LA TOLERANCIA, UNA NECESIDAD EN LA CLASE POLITICA.

Julio E. Higuera

Politólogo

Las opiniones que vienen manifestando algunos voceros de colectividades políticas, haciendo señalamientos denigrantes en contra de partidos y dirigentes políticos, de vínculos o alianzas con organizaciones al margen de la ley, se constituye en un problema en la actual campaña electoral y son una muestra clara del grado de intolerancia hacia las decisiones que los individuos, en una sociedad democrática, toman en uso del pleno derecho a la ciudadanía.

Colombia viene avanzando hacia una cultura de dialogo, la tolerancia y de convivencia en medio de la diferencia. El encuentro del Gobierno Nacional con el Centro Democrático, es un claro ejemplo, que pese a las diferencias se puede construir canales de entendimiento, basados en el respeto y el reconocimiento a las opiniones y decisiones de cada una de las partes.

Ese episodio, positivo, debe convocar a los diferentes sectores y dirigentes políticos, a que en la actual coyuntura electoral, más que las calumnias y señalamientos, hacia miembros de otras colectividades políticas, sin contar con decisiones judiciales previas, construyamos una cultura del dialogo, la tolerancia y el respeto hacia la diversidad política y de opiniones, en la que se pueda expresar libremente las diferencias y velando por la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Grave daño le hace a nuestra democracia las descalificaciones, simplemente para dejar sentado su desacuerdo con una decisión política. El uso de un lenguaje moderado y responsable, es un acto de madurez política y de cultura democrática, en la que se pone a prueba cuando somos capaces de respetar la igualdad y la libertad de quienes más distan de nuestra opinión política.

La tolerancia política consiste en aceptar y respetar los derechos y libertades civiles de las personas y los grupos cuyas opiniones difieren de las nuestras. Todos los ciudadanos, incluidos los dirigentes políticos, tenemos la responsabilidad de practicar la tolerancia política, rechazando comportamientos basados en dogmas o actitudes de que mis opiniones son la verdad revelada y mis actuaciones son las únicas correctas y transparentes.

Que importante sería, en este periodo electoral, se formulara y respetara un  código de conducta que fomente la tolerancia política, especialmente frente a las decisiones de los diferentes aspirantes a cargos de elección popular a nivel municipal y regional, acudiendo a un discurso basado en hechos y decisiones ya fallados, sin caer en el terreno de las especulaciones, el escarnio e insulto a nuestros contradictores.

• El presente artículo compromete el pensamiento y la opinión de su autor.

GOBIERNOS ABIERTOS Y TRANSPARENTES TEMA DE LA XV CONFERENCIA DE LA OIDP

Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos*

Durante los días 24, 25 y 26 de marzo de 2015, se celebró la XV Conferencia del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa –OIDP-,  en la ciudad de Madrid, bajo el tema “Gobierno Abierto: Transparencia y Participación Ciudadana”, en la que se abordaron estudios y reflexiones sobre los nuevos retos de las Administraciones Públicas en relación con las políticas de gobernanza y respecto a la utilización de las nuevas tecnologías, con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos que les incumben diariamente.

El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP) es una red de más de 600 ciudades del mundo, entidades, organizaciones y centros de investigación que quieren conocer, intercambiar y aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito local para profundizar la democracia en los gobiernos municipales y de las grandes ciudades. 

Los temas tratados durante este evento internacional, estuvieron relacionados con la participación ciudadana en las grandes ciudades, para convertir al ciudadano en protagonista de su propio futuro, para que entre todos construyamos la ciudad que aspiramos entregar a las nuevas generaciones, que sean prosperas y garantes de los derechos ciudadanos y la participación ciudadana. 

Se enfatizó en la importancia del presente y futuro de los presupuestos participativos, como una herramienta de la democracia directa y deliberativa que permite al ciudadano incidir en la toma de decisiones frente a los recursos públicos y su democratización para la inversión social; a partir de nuevas experiencias en su implementación en diferentes regiones del mundo; así como en la Participación Ciudadana en las políticas de Gobiernos Abiertos y los nuevos retos, en los que las nuevas tecnologías redimensionan la participación ciudadana aportando en la creación y el mejoramiento de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, así como del bienestar de la población más vulnerable.

La importancia de esta conferencia internacional, radica en que se ha convertido en un foro en la que representantes de diferentes gobiernos locales, de los cinco continentes, comparten experiencias y resultados en la implementación de la democracia participativa, como el mejor instrumento de dialogo y búsqueda de acuerdos entre los gobernantes locales y sus ciudadanos.

Las Alcaldías de Cartagena, Medellín, Bogotá, Ocaña, Yumbo, junto a la Corporación Concertemos, fundaciones, asociaciones y centros de investigación del país, hacen parte, como miembros asociados y colaboradores, del observatorio realizando importantes aportes en materia de diálogo social, democracia participativa y presupuestos participativos.

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* La Corporación Concertemos es miembro de la OIDP desde el año 2002

Cuando la ambición Política, rompe con la Amistad y Lealtad.

Julio E. Higuera 

Politólogo – Universidad del Valle

La política además de cumplir una función social, es un espacio para tejer lazos de amistad y lealtad de quienes nos identificamos en la búsqueda de propósitos comunes de equidad y justicia social. Al entablar una amistad sincera y transparente, se adquiere el compromiso de defender en lo que creemos y en quien creemos, de estar con el y/o los amigos en las buenas y en las malas; significa que cuando alguien nos ha dado algo bueno, le debemos algo más que agradecimiento, es no darle la espalda, es estar cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal.

Las aspiraciones políticas, no debe convertirse en un elemento de ruptura y deslealtad con quienes nos han brindado su confianza y amistad sincera. Para cualquier individuo o grupo de personas, es doloroso sentirse traicionado o saber que un “amigo” habla mal y descalifica sus legítimas aspiraciones y metas trazadas.  Lamentable  los individuos al saber que puede obtener algo beneficioso de una o un grupo de personas, se les acerca, pero cuando ese mismo conglomerado deja de ser útil o es una seria amenaza a sus proyectos egoistas, lo abandona sin más.

Las ambiciones políticas son carentes de sinceridad y compromisos con los amigos y la sociedad, ya que todo se mueve y gira alrededor de los intereses  mezquinos y  personales, dejando atrás valores tan primordiales como la lealtad y la amistad, principios que enaltecen y hacen que una persona merezca ser parte de una comunidad y gozar de plena confianza de quienes lo acogen.

La lealtad es sinónimo de sinceridad, significa esto que se pueda expresar, de manera pública o privada, la preocupación y desacuerdo cuando se siente que hay equivocaciones en las decisiones, actuaciones o comportamientos personales que puede afectar el logro de los propósitos planteados; actitud inherente a la devoción del individuo para con la persona o comunidad en la que se actúa e interlocuta. 

La política clientelista, se ha convertido en un juego en la que se tejen habilidades, estrategias, destrezas y amarres oscuros que benefician al interesado, en deterioro de valores tan fundamentales como la “lealtad y amistad” al interior de los partidos y movimientos políticos; así como en la relación personal de los individuos, con afinidades e intereses comunes; comportamientos que hacen que los ciudadanos le pierdan el interés a participar en procesos políticos, ante la carencia de valores éticos y morales como son la honestidad y la transparencia.

 

El papel de quienes vemos en el ejercicio de la acción política, una posibilidad de construcción de una ética y una cultura ciudadana, es hacer de la política un espacio generador de confianzas, con quienes hemos trasegado por el  camino de la defensa de valores humanistas y democráticos en la relación y trato entre seres humanos, dignificándola, y de esa manera lograr que el ciudadano cambie su idea sobre el papel de la política y del político en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, garante de valores como la ética, la trasparencia, con una profunda vocación de servicio, compromiso  y de cumplimiento con los acuerdos pactados, fortaleciendo los lazos de amistad y lealtad con quienes hacen parte del proyecto, dejando de lado a los aduladores y oportunistas que buscan el beneficio personal por encima del interés común.

UNA POLITICA SOCIAL INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA

 Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

La responsabilidad de los Gobernantes a nivel nacional, regional o local, es asegurar el bienestar de los ciudadanos, minimizando las desigualdades sociales, implementando mecanismos eficientes de inclusión social, en materia de empleo, educación, salud,  en la titularidad de sus derechos, políticas de fomento al bienestar y protección social, así como el reconocimiento y valoración de los ciudadanos, como sujetos activos de una sociedad.

Los aspirantes a ser Gobernantes Regionales y Municipales, deben darle importancia al tema de la paz y la seguridad ciudadana, articulada a la política social, especialmente en materia de salud, como el derecho que tiene la población a que sean tratados como seres humanos que tienen derecho a la vida; fortaleciendo la red pública hospitalaria, sumida en una profunda crisis financiera; una política educativa integral y de calidad, que permita formar y preparar a nuestros jóvenes profesionalmente, garantizando su vinculación al mercado laboral, con empleo dignos y estables; contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria de las familias, especialmente de la población infantil de las áreas más vulnerables; asumir el pleno compromiso por la transparencia y de lucha frontal contra la corrupción, desarrollando políticas sociales y económicas que permitan superar las grandes inequidades de pobreza y hambre que afecta a diversos sectores de la población vallecaucana; como pilares fundamentales de una política de respeto y protección a los derechos humanos, y en el proceso de construcción ciudadana.

La inmensa afluencia de desplazados al Valle del Cauca, víctimas de la violencia, provenientes de diferentes regiones del país, hacen que este departamento se convierta en un territorio de paz y prosperidad, donde predomine el respeto por los derechos humanos,  diversa étnica y multiculturalmente, eliminando toda clase de discriminación, promoviendo la igualdad, creando posibilidades y oportunidades para que la población acceda al pleno ejercicio de sus derechos, que posibiliten construir un Departamento competitivo, incluyente, social y económicamente posicionado en el ambito nacional, con una mejor calidad de vida para su gente, superando la Pobreza Extrema consolidando una política social  que mejore y amplíe la oferta y el acceso  de bienes y servicios sociales de calidad  con participación efectiva de los distintos grupos poblacionales, valorando la diversidad, el respeto a la diferencia étnica, cultural, de género y de orientación sexual.

Las políticas sociales son la razón de ser del Estado en su conjunto y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Se puede afirmar que estas políticas parten de las necesidades de las comunidades y se establecen como criterio fundamental para la práctica política del Estado. En la construcción de estas políticas se debe establecer mecanismos de inclusión social para la participación ciudadana, para que no solo se cumpla con la elaboración de las políticas mismas, sino también como un requisito fundamental para abrir la democracia. Con la Constitución Política de 1991 se inicia un proceso de cambio en la forma como se construyen las políticas públicas pues se disponen de una serie de mecanismos para este fin, aunque con dificultades se logra avanzar en la consolidación de un sistema democrático más abierto e incluyente que además se consolide a partir de lo social.

De esta manera, la participación de las comunidades y ciudadanía en general contribuye a la función ciudadana de defensa de lo público y en la perspectiva de consolidar el bien común, toda vez que este proceso logra que sea mayor el número de actores participantes y que pueden hacer oír sus necesidades, en correspondencia con el hecho de que sean tenidas en cuenta y valoradas sus opiniones por parte de los gobernantes cuando trazan las políticas públicas, convirtiéndose, de hecho, en un espacio para conjugar los intereses de gobernantes y gobernados en función del bien común.

La inversión social, además de ser un derecho ciudadano, es un deber de los Estados para promover el desarrollo social y político en un contexto democrático que articule las demandas y obligaciones para mantener la estabilidad, y como un elemento dinamizador de la vida social.