ENCUESTA ALCALDIAS BOGOTA Y CALI

LA RESPONSABILIDAD POLITICA CON EL ELECTOR

Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

El 25 de Octubre se realizaran las elecciones para Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales para el periodo constitucional 2016 – 2019.

La Ley 617/2000,  establece que no podrá ser inscrito y elegido Gobernador o Alcalde “quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo departamento[1].

Quienes aspiran a ser candidatos en las elecciones del próximo año y que en el momento ejercen cargos en el sector público o como miembros de las corporaciones públicas, han presentado renuncia a sus respectivos cargos, para no quedar inhabilitados y postularse como candidatos a esos cargos.

Dentro de las renuncias llama la atención como parlamentarios elegidos el pasado 16 de marzo del 2014, para un periodo constitucional que va desde el 20 de julio del 2014 al 20 de julio del 2018, ejercen el cargo por escasos 3 meses[2], contraviniendo el mandato ciudadano que al depositar el sufragio, lo hizo con la plena convicción que ejercitarían el cargo para el periodo constitucional elegido.

Desde el punto de vista normativo y constitucional, la decisión individual es legítima y no viola norma alguna, pero el debate es en torno a la responsabilidad ética y política del elegido para con sus electores y el respeto al mandato ciudadano.

El hombre es un ser libre, con capacidad de autodeterminación, de obrar y tomar sus propias decisiones. Ese  comportamiento define una conducta, ya que está vinculado con una conciencia moral que aprueba o desaprueba un determinado acto. Pese a que el individuo goza de esa libertad para tomar y asumir sus decisiones, por ostentar una investidura resultado del respaldo ciudadano y que se traduce en un beneficio personal, también es cierto que este bien, como decía Aristóteles, es deseable cuando este interesa a una comunidad entera”.[3]   

La pregunta es, tiene sentido realizar una inversión grande, en logística y recursos económicos, para participar en un debate electoral, hacerse elegir, renunciar a los tres meses y postularse para un nuevo cargo en unas próximas elecciones?.

 Para Max Weber, la razón de ser político es la lucha por el poder, sobre todo en cargos en el que se cuenta con el control y la administración de recursos públicos. Continuando con Weber, manifiesta que el pecado comienza cuando esta ambición de poder se convierte en objeto de un puro interés personal.[4] Ahí está la respuesta, el verdadero interés de dar el salto de una corporación, como es el Congreso de la República a una Gobernación o Alcaldía.

Cuando hablamos de la ética en la política, hacemos referencia al bienestar de la población y el progreso de las ciudades y departamentos, puesto que cuando se alcanza el bienestar de la comunidad, es lograr el bienestar de cada individuo que integre esa comunidad.

Un principio que debe ser norma en todo político, es actuar con transparencia, explicando siempre las intenciones con las que toma sus decisiones, sacando a la luz pública lo que se pretende conseguir con ellas, por qué se toman, cómo se van a llevar a término, renunciar a las dobles intenciones en la vida política. Es una obligación moral de todo político decir siempre la verdad a la ciudadanía, no ocultar, tras mensajes ambiguos, intenciones inconfesables públicamente. El buen político convierte a la responsabilidad con su causa y con los demás en su guía para la acción.

En el artículo anterior manifestaba, que hay que construir una sociedad y una clase política decente que se reconcilie con el ciudadano y no con una política basada en las cantidad de votos que se puede obtener, jugando con las esperanzas y sueños de los personas, de ahí la importancia del ciudadano en el momento de tomar la decisión de quien deben ser sus próximos gobernantes a nivel departamental y municipal, apartándose  de las practicas clientelistas y corruptas, contrarias a cualquier proceso democrático transparente.

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[1] Ley 617/2000, artículos 30 – 37.

[2]Los Representantes a la Cámara Yaír Acuña, del movimiento Cien por Ciento por Colombia y Jorge Emilio Rey, de Cambio Radical, renunciaron a sus curules para postularsen a las Gobernaciones del Sucre y  Cundinamarca, respectivamente.  

[3] La Etica Nicomaquea. I, 2.)

[4] Weber, M. La política como profesión, Madrid, Espasa Calpe, 1992, pág. 148

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¿La Política tiene Rostro Humano?

Julio E. Higuera*

En octubre del 2015, seremos convocados, para elegir nuevos gobernantes, regionales y locales, así como representantes a las corporaciones publicas, Concejos Municipales y Asamblea Departamental, para el periodo 2016 – 2019.

Es el momento para reflexionar sobre el papel de los partidos políticos y sus dirigentes, su relación con el ciudadano en el ejercicio de sus derechos constitucionales y la política como la posibilidad de alcanzar el bien común. 

La clase política en su propósito de llegar a las altas esferas del poder, a nivel nacional, regional y local, se olvidan de los seres humanos y simplemente construyen su discurso basado en las necesidades de la población, pero una vez alcanzado el objetivo, las decisiones que se toman, en materia de políticas económicas y sociales, son contrarias a las expectativas generadas en sus electores.

El rostro humano de la política, debe otorgar prioridad a los sectores más vulnerables, ampliando sus opciones y oportunidades y creando condiciones para su participación en las decisiones que les afectan. Si se quiere una política con rostro y sensibilidad humana se debe comenzar por construir una sociedad y una clase política decente que se reconcilie con el ciudadano y sus necesidades, no con una política basada en las estadísticas y en la cantidad de votos obtenidos, que es contraria a la democracia y los derechos humanos; es decir, una política sin rostro humano, que se olvida que detrás de esos resultados hay personas con un drama humano a sus espaldas.

Se necesita que en sus propuestas los aspirantes a los cargos de elección popular, no presenten a los ciudadanos, un catalogo de promesas demagógicas vaciadas de contenido y alejadas de la realidad ciudadana en materia de políticas  educativas, salud, saneamiento básico, seguridad, vivienda, oportunidades de empleo, seguridad alimentaria y fortalecimiento de la democracia participativa, sino que deben trabajar con la convicción y compromiso, para elevar la calidad de vida de la población, a partir de la generación de espacios para la participación ciudadana  en la toma de decisiones, aportando a la formación de una sociedad emprendedora y participativa, con rostro humano y sentido social.

En consecuencia, hay que fortalecer la cultura del respeto por la dignidad humana, por los valores esenciales que deben regir la conducta de los servidores públicos, como la honestidad, la rectitud, la transparencia y la solidaridad; derrotando la corrupción, la indiferencia y tolerancia ciudadana con la política carente de sensibilidad humana. 

* Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, con Especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Director Ejecutivo de la Corporación Concertemos.

Diálogo Social para una Política de Seguridad Ciudadana Participativa

Julio E. Higuera®

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

Considerar que los niveles de inseguridad, en la ciudad, se reducen con el simple hecho que el Alcalde Rodrigo Guerrero renuncie a un reconocimiento que le otorga un organismo internacional, es caer en el simplismo de querer capitalizar una coyuntura social, para generar un hecho político.

El tema de la seguridad en la ciudad de Cali, debe asumirse como un asunto que compromete a la administración municipal y los organismos de seguridad en primer lugar, pero que también requiere de la participación y compromiso ciudadano para afrontar ese flagelo que ha dejado un alto número de víctimas.

En este sentido, el Dialogo Social, es el espacio propicio para que las autoridades municipales, conjuntamente con la ciudadanía de los sectores afectados por las acciones de los grupos criminales,  evalúen las variaciones en los crímenes, en espacio y tiempo, y con la información que se recopile y acompañada de las iniciativas ciudadanas, la administración municipal y las autoridades de policía puedan tomar decisiones, para prevenir e intervenir la delincuencia y la violencia en la ciudad, ejecutar acciones que sean más coherentes con lo que está pasando en el marco de la protección y respeto a los derechos humanos.

Se trata de promover un espacio de Diálogo en el cual se puedan abordar temas que tenga como eje central el diseño de políticas para la prevención, desde el estado y la ciudadanía, de la violencia y en la que se puedan trabajar en torno a tres objetivos: El diseño estratégico participativo de las políticas en materia de seguridad ciudadana y su articulación con la ciudadanía; definir políticas de inclusión social en materia de educación, salud, la vivienda, generación de empleo, recreación, deporte, hábitat, cultura y el medio ambiente, en el marco de una política de promoción a la igualdad y libertad; y la participación ciudadana mediante el diseño de políticas de alianzas público-privadas, que promuevan una cultura democrática, de paz, convivencia reconciliación y perdón, donde para los seres humanos, sus derechos y deberes sean lo primero.

La intolerancia y las diversas manifestaciones de violencia en la ciudad de Cali, afectan el normal desarrollo de la sociedad, desmejora las condiciones de vida de la población, especialmente de los niños, las niñas y las mujeres y erosionan el desarrollo económico y social. Hacer del diálogo social el mecanismo por excelencia para construir y compartir valores colectivamente, para que la participación ciudadana se convierta en el fundamento de la representatividad legítima de la sociedad en su conjunto y sea el eje de una verdadera cultura paz, y de respeto al derecho a la vida.

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® Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Especialista en Cultura de Paz y DIH