Apreciad@s amig@s: Compartimos el presente documento en materia de derechos humanos, como un aporte para una reflexión en torno a los dialogos de paz que se desarrollan en la Habana y la politica de protección y respeto a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en nuestro país.
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| “De un total de 160 recomendaciones, aceptamos 126, de las cuales 120 ya las estamos implementando, tomamos nota de 8 para ser consultadas con el Presidente de la República”. Ginebra, Suiza, 26 de abril de 2013 |
Señor Presidente, Señora Alta Comisionada, Señoras y Señores, embajadores, amigas y amigos todos:
Hemos estudiado detenidamente las recomendaciones y analizado los compromisos que podemos asumir en esta reunión. Muchas de ellas, las hemos acogido previa consulta con la capital porque consideramos que contribuyen al logro de un país justo, moderno y seguro.
Informamos con beneplácito que la mayoría de las recomendaciones ya las estamos cumpliendo en la perspectiva de consolidar a Colombia como un país en progreso. Gracias por el reconocimiento generalizado que nos han hecho por la labor que desempeña Colombia en la búsqueda de la paz, por implementar una justicia transicional que garantice a las víctimas, verdad justicia y reparación, y por la adopción de una ley de víctimas y de restitución de tierras y un sistema Nacional de Derechos Humanos coherente. Son experiencias que queremos compartir con el conjunto de la Comunidad Internacional y que hacen parte de lo que muchos altos funcionarios y funcionarias del Sistema de Naciones Unidas empiezan a llamar “el modelo colombiano”.
El Estado Colombiano luego de presentar un Examen Periódico Universal responsable, serio, y respetuoso, realizó posteriormente un análisis sobre el contenido de las mismas, algunas de las cuales no acogemos, no porque estemos en contra del espíritu de su texto, sino porque consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy.
Frente a otras recomendaciones, hemos tomado nota de ellas, a fin de que el Presidente de la República con cada uno de sus Ministros y Ministras, lo mismo que con otros poderes del Estado y de la sociedad civil estudien las posibilidades de implementarlas.
Les Manifestamos que seguimos en la búsqueda de la Paz con la voluntad política del Gobierno de firmar un acuerdo pero desafortunadamente no tenemos los mecanismos ni el poder para obligar a la guerrilla de las farc a hacerlo. Con todo respeto, creemos que tenemos mayores posibilidades de lograr ese acuerdo si continuamos contando con el respaldo de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil.
Reiteramos que temas como la colocación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo mismo que la tortura, la impunidad, la trata de personas, entre otros delitos, están prohibidos por la Ley colombiana; también constituyen delitos sancionados por la Ley la persecución, la discriminación y la estigmatización a defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujer en todas sus formas, lo mismo que contra otros grupos poblacionales como las comunidades LGTBI y las minorías étnicas.
Informamos con beneplácito que la mayoría de las recomendaciones ya las estamos cumpliendo en la perspectiva de consolidar a Colombia como un país en progreso. Gracias por el reconocimiento generalizado que nos han hecho por la labor que desempeña Colombia en la búsqueda de la paz, por implementar una justicia transicional que garantice a las víctimas, verdad justicia y reparación, y por la adopción de una ley de víctimas y de restitución de tierras y un sistema Nacional de Derechos Humanos coherente. Son experiencias que queremos compartir con el conjunto de la Comunidad Internacional y que hacen parte de lo que muchos altos funcionarios y funcionarias del Sistema de Naciones Unidas empiezan a llamar “el modelo colombiano”.
El Estado Colombiano luego de presentar un Examen Periódico Universal responsable, serio, y respetuoso, realizó posteriormente un análisis sobre el contenido de las mismas, algunas de las cuales no acogemos, no porque estemos en contra del espíritu de su texto, sino porque consideramos que contienen supuestos y están formuladas de tal manera que transgreden nuestra dignidad y desconocen abiertamente los avances logrados hasta hoy.
Frente a otras recomendaciones, hemos tomado nota de ellas, a fin de que el Presidente de la República con cada uno de sus Ministros y Ministras, lo mismo que con otros poderes del Estado y de la sociedad civil estudien las posibilidades de implementarlas.
Les Manifestamos que seguimos en la búsqueda de la Paz con la voluntad política del Gobierno de firmar un acuerdo pero desafortunadamente no tenemos los mecanismos ni el poder para obligar a la guerrilla de las farc a hacerlo. Con todo respeto, creemos que tenemos mayores posibilidades de lograr ese acuerdo si continuamos contando con el respaldo de la Comunidad Internacional y de la sociedad civil.
Reiteramos que temas como la colocación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, lo mismo que la tortura, la impunidad, la trata de personas, entre otros delitos, están prohibidos por la Ley colombiana; también constituyen delitos sancionados por la Ley la persecución, la discriminación y la estigmatización a defensores y defensoras de derechos humanos, la violencia contra las mujer en todas sus formas, lo mismo que contra otros grupos poblacionales como las comunidades LGTBI y las minorías étnicas.
Reiteramos que en Colombia funcionan de manera autónoma e independiente los diversos poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos trabajan bajo el principio de la colaboración armónica por el respeto y garantía de los Derechos Humanos. En igual sentido, lo hacen los gobernantes locales y regionales que son elegidos por voto popular y son autónomos en cada ciudad y región.
En esa perspectiva reafirmamos que, a pesar de tener que enfrentar todos los días a grupos armados ilegales, como las guerrillas, las bandas criminales y los narcotraficantes, nuestras fuerzas militares y de policía, tienen como misión fundamental luchar contra ellos respetando los derechos humanos, el Derecho internacional Humanitario y el Derecho de la Población a vivir en paz.
Una vez más manifestamos que respetando la autonomía de la Corte Constitucional y del Congreso de la Republica, cualquier reforma que se haga a la justicia colombiana, no tiene como propósito la impunidad y menos la violación de los derechos humanos.
No hemos acogido en esta ocasión varias de las recomendaciones que nos han hecho respecto a la adopción de Convenios Internacionales, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico e institucionalidad cuentan ya con instrumentos eficaces frente a los diferentes temas objeto de estos Convenios, y también porque Colombia hace parte de manera integral del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que tiene instrumentos robustos para hacer frente a estos desafíos.
Como país, insistimos en continuar contribuyendo con los propósitos del Consejo de los Derechos Humanos, con la defensa de sus mecanismos y procedimientos y con el acuerdo que tenemos en la actualidad con la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, el que de manera unilateral, hemos acordado ampliar su mandato por 3 años más, a partir de octubre del presente año.
Insistimos también en nuestra cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el desarrollo de acuerdos de cooperación internacional o acciones bilaterales con otros países en temas como la protección a los refugiados, la trata de personas y la población migrante.
Creo, sin temor a equivocarme, que ganaríamos más si reconociéramos que los avances de Colombia se deben principalmente a la labor de este Consejo, lo mismo que a la participación e incidencia de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y gremiales frente a la defensa de los Derechos Humanos, así como a la voluntad política del actual gobierno para implementarlos. Todo esto en un país donde al mismo tiempo que luchamos por lograr la paz, tenemos como política de Estado el respeto de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario, mejorar la calidad de vida de la población, avanzar en la reducción de la pobreza y garantizar la libre actividad de las empresas.
Para finalizar y tal como lo manifestamos en el día de ayer a cada uno de los integrantes de la Troika, la delegación de Estado que representó a Colombia en este Examen Periódico Universal trabajó coordinadamente toda la semana y hoy podemos entregar a este consejo la respuesta a todas las recomendaciones recibidas, anotando que, de un total de 160, aceptamos 126, de las cuales 120 ya las estamos implementando, tomamos nota de 8 para ser consultadas con el Presidente de la República.
Presentamos además un adendum donde incluimos 7 compromisos voluntarios.
Entregamos igualmente respuesta escrita a todas las preguntas recibidas por Colombia. Todo esto acompañado del compromiso de continuar haciendo seguimiento permanente a este proceso en el marco del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
Muchas gracias Señor Presidente y a todos ustedes.
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