Julio
E. Higuera*
El artículo
2º de la Constitución Política, establece como un fin esencial del Estado servir
a la comunidad y facilitar la participación de los ciudadanos en las decisiones
que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación.
La
participación ciudadana se puede dar a través de las movilizaciones o acciones
de presión de los movimiento sociales o mediante el dialogo como escenario
legitimo de encuentro y de interlocución de la ciudadanía con el Estado.
Las
recientes movilizaciones ciudadanas en Cali, son el resultado de la falta de dialogo
de los gobernantes con la población y sus organizaciones sociales
representativas, para escuchar sus demandas y buscar soluciones concertadas a
las mismas.
El
Dialogo social es la mejor estrategia, que puede tener un gobierno y las
organizaciones sociales, para prevenir y solucionar concertadamente, los
conflictos sociales, buscando caminos de entendimiento que permita identificar
la problemática que se presenta y diseñar propuestas que mejoren las
condiciones y calidad de vida de la
población.
La
base de un buen gobierno, para generar confianza en la ciudadanía, está basada
en mantener canales de comunicación y entendimiento con la población, haciéndolos
participes en la construcción de las políticas públicas que lleven bienestar y
aporten al fortalecimiento del tejido social, reconociendo a las organizaciones
sociales como interlocutores validos de la comunidad, y buscar el entendimiento
con ellas en medio de la diferencia.
La participación ciudadana exige mecanismos e instancias,
pero fundamentalmente, una base social, cultural y ambiental que permita que el
diálogo se nutra de la controversia, de la diferencia y del contraste de ideas,
entendida
como un estado en que existe una visión compartida entre los ciudadanos y el
gobierno acerca de un modelo de sociedad basado en el desarrollo con base a la
paz y la justicia social, la primacía del estado de derecho y la solidaridad.
Sin duda el dialogo social incide en el avance de los procesos democráticos y
la consolidación de la institucionalidad por los derechos sociales, en
ambientes de respeto y libertad.
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