Carta Abierta de Angelino Garzon al Partido de la U

Bogotá D.C. Noviembre 24 de 2014

"Agradezco y valoro positivamente la invitación de los concejales del Partido de la U de Bogotá"

En lo personal agradezco y valoro positivamente la invitación que me hicieron el día 20 de noviembre los 7 concejales del partido de la U de Bogotá, en el sentido que aceptara ser candidato por dicho partido a la Alcaldía de Bogotá D.C.

Como no se trata de una simple aspiración personal, una vez más manifiesto públicamente que aceptaré cualquier decisión que tome la nueva dirección colegiada del Partido de la U en esta materia. Igualmente reitero que si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley presentado por el señor Presidente de Colombia sobre unificación electoral, no seré candidato a la Alcaldía de Cali ni de Bogotá, porque considero que dicho proyecto va contra la búsqueda de la paz, el desarrollo de la democracia local, favorece el clientelismo político regional y la compra y venta de votos.

Como soy un trabajador por la paz, la democracia y el respeto por los derechos humanos, desde ya estoy convocando a una reunión nacional para los días 14 y 15 de mayo de 2015 en la ciudad de Cali con el fin de tratar temas relacionados con la paz, el diálogo, la equidad y la inclusión social, fecha en la cual, como lo he expresado públicamente en reiteradas ocasiones, diré si soy candidato a la Alcaldía de Cali, Bogotá o sencillamente me toca esperar hasta el 2018, cuando se eligen en Colombia Presidente y Vicepresidente, anotando que para esa ocasión ya no estaré atado a los procedimientos jurídicos que menciona el Consejo Nacional Electoral.

Felicito a la nueva dirección colegiada del Partido de la U y fraternalmente les expreso que si deciden invitarme a dialogar sobre un posible aval para mi candidatura, estoy dispuesto a hacerlo. Hasta donde yo recuerdo, cuando el partido de la U me dio el aval en el año 2010 como candidato a la Vicepresidencia de la República, en ningún momento me solicitó como condición previa el ingreso por escrito a dicho partido.

Igualmente reitero mis sentimientos de gratitud y reconocimiento por esta colectividad y aclaro que respetando el derecho del Partido de la U a escoger libremente su candidato en Cali o Bogotá, tomé la decisión de renunciar al mismo el 25 de agosto de 2014, bajo el principio de que el derecho del uno es el derecho del otro. En mi opinión todos los partidos políticos deben estar abiertos a avalar personas que sin ser militantes de los mismos llenen los requisitos éticos y profesionales que se requieren para ser buenos candidatos y candidatas a gobiernos locales y regionales.

Los problemas y dificultades que se viven en Bogotá, Cali y en diversas partes del país, no los vamos a resolver a corto plazo solamente con esfuerzos partidistas. Lo que la población está requiriendo es que seamos capaces de dejar a un lado los colores de cada uno de los partidos y lleguemos a un camino de esfuerzos comunes de la izquierda, el centro y la derecha, que hagan posible la unidad en la diferencia a través de un pacto político y social por el presente y futuro de Bogotá, Cali y en general de todo el país.

ANGELINO GARZÓN
Ex Vicepresidente de la República

DEMOCRACIA O PARTIDOCRACIA

Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

La bancada, en el Concejo de Bogotá, del Partido de la U propuso como candidato a la Alcaldía de Bogotá al Ex vicepresidente Angelino Garzón. La  propuesta fue respaldada por algunos parlamentarios de esa colectividad política, resaltando la trayectoria política y social, con una hoja de vida transparente, como la mejor alternativa para alcanzar el segundo cargo más importante del país.  Pero la respuesta oficial no se hizo esperar. Para algunos miembros de ese partido político la propuesta, surgida en el seno de los miembros de la corporación distrital, no goza de legitimidad, por cuanto la decisión a quien avalan, no se da en esa instancia de dirección.

En un sistema democrático, como el colombiano, fundado en un  estado social de derecho, descentralizado, democrático, participativo y pluralista, en el que se reconoce la autonomía de los entes territoriales y donde prevalece el interés general; a la hora de la praxis, colectividades políticas como el Partido de la U, que se proclama ampliamente democrático, que en sus estatutos propugnan por el respeto a la igualdad de todos sus militantes, sin exclusiones, discriminación o privilegios en los procesos de participación del partido, descalifiquen la opinión de quienes ostentan la legitimidad política en el Distrito Capital, al ser elegidos como Concejales de Bogotá, en representación de esa colectividad política.

Estas actuaciones, excluyentes, es lo que hace que la ciudadanía pierda credibilidad y confianza en esas instituciones políticas, por su carácter antidemocrático y centralista, en las que el nivel decisorio es manejado por una partidocracia elitista.    

Los partidos políticos, como instrumentos de participación política tan cohesionados a la noción misma de la democracia, han mutado tristemente de ser el sostén de la democracia, a ser verdaderas logias sustentadoras de la corrupción, con la visión de perpetuarse en el poder con el simple propósito de acaparar los beneficios económicos y de otra índole que de ahí deriven, a favor de los grupos de élite que lo controlan.

Que interesante seria que esa partidocracia, que dirige el partido de la U, revisara los estatutos, especialmente los principios democráticos que los fundamentan como valores de la democracia participativa, entendida esta como el derecho que tiene todo militante a intervenir en la adopción de las decisiones fundamentales del Partido, así como los derechos de elegir y ser elegido en todos los procesos de designación o escogencia de sus directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

LA UNIVERSIDAD COMO CAMPO DE FORMACION VS EL PAPEL VIOLENTO DE LOS ENCAPUCHADOS

 Julio E. Higuera

 Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

Los hechos ocurridos, durante esta semana, en la Universidad Pedagógica, en la que un grupo de encapuchados incendiaron un bus de servicio publico con pasajeros, abre el debate en torno al papel y la “legitimidad” de estas acciones terroristas que ponen en riesgo la vida de ciudadanos usuarios del transporte público.

La presencia de grupos encapuchados en las universidades públicas es pan de cada día. En los años setenta y ochenta algunos movimientos estudiantiles y juveniles de izquierda, afines a las organizaciones guerrilleras, señalaban que “toda forma de lucha era válida” y en esa concepción privilegiaban el tropel.

Pese a que los tiempos han cambiado, en algunas fechas del calendario académico se  establece el ritual de enfrentamientos de grupos de encapuchados con las fuerzas del ESMAD, en las que hay una combinación entre las papa bombas y gases lacrimógenos, creando un escenario de confrontación, en las que se  estigmatiza a las universidades públicas como centros generadores de violencia y terror.

Para algunos sectores de la opinión, los encapuchados son la expresión del descontento de un sector de la sociedad más politizado, para otros sólo vándalos que buscan cualquier pretexto para hacer destrozos y desmanes. Pero al interior de estos centros de educación superior la visión que tienen estudiantes, académicos y trabajadores  sobre los llamados encapuchados de las universidades es muy diferente, pues la presencia de estos grupos en recintos universitarios no siempre está asociada a protestas por demandas estudiantiles o de los trabajadores; es la expresión y la presencia de organizaciones alzadas en armas, así como de grupos que expresan nuevas culturas alternativas entre la juventud, metaleros, Punkeros, Emos entre otros. Algunos de estos grupos creen y justifican que su práctica pasa por una manifestación violenta. 

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa apreciación, pero debemos aceptar que existe este tipo de manifestaciones en las instituciones educativas, tanto del sector público como privado, como tampoco podemos descartar que en estas acciones puedan haber infiltrados, en muchas ocasiones enviados por organismos de seguridad, con el fin de desacreditar las instituciones de educación pública y buscar su cierre o privatización.

Pero mas allá de los orígenes y los argumentos que se pueden esgrimir para justificar estas acciones violentas, como una alternativa para expresar su inconformidad o rechazo a las políticas gubernamentales, se está en mora  de abrir el debate, al interior de las instituciones educativas, con estudiantes, profesores, trabajadores y directivas, sobre la conveniencia y legitimidad de estas acciones como una forma de expresión ciudadana, especialmente del movimiento estudiantil, o son simples actos de una violencia irracional de grupos ajenos a la comunidad universitaria.

Sin duda, es un tema que nos hace reflexionar sobre el porqué de ésta expresión de violencia, que debe ser mirada no sólo desde los ojos del que están detrás de una capucha, sino desde la sociedad universitaria y la sociedad en su conjunto.

INVERSION SOCIAL VS CLIENTELISMO POLITICO

Julio E. Higuera*

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

 El clientelismo político, por lo general, surge de una relación entre el gobierno de turno y miembros de las corporaciones publicas de elección popular, en la que se puede determinar la capacidad y poder del gobernante frente a los que ejercen el control político y viceversa. Es una lucha entre el más poderoso frente a un competidor débil y vulnerable, colocando como instrumento de negociación la inversión social estatal. Estas actuaciones son contrarias a un estado democrático, respetuoso del principio de igualdad en la inversión social, en el marco de una política de respeto a los derechos humanos.

La inversión social, como política pública, es ante todo la manera con la cual el estado contribuye al desarrollo y la transformación de la sociedad y están enmarcadas en las responsabilidades del gobernante para con sus gobernados; como una forma de retribuir a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones, en materia de tributación, los cuales están destinados a la inversión para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

La inversión social debe estar focalizada a superar las causas generadoras de la pobreza, exclusión y desigualdad social, orientando sus iniciativas a obtener mejores resultados en materia de salud, educación, recreación, seguridad alimentaria, que ayuden a bajar los índices en mortalidad infantil, indigencia, analfabetismo, pobreza e inseguridad ciudadana, entre otras.

Es usual que las políticas sociales sean utilizadas, por líderes políticos, con fines electorales, notándose una indebida intromisión en  los programas y proyectos de inversión social de las administraciones municipales, departamentales o nacionales. El ofrecimiento puede ser directo, expreso o taxativo; como si la inversión, fuera financiada con sus propios recursos; en la expectativa que ese “favor”, sea retribuido, por la comunidad, con su voto en elecciones posteriores, al cargo para que el donante se postule.  Cabe señalar que no siempre es el político el que se aboga la ejecución de la obra, en ocasiones son los propios líderes de la comunidad para capitalizar los votos, a favor de su jefe político, y obtener un beneficio personal.

Con esto quiero vislumbrar la complejidad de la naturaleza del clientelismo político y su capacidad de penetración al sistema político, al Estado y a la sociedad quien es asaltada en su buena fe, para que entendamos que en todas las instancias del poder estatal se detectan manifestaciones de este fenómeno del clientelismo político.

También dejar de manifiesto, la incapacidad de la administración pública, para controlar todas las instancias de gobierno y ser permeable a que agentes externos capitalicen, en beneficio propio, lo que constitucionalmente es una responsabilidad de los gobernantes  para con la población.

Una manera de superar esta cultura antidemocrática y violatoria de los derechos de los ciudadanos, está en que los gobernantes propicien el dialogo social como escenario legitimo para la formulación de las políticas de inversión social, de manera concertada y participativa, alejada del clientelismo y la politiquería, como practica corrupta para alcanzar cargos de elección popular.

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* Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Especializado en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario