltas contra la ética y la moralidad pública; al no arrojar
resultados positivos, o en caso de ser condenados, gozan de una reclusión
privilegiada en centros especiales, o pagando sus condenas en sus suntuosas
mansiones, al otorgarles la casa por cárcel, así como con rebajas de penas por
aceptación de cargos pero sin devolver los dineros robados; sanciones que mas
que castigar a los delincuentes de cuello blanco, los incita a continuar
delinquiendo y saqueando el erario público.
Es
lamentable que las raíces de la corrupción, asociada a la politiquería y el
clientelismo, como una forma de financiación de las campañas políticas, sigan
intactas frente a un Estado, Órganos de Control y Fiscalización paquidérmicos
que estimula esas prácticas y al enriquecimiento fácil, en degradación de los
valores y principios éticos y morales que deben caracterizar el ejercicio de la administración pública.
La
ausencia de acciones del estado y de los órganos de control y fiscalización,
que aparentemente deberían velar por la transparencia en la contratación y el
buen manejo de los recursos públicos, ante la degradación y carrera que viene
haciendo la corrupción en nuestro país; la iniciativa de consulta
anticorrupción, promovida por diferentes sectores ciudadanos, alcanza el
respaldo de más de 4.300.000 personas, para que en las urnas los colombianos
decidan sobre medidas para ponerle fin a este delito, castigando a quienes
incurran en estas prácticas; permitiendo que el ciudadano pase de estar
quejándose permanentemente, a que con sus acciones en el marco de la
participación ciudadana contribuya a eliminar el flagelo criminal en el sector público.
La
Paz en Colombia, no solo se alcanza con el fin del conflicto armado y dejación
de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, también implica la
eliminación de la práctica de la corrupción en los sectores público, privado y
en el conjunto de la sociedad, generando mayores niveles de transparencia, que
garantice una mayor eficiencia en la inversión de los recursos públicos para el
mejoramiento de la calidad de vida y equidad social de los colombianos;
superando los niveles de desconfianza existente entre los ciudadanos,
contribuyendo a la estabilidad política, económica, social y de construcción de
una cultura ciudadana de paz y convivencia democrática.