Julio
E. Higuera
Politólogo
Son
muchos
los esfuerzos realizados por diferentes gobiernos, dirigidos
a alcanzar la paz y reconciliación de los colombianos; resistiendo la presión
de sectores de la extrema derecha interesados en mantener y alimentar la guerra
y el odio entre los colombianos.
En la
década de los 80, durante el gobierno de Belisario Betancourt, se abre un
proceso de paz con las FARC, en el que se sello un primer acuerdo de cese al
fuego, dando origen a la Unión Patriótica; como fuerza política alternativa. Sin
embargo ese partido fue exterminado por lo sectores radicales enemigos de la
paz, aliados al narcotráfico y al paramilitarismo. En
ese mismo periodo se realizaron conversaciones con el ELN y EPL, pero todos estos
acercamientos fracasaron, ante el incumplimiento de las partes a lo pactado,
la reactivación de las acciones militares y ataques a la población civil de la
guerrilla y el accionar criminal de los grupos paramilitares.
Durante
los Gobiernos de Virgilio Barco, se alcanza un acuerdo con el M19, que logra la
desmovilización de ese grupo guerrillero y en el Gobierno de Cesar Gaviria se
inicia una nueva fase de diálogos de paz con las FARC, pese a que las fuerzas
militares bombardeaban la sede del Secretariado de las Farc, en Casa Verde, en
momentos en que los colombianos asistíamos a un proceso democrático en el que
se elegirían los 70 representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. En
ese periodo se alcanzan acuerdos de paz y desmovilización con el PRT, el
Movimiento Indígena Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista,
fracción del ELN y el EPL, mientras que la Farc y el ELN se mantienen en su
lucha armada.
Andres
Pastrana, inicio diálogos con las Farc en el Caguan, previo al despeje de
42.000 kilómetros, para la concentración de los equipos negociadores de esa
organización guerrillera. Durante los
casi tres años de negociaciones, la zona de despeje se convirtió en un
santuario controlado por las Farc, en el que se cometieron una serie de
irregularidades, que iban desde secuestros a civiles, dirigentes políticos,
militares y policías; extorsiones a comerciantes e industriales, hasta la
planeación de ataques a instalaciones militares y de la policía, afectando a la
población civil, sin que el gobierno tomara medidas que pusieran fin a los excesivos
abusos y acciones de la guerrilla. Este frustrado proceso llega a su fin tras
el secuestro del ex congresista Luis Eduardo Gechen en un vuelo comercial, por
parte de la columna Teófilo Forero de la Farc.
Durante
el Gobierno de Alvaro Uribe, no se llevaron a cabo diálogos con la guerrillas, solo
hubo acercamientos humanitarios para la liberación de secuestrados.
Pese a la
desconfianza y escepticismo de los colombianos, al ver frustradas las
posibilidades de alcanzar la paz, en procesos anteriores, sumado a las acciones
violentas de la guerrilla, el Presidente Juan Manuel Santos inicia diálogos
con la Farc en la Habana, enfrentando la férrea oposición de Alvaro Uribe y el Centro
Democrático, el ex procurador Alejandro Ordoñez, algunos sectores del
conservatismo, sectores de la extrema derecha y algunos medios de comunicación,
que señalaban de inconvenientes lo acordado en la Habana, manifestando reparos
al Marco Jurídico para la Paz, por considerar, en opinión de ellos, que los
miembros de las Farc serian “eximidos de la responsabilidad en delitos de lesa
humanidad”, así como en el punto sobre la participación política de los
miembros de esa organización guerrillera.
En el
desarrollo de los diálogos en la Habana, se presentaron episodios tensos que
generaron crisis en las negociaciones, pero aun en medio de esas crisis, la
campaña desinformadora, llena de calumnias y mentiras del uribismo, se logro construir
confianzas entre las dos delegaciones negociadoras, permitiendo que el
Presidente Santos y Rodrigo Londoño, Comandante de las FARC suscribieran el
Acuerdo Final de Paz, previa a la refrendación de los mismos en la X
Conferencia Nacional de las Farc.
La última
prueba de fuego para los diálogos seria la refrendación o el rechazo, a los
acuerdos, a través del plebiscito, convocado por el Presidente para el 2 de
octubre pasado. El resultado fue favorable a los partidarios del NO, abriendo una nueva etapa del proceso de paz,
en la que se busca un gran acuerdo nacional, con todos los sectores políticos,
sociales y religiosos, que permita mejorar los acuerdos a los que ya se han llegado,
recogiendo las observaciones de los opositores a los mismos. Las Farc han
manifestado su disposición a escuchar las diferentes opiniones e introducir
ajustes en algunos de los puntos.
Paralelo
a esos acercamientos entre los diferentes sectores políticos y de las fuerzas
vivas del país, se viene generando un gran movimiento ciudadano en el país, que
mediante movilizaciones masivas, lideradas por jóvenes universitarios, organizaciones
campesinas e indígenas, de regiones afectadas por el flagelo de la guerra, le
exigen al Gobierno, a las Farc y a las fuerzas promotoras del SI y el NO, que
alcance un acuerdo definitivo de paz, bajo la consigna ¡Acuerdos de Paz Ya!
La
voluntad indeclinable del Presidente Santos y las Farc de continuar defendiendo
este proceso de diálogo, el apoyo ciudadano expresados en las masivas marchas, el
acompañamiento de la comunidad internacional; así como el inicio de la fase
publica de negociaciones con el ELN, previa a la liberación de los secuestrados
en su poder; nos indican que el fin del conflicto armado y el alcance de la paz
definitiva, constituye en un hecho histórico imparable e irreversible, que los
colombianos debemos acompañar y defender, para que las pretensiones de algunos
sectores de dilatar el
proceso, alimentados por el odio y los cálculos políticos, presentando propuestas poco realista con las que buscan la claudicación
de la guerrilla, negándoles la posibilidad de ejercer la política sin armas, buscando
su sometimiento a la justicia; desconociendo que este es un proceso de
negociación política entre un movimiento insurgente con una plataforma política
y el Estado Colombiano, que en cumplimiento de un mandato constitucional,
trabaja por entregar a los colombianos un país sin violencia armada,
reconciliado, con plenas garantías de seguridad, de respeto a los derechos
humanos y de las libertades democráticas.