LA PARCIALIDAD DEL PROCURADOR

 

Julio E. Higuera

Politólogo

La Procuraduria General de la Nación está próxima a fallar en la investigación que abrieron en contra del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro por “la falta de planeación y un presunto detrimento patrimonial por la cancelación de los contratos a los operadores privados de recolección de basuras y la contratación de volquetas para el esquema de recolección de desechos diseñados por la Administración Distrital”.

Más allá de las valoraciones que podamos hacer a la gestión administrativa de Gustavo Petro, lo que nos preocupa son las actuaciones de los órganos de control, que pueden perder su objetividad e imparcialidad y tomar decisiones encaminadas a tumbar a gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos y ciudadanas, desconociendo la decisión autónoma del constituyente primario, quien en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y de participación democrática, mediante mecanismos como la revocatoria del mandato, pueden decidir su continuidad o no en el cargo.

Las últimas decisiones tomadas por el Ministerio Publico, si bien es cierto que se hayan cometido errores en algunas decisiones tomadas por la alcaldía de Bogotá, pero que en ningún momento han sido actos de corrupción; los fallos proferidos, y que han inhabilitado para ejercer cargos públicos a importantes funcionarios de la administración distrital,  ha sido exageradamente drásticos y con la intención de liquidar políticamente a los que considera sus mas fuertes contradictores en sus convicciones políticas, morales y religiosas.

El debate debe girar en torno a la supremacía de poder de los órganos de control y la irrevocabilidad de sus fallos, que colocan a los funcionarios públicos en una situación de desventaja frente a la omnipotencia de personajes como el Procurador General de la Nación, fanático religioso y ultraderechista, quien es el que resuelve en última instancia los recursos jurídicos de los funcionarios afectados y pronuncia la última palabra, que para el caso del alcalde de Bogotá, seguramente será su destitución e inhabilidad por más de 15 años, sin tener en cuenta la gravedad de la falta, pero que estará lleno de sectarismo, carente de imparcialidad y objetividad.

En las actuaciones de la Procuraduria hemos observado que delitos de mayor gravedad, en casos relacionados con la parapolítica y la corrupción, su actitud ha sido benévola y en muchos casos ha solicitado la absolución de los inculpados, como en el caso del General retirado Plazas Vega por las desapariciones en el Palacio de Justicia, o de Senadores y Representantes vinculados a procesos por parapolítica, corrupción o tráfico de influencias como es el caso de la ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutierrez.

El papel de los órganos de control es claro, sancionar a aquellos ciudadanos, que en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, incurren en faltas disciplinarias, pero las sanciones que se apliquen deben ser acorde a la gravedad de la falta y no con la intención de descabezar y eliminar políticamente a su contradictor, para ello se hace necesario la regulación de los fallos de los órganos de control, para que los mismos no vulneren los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sancionados.

                                                                                      

Intervención del Señor Vicepresidente de la República de Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Apreciad@s amig@s: Compartimos el presente documento en materia de derechos humanos, como un aporte para una reflexión en torno a los dialogos de paz que se desarrollan en la Habana y la politica de protección y respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en nuestro país.

“De un total de 160 recomendaciones, aceptamos 126, de las cuales 120
ya las estamos implementando, tomamos nota de 8 para ser consultadas
con el  Presidente de la República”.
Ginebra, Suiza, 26 de abril de 2013

Señor Presidente, Señora Alta Comisionada, Señoras y Señores, embajadores, amigas y amigos todos:

Hemos estudiado detenidamente las recomendaciones y analizado los compromisos que podemos asumir en esta reunión. Muchas de ellas, las hemos acogido previa consulta con la capital porque consideramos que contribuyen al logro de un país justo, moderno y seguro.

Informamos con beneplácito que la mayoría de las recomendaciones ya las estamos cumpliendo en la perspectiva de consolidar a Colombia como un país en progreso. Gracias por el reconocimiento generalizado que nos han hecho por la labor que desempeña Colombia en la búsqueda de la paz, por implementar una justicia transicional que garantice a las víctimas, verdad justicia y reparación, y por la adopción de una ley de víctimas y de restitución de tierras y un sistema Nacional de Derechos Humanos coherente. Son experiencias que queremos compartir con el conjunto de la Comunidad Internacional y que hacen parte de lo que muchos altos funcionarios y funcionarias del Sistema de Naciones Unidas empiezan a llamar “el modelo colombiano”.

El Estado Colombiano luego de presentar un Examen Periódico Universal responsable, serio, y respetuoso, realizó posteriormente un análisis sobre el contenido de las mismas, algunas de las cuales no acogemos, no porque estemos en contra del espíritu de su texto, sino porque consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy.
Frente a otras recomendaciones, hemos tomado nota de ellas, a fin de que el Presidente de la República con cada uno de sus Ministros y Ministras, lo mismo que con otros poderes del Estado y de la sociedad civil estudien las posibilidades de implementarlas.

Les Manifestamos que seguimos en la búsqueda de la Paz con la voluntad política del Gobierno de firmar un acuerdo pero desafortunadamente no tenemos los mecanismos ni el poder para obligar a la guerrilla de las farc a hacerlo. Con todo respeto, creemos que tenemos mayores posibilidades de lograr ese acuerdo si continuamos contando con el respaldo de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil.

Reiteramos que temas como la colocación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo mismo que la tortura, la impunidad, la trata de personas, entre otros delitos, están prohibidos por la Ley colombiana; también constituyen delitos sancionados por la Ley la persecución, la discriminación y la estigmatización a defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujer en todas sus formas, lo mismo que contra otros grupos poblacionales como las comunidades LGTBI y las minorías étnicas.

Reiteramos que en Colombia funcionan de manera autónoma e independiente los diversos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos trabajan bajo el principio de la colaboración armónica por el respeto y garantía de los Derechos Humanos. En igual sentido, lo hacen los gobernantes locales y regionales que son elegidos por voto popular y son autónomos en cada ciudad y región.

En esa perspectiva reafirmamos que, a pesar de tener que enfrentar todos los días a grupos armados ilegales, como las guerrillas, las bandas criminales y los narcotraficantes, nuestras fuerzas militares y de policía, tienen como misión fundamental luchar contra ellos respetando los derechos humanos, el Derecho internacional Humanitario y el Derecho de la Población a vivir en paz.

Una vez más manifestamos que respetando la autonomía de la Corte Constitucional y del Congreso de la Republica, cualquier reforma que se haga a la justicia colombiana, no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los derechos humanos.

No hemos acogido en esta ocasión varias de las recomendaciones que nos han hecho respecto a la adopción de Convenios Internacionales, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico e institucionalidad cuentan ya con instrumentos eficaces frente a los diferentes temas objeto de estos Convenios, y también porque Colombia hace parte de manera integral del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene instrumentos robustos para hacer frente a estos desafíos.

Como país, insistimos en continuar contribuyendo con los propósitos del Consejo de los Derechos Humanos, con la defensa de sus mecanismos y procedimientos y con el acuerdo que tenemos en la actualidad con la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, el que de manera unilateral, hemos acordado ampliar su mandato por 3 años más, a partir de octubre del presente año.

Insistimos también en nuestra cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el desarrollo de acuerdos de cooperación internacional o acciones bilaterales con otros países en temas como la protección a los refugiados, la trata de personas y la población migrante.

Creo, sin temor a equivocarme, que ganaríamos más si reconociéramos que los avances de Colombia se deben principalmente a la labor de este Consejo, lo mismo que a la participación e incidencia de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y gremiales frente a la defensa de los Derechos Humanos, así como a la voluntad política del actual gobierno para implementarlos. Todo esto en un país donde al mismo tiempo que luchamos por lograr la paz, tenemos como política de Estado el respeto de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, mejorar la calidad de vida de la población, avanzar en la reducción de la pobreza y garantizar la libre actividad de las empresas.

Para finalizar y tal como lo manifestamos en el día de ayer a cada uno de los integrantes de la Troika, la delegación de Estado que representó a Colombia en este Examen Periódico Universal trabajó coordinadamente toda la semana y hoy podemos entregar a este consejo la respuesta a todas las recomendaciones recibidas, anotando que, de un total de 160, aceptamos 126, de las cuales 120 ya las estamos implementando, tomamos nota de 8 para ser consultadas con el Presidente de la República.

Presentamos además un adendum donde incluimos 7 compromisos voluntarios.
Entregamos igualmente respuesta escrita a todas las preguntas recibidas por Colombia. Todo esto acompañado del compromiso de continuar haciendo seguimiento permanente a este proceso en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

Muchas gracias Señor Presidente y a todos ustedes.

 

Articulo para el debate en torno a la Democracia Representativa. La importancia de las corporaciones publicas de elección popular

¿Para qué diablos sirve el Concejo de Cali?

 

Por cuenta de la inédita propuesta de uno de sus miembros, el Concejo de Cali se encuentra sumido en un profundo debate sobre el nombre con que debe rebautizarse la avenida Colombia. Por primera vez los actuales cabildantes han asumido con rigor una discusión, convencidos de la importancia que el tema tiene para la ciudad, dejando a un lado cualquier otro asunto menor que pueda distraerlos, como por ejemplo: los problemas de movilidad, la inseguridad, las obras del palacio de Justicia, la situación de los menores delincuentes, el pago de predial o el embargo del lote de Potrero Grande.

Hace un par de semanas ese “ágora de la democracia local” fue escenario de una algarabía propia de cualquier república bananera, donde no faltaron insultos, amenazas y choques eléctricos de la policía contra uno de los airados asistentes, como anunciando lo que sería esta patria en caso de que llegue a la presidencia el otro Santos.

Al día siguiente la concejala de mayor jerarquía recriminó duramente a una de sus colegas por haber promovido el desorden. Para darle mayor dramatismo a su perorata, y ante la mirada estupefacta de los asistentes, la venerable matrona tiró al piso la Constitución, algunos códigos y el reglamento del Concejo, organizó un peldaño y parada sobre estos libros la conminó a respetar la Constitución y las leyes, que según dijo nadie podía pisotear.

Estos hechos nos lleva a los ciudadanos a preguntarnos: ¿Para qué diablos sirve el Concejo de Cali?

Para responder esta pregunta no basta consultar los pisoteados textos legales. En la práctica el Concejo es un conciliábulo de políticos que invierten enormes cantidades de dinero para lograr una curul a cambio de unos modestos honorarios causados por las sesiones que llevan a cabo. En términos claros las sumas que reciben a lo largo de cuatro años, no les permite recuperar los gastos de la campaña. Entonces, ¿Por qué anhelan esos cargos? Todos sabemos la respuesta: por la oportunidad de acceder a la contratación oficial.

En efecto, cada concejal reclama, por derecho propio, una cuota de la nómina del municipio y dependiendo de la cercanía o los acuerdos con el alcalde, una tajada del presupuesto, a través de convenios asociativos u otras modalidades que permitan saltarse la ley de contratación. Si el alcalde aspira a que le aprueben sus iniciativas sabe muy bien que tiene que aceitar la maquinaria o dicho de otra manera, atender el insaciable apetito burocrático de los concejales.

Esta práctica ha llevado a la ruina la democracia local, lo que animaría, con sobrada razón, a proponer la desaparición de los Concejos Municipales, pues el mal aqueja a todos los municipios del país. Pero hay que reconocer que se trata de una salida extrema que traería como consecuencia una peligrosa concentración de poder en manos de los alcaldes.

Podría pensarse en una reforma que haga efectivo el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales (lo mismo operaría para el caso de gobernadores y diputados) dirigida a impedir la intromisión de los miembros de estos cuerpos colegiados en la nómina y los contratos de los municipios. Sin embargo, basta con que el nombrado niegue cualquier vínculo con el concejal para que el asunto resulte difícil de probar y sancionar.

Así las cosas, la solución está en garantizar la transparencia en la gestión estatal, acatando los principios y normas que orientan la contratación pública y los procesos de selección, sin trampas ni direccionamientos.

Esto debe ir acompañado de un fortalecimiento de la planta de servidores públicos del municipio, con lo cual se evitaría que la repartición de cuotas burocráticas se convierta en un instrumento de presión o negociación con el gobierno de turno.

En el año 2001 se llevó a cabo una reforma administrativa en el municipio que redujo a su mínima expresión la planta de personal. Cuando la alcaldía se vio a gatas quiso resolver el problema contratando personal mediante la modalidad de prestación de servicios. Con el paso del tiempo se creó una nómina paralela, superior en número a la nómina oficial, de la que hacen parte antiguos servidores del municipio, con la diferencia que ahora carecen de garantías y estabilidad laboral, manteniéndose aferrados al respaldo que les puede brindar “su concejal”.

En la actualidad, para contener la voracidad de los concejales y evitar las presiones que ejercieron el año pasado, la alcaldía dispuso que el término de los contratos de prestación de servicios para el 2013 debía ser como máximo de cuatro meses. Por tratarse de un año pre-electoral la estrategia puede resultar efectiva, sin embargo, no ofrece una solución de fondo y por el contrario eterniza el clientelismo en la administración.

El alcalde debe aprovechar la legitimidad y el respaldo ciudadano con que cuenta para desarrollar una verdadera reforma administrativa que permita que sean vinculados a la administración quienes tengan experiencia así como méritos académicos y profesionales. El tiempo pasa, y no podemos olvidar que el prestigio de los gobernantes es como la cola de los cometas, flamea con intensidad durante algún tiempo pero luego tiende a desvanecerse.

Excluidos de la torta burocrática y contractual, los honorables concejales podrían dedicarse a discutir los problemas de la ciudad, a ejercer control político y aprobar las mejores iniciativas. No tendríamos más zambras, ni electrocuciones, ni debates bizantinos para cambiar el nombre de las calles.

Y si de cambiar nombres se trata, mientras llega la reforma el Concejo podría llamarse “Concejo Pantagruelico”, para honrar la glotonería contractual de sus miembros.

Tomado de http://www.90minutos.co/content/tema-aparte-por-%C3%A9lmer-monta%C3%B1a-1

  

LIDERES Y CAUDILLOS

Julio E. Higuera
Politólogo

Se dice que los líderes se caracterizan por su capacidad de conducción y de influencia en un grupo de personas, logrando su reconocimiento y apoyo en el logro de sus metas y objetivos.

Los caudillos, son líderes carismáticos cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno está basada en métodos populistas de reconocimiento de su liderazgo por parte de grandes masas populares que depositan en ese caudillo la expresión de sus intereses y confían en su capacidad para resolverlos. El poder de los caudillos se fundamenta en el apoyo de importantes sectores de la población.

Un dirigente político para ganar el reconocimiento y apoyo de la masa popular, debe ser una persona carismática, con un estilo y una forma de hacer llegar su propuesta a la población. Max Weber manifestaba que cada líder tiene su propio estilo; eso significa que esos liderazgos no son sustituibles y su respaldo electoral no es endosable.

Los acontecimientos vividos en Venezuela, después del fallecimiento del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Hugo Chaves, deja muchas lecciones.

Hugo Chaves por la gravedad de su enfermedad, y ante el vacío de liderazgo al interior del chavismo, se vio en la necesidad de entregar su proyecto político, a su compañero más cercano y de plena confianza; pero carente de un liderazgo propio, lo que obligo a que su campaña presidencial girara en torno a la imagen y propuestas políticas de su líder natural, en medio de una coyuntura favorable, por el dolor que sentía la población por la desaparición de su caudillo, pero muy vulnerable ante un Estado inestable y polarizado, como resultado de la crisis social y un estado desorganizado económicamente.

Nicolas Maduro y el chavismo afrontaron las elecciones con un candidato que no genero consenso al interior del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sin propuestas claras de gobierno, limitándose a presentarse como el sucesor de Hugo Chaves, discurso que no logro forjar disciplina y orden en sus bases. Los resultados son muy locuaces, una victoria con una diferencia muy apretada con el candidato de la oposición Henrique Capriles, dilapidando toda la herencia electoral de Chávez, perdiendo más de seiscientos mil votos de los que consiguió el comandante; lo que demostró que muchos venezolanos votaban por Chávez mas como persona, que por su proyecto Bolivariano.

El liderazgo de Hugo Chavez, creció al hacer creer al pueblo que era la alternativa popular y que venía para conducirlos por el camino de bienestar y el progreso mediante su proyecto político del Socialismo del Siglo XXI. Su carisma y firmeza, así como su potente voz, calaban en los venezolanos, quienes permanentemente manifestaban su lealtad hacia el caudillo.

Etimológicamente, el término líder proviene de la palabra inglesa leader, que significa jefe, caudillo o cabecilla. Por tanto, un líder es un integrante del grupo que por sus características personales, carisma, circunstancias, establece los objetivos y retos a alcanzar, dicta las normas y pautas a seguir, cuenta con la habilidad para usar la autoridad de forma efectiva y responsable; así como para comprender a los miembros de su equipo, admitiendo sus diferencias personales y para infundir valores.

Los liderazgos son individuales y giran en torno a la imagen, la personalidad y la gestión de su caudillo, quien tiene la responsabilidad de conducir el trabajo colectivo hacía metas y los objetivos políticos establecidos.

Hay dirigentes políticos que pretenden heredar el capital político construido por otros, son personas que intentan ocupar ese espacio utilizando la imagen de su líder para sumar apoyo a su favor, que tradicionalmente reflejan dependencia mesiánica, y dejan al desnudo una débil postura ideológica y política. Los liderazgos se deben en gran parte a los méritos propios y este depende de su éxito en el desempeño del rol social, de la manera como pueda expresar sus opiniones políticas, impulsar y consolidar cambios sociales, que sea capaz de enfrentar los problemas y conflictos, facilitar soluciones desde el colectivo, comparte un ideario, es integrador, democratiza los procesos, garantiza consenso, por su relación con otros individuos y por su aporte a la construcción de una sociedad más democrática y participativa.