¿Para qué diablos sirve el Concejo de
Cali?
Por cuenta de la inédita propuesta de uno de sus miembros, el Concejo de Cali se encuentra sumido en un profundo debate sobre el nombre con que debe rebautizarse la avenida Colombia. Por primera vez los actuales cabildantes han asumido con rigor una discusión, convencidos de la importancia que el tema tiene para la ciudad, dejando a un lado cualquier otro asunto menor que pueda distraerlos, como por ejemplo: los problemas de movilidad, la inseguridad, las obras del palacio de Justicia, la situación de los menores delincuentes, el pago de predial o el embargo del lote de Potrero Grande.
Hace un par de semanas ese “ágora de la democracia local” fue escenario de una algarabía propia de cualquier república bananera, donde no faltaron insultos, amenazas y choques eléctricos de la policía contra uno de los airados asistentes, como anunciando lo que sería esta patria en caso de que llegue a la presidencia el otro Santos.
Al día siguiente la concejala de mayor jerarquía recriminó duramente a una de sus colegas por haber promovido el desorden. Para darle mayor dramatismo a su perorata, y ante la mirada estupefacta de los asistentes, la venerable matrona tiró al piso la Constitución, algunos códigos y el reglamento del Concejo, organizó un peldaño y parada sobre estos libros la conminó a respetar la Constitución y las leyes, que según dijo nadie podía pisotear.
Estos hechos nos lleva a los ciudadanos a preguntarnos: ¿Para qué diablos sirve el Concejo de Cali?
Para responder esta pregunta no basta consultar los pisoteados textos legales. En la práctica el Concejo es un conciliábulo de políticos que invierten enormes cantidades de dinero para lograr una curul a cambio de unos modestos honorarios causados por las sesiones que llevan a cabo. En términos claros las sumas que reciben a lo largo de cuatro años, no les permite recuperar los gastos de la campaña. Entonces, ¿Por qué anhelan esos cargos? Todos sabemos la respuesta: por la oportunidad de acceder a la contratación oficial.
En efecto, cada concejal reclama, por derecho propio, una cuota de la nómina del municipio y dependiendo de la cercanía o los acuerdos con el alcalde, una tajada del presupuesto, a través de convenios asociativos u otras modalidades que permitan saltarse la ley de contratación. Si el alcalde aspira a que le aprueben sus iniciativas sabe muy bien que tiene que aceitar la maquinaria o dicho de otra manera, atender el insaciable apetito burocrático de los concejales.
Esta práctica ha llevado a la ruina la democracia local, lo que animaría, con sobrada razón, a proponer la desaparición de los Concejos Municipales, pues el mal aqueja a todos los municipios del país. Pero hay que reconocer que se trata de una salida extrema que traería como consecuencia una peligrosa concentración de poder en manos de los alcaldes.
Podría pensarse en una reforma que haga efectivo el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales (lo mismo operaría para el caso de gobernadores y diputados) dirigida a impedir la intromisión de los miembros de estos cuerpos colegiados en la nómina y los contratos de los municipios. Sin embargo, basta con que el nombrado niegue cualquier vínculo con el concejal para que el asunto resulte difícil de probar y sancionar.
Así las cosas, la solución está en garantizar la transparencia en la gestión estatal, acatando los principios y normas que orientan la contratación pública y los procesos de selección, sin trampas ni direccionamientos.
Esto debe ir acompañado de un fortalecimiento de la planta de servidores públicos del municipio, con lo cual se evitaría que la repartición de cuotas burocráticas se convierta en un instrumento de presión o negociación con el gobierno de turno.
En el año 2001 se llevó a cabo una reforma administrativa en el municipio que redujo a su mínima expresión la planta de personal. Cuando la alcaldía se vio a gatas quiso resolver el problema contratando personal mediante la modalidad de prestación de servicios. Con el paso del tiempo se creó una nómina paralela, superior en número a la nómina oficial, de la que hacen parte antiguos servidores del municipio, con la diferencia que ahora carecen de garantías y estabilidad laboral, manteniéndose aferrados al respaldo que les puede brindar “su concejal”.
En la actualidad, para contener la voracidad de los concejales y evitar las presiones que ejercieron el año pasado, la alcaldía dispuso que el término de los contratos de prestación de servicios para el 2013 debía ser como máximo de cuatro meses. Por tratarse de un año pre-electoral la estrategia puede resultar efectiva, sin embargo, no ofrece una solución de fondo y por el contrario eterniza el clientelismo en la administración.
El alcalde debe aprovechar la legitimidad y el respaldo ciudadano con que cuenta para desarrollar una verdadera reforma administrativa que permita que sean vinculados a la administración quienes tengan experiencia así como méritos académicos y profesionales. El tiempo pasa, y no podemos olvidar que el prestigio de los gobernantes es como la cola de los cometas, flamea con intensidad durante algún tiempo pero luego tiende a desvanecerse.
Excluidos de la torta burocrática y contractual, los honorables concejales podrían dedicarse a discutir los problemas de la ciudad, a ejercer control político y aprobar las mejores iniciativas. No tendríamos más zambras, ni electrocuciones, ni debates bizantinos para cambiar el nombre de las calles.
Y si de cambiar nombres se trata, mientras llega la reforma el Concejo podría llamarse “Concejo Pantagruelico”, para honrar la glotonería contractual de sus miembros.
Hace un par de semanas ese “ágora de la democracia local” fue escenario de una algarabía propia de cualquier república bananera, donde no faltaron insultos, amenazas y choques eléctricos de la policía contra uno de los airados asistentes, como anunciando lo que sería esta patria en caso de que llegue a la presidencia el otro Santos.
Al día siguiente la concejala de mayor jerarquía recriminó duramente a una de sus colegas por haber promovido el desorden. Para darle mayor dramatismo a su perorata, y ante la mirada estupefacta de los asistentes, la venerable matrona tiró al piso la Constitución, algunos códigos y el reglamento del Concejo, organizó un peldaño y parada sobre estos libros la conminó a respetar la Constitución y las leyes, que según dijo nadie podía pisotear.
Estos hechos nos lleva a los ciudadanos a preguntarnos: ¿Para qué diablos sirve el Concejo de Cali?
Para responder esta pregunta no basta consultar los pisoteados textos legales. En la práctica el Concejo es un conciliábulo de políticos que invierten enormes cantidades de dinero para lograr una curul a cambio de unos modestos honorarios causados por las sesiones que llevan a cabo. En términos claros las sumas que reciben a lo largo de cuatro años, no les permite recuperar los gastos de la campaña. Entonces, ¿Por qué anhelan esos cargos? Todos sabemos la respuesta: por la oportunidad de acceder a la contratación oficial.
En efecto, cada concejal reclama, por derecho propio, una cuota de la nómina del municipio y dependiendo de la cercanía o los acuerdos con el alcalde, una tajada del presupuesto, a través de convenios asociativos u otras modalidades que permitan saltarse la ley de contratación. Si el alcalde aspira a que le aprueben sus iniciativas sabe muy bien que tiene que aceitar la maquinaria o dicho de otra manera, atender el insaciable apetito burocrático de los concejales.
Esta práctica ha llevado a la ruina la democracia local, lo que animaría, con sobrada razón, a proponer la desaparición de los Concejos Municipales, pues el mal aqueja a todos los municipios del país. Pero hay que reconocer que se trata de una salida extrema que traería como consecuencia una peligrosa concentración de poder en manos de los alcaldes.
Podría pensarse en una reforma que haga efectivo el régimen de incompatibilidades de alcaldes y concejales (lo mismo operaría para el caso de gobernadores y diputados) dirigida a impedir la intromisión de los miembros de estos cuerpos colegiados en la nómina y los contratos de los municipios. Sin embargo, basta con que el nombrado niegue cualquier vínculo con el concejal para que el asunto resulte difícil de probar y sancionar.
Así las cosas, la solución está en garantizar la transparencia en la gestión estatal, acatando los principios y normas que orientan la contratación pública y los procesos de selección, sin trampas ni direccionamientos.
Esto debe ir acompañado de un fortalecimiento de la planta de servidores públicos del municipio, con lo cual se evitaría que la repartición de cuotas burocráticas se convierta en un instrumento de presión o negociación con el gobierno de turno.
En el año 2001 se llevó a cabo una reforma administrativa en el municipio que redujo a su mínima expresión la planta de personal. Cuando la alcaldía se vio a gatas quiso resolver el problema contratando personal mediante la modalidad de prestación de servicios. Con el paso del tiempo se creó una nómina paralela, superior en número a la nómina oficial, de la que hacen parte antiguos servidores del municipio, con la diferencia que ahora carecen de garantías y estabilidad laboral, manteniéndose aferrados al respaldo que les puede brindar “su concejal”.
En la actualidad, para contener la voracidad de los concejales y evitar las presiones que ejercieron el año pasado, la alcaldía dispuso que el término de los contratos de prestación de servicios para el 2013 debía ser como máximo de cuatro meses. Por tratarse de un año pre-electoral la estrategia puede resultar efectiva, sin embargo, no ofrece una solución de fondo y por el contrario eterniza el clientelismo en la administración.
El alcalde debe aprovechar la legitimidad y el respaldo ciudadano con que cuenta para desarrollar una verdadera reforma administrativa que permita que sean vinculados a la administración quienes tengan experiencia así como méritos académicos y profesionales. El tiempo pasa, y no podemos olvidar que el prestigio de los gobernantes es como la cola de los cometas, flamea con intensidad durante algún tiempo pero luego tiende a desvanecerse.
Excluidos de la torta burocrática y contractual, los honorables concejales podrían dedicarse a discutir los problemas de la ciudad, a ejercer control político y aprobar las mejores iniciativas. No tendríamos más zambras, ni electrocuciones, ni debates bizantinos para cambiar el nombre de las calles.
Y si de cambiar nombres se trata, mientras llega la reforma el Concejo podría llamarse “Concejo Pantagruelico”, para honrar la glotonería contractual de sus miembros.
Tomado de http://www.90minutos.co/content/tema-aparte-por-%C3%A9lmer-monta%C3%B1a-1
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