Julio E. Higuera
Director
Dialogo
Ciudadano
Con
la aprobación, en Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en primer
debate la proposición para que los actuales alcaldes y gobernadores extiendan
su mandato hasta el 2022 y unificar sus periodos de gobierno con el del
Presidente de la República; y la insólita propuesta del Presidente del Senado
Ernesto Macías de ampliar el periodo del actual mandatario hasta el 2023, con
el propósito de que se amplié los periodos del Presidente, los Gobernadores,
Alcaldes, Congresistas, Diputados y Concejales a 5 años, unificando de esa
manera la convocatoria de elecciones generales para ese año; ha generado un
debate nacional en torno a la viabilidad de esas propuestas, rompiendo con el
orden constitucional y el mandato del constituyente primario, que elegimos a
nuestros mandatarios para un periodo de gobierno establecido en la carta magna.
Para
algunos sectores políticos, la intención de quienes defienden la propuesta, es
mantener el control de un gran número de Alcaldías y Gobernaciones, que
servirían de soporte para eventuales candidaturas a la Presidencia de la República
en el futuro; mientras que para las nuevas fuerzas políticas alternativas y de
izquierda, que obtuvieron un importante avance electoral en las pasadas
elecciones presidenciales, esta propuesta hace parte del cálculo político de
sectores de la derecha, dirigida a impedir que, a corto plazo, estas fuerzas
políticas se hagan a un importante número de alcaldías de las principales
ciudades, así como de gobernaciones.
Son
muchos los ciudadanos y gobernantes salientes que se lamentan porque en el
periodo de gobierno, pese a obtener importantes logros, en materia de
desarrollo social, generando espacios de diálogo y entendimiento con la
ciudadanía, en el marco de la convivencia, para la formulación de las políticas
de inversión social, de actuar con transparencia, tomando decisiones correctas
apegadas a la constitución y normas legales que nos rigen, ganando el
reconocimiento de la ciudadanía por su liderazgo; no logran cumplir todas las
metas proyectadas en su programa de gobierno, abogando por la continuidad de
esos programas; motivaciones evidentes para que un gobierno que cuenta con tan
alto nivel de aprobación en su gestión, busque posicionar al candidato que más
se identifique con ese modelo de gobierno, garantizando la continuidad de sus
políticas evitando que sus opositores obtengan el poder, colocando en riesgo la
continuidad de sus programas de gobierno.
Lo tradicional
es que un nuevo gobierno que difiere de esas políticas, opta por no darle
continuidad a esos programas. La razón radica en que los mandatarios entrantes
cuentan con su propia agenda política y la posibilidad de dar continuidad a la
gestión de su antecesor le genera desconfianza ante la posibilidad de dejar
viva su impronta que queda marcada en la memoria de los ciudadanos beneficiados
con su gestión.
El deber ser de la
democracia, es que la conducta y comportamiento político del ciudadano, en un
proceso electoral al depositar el voto, exprese su apoyo o censura a la gestión
del gobierno actuante, haciendo de su voto un instrumento invaluable con el que
se decida sobre la continuidad o rechazo de sus políticas; reflejadas en el
candidato que interpreta ese modelo de gobierno.
En manos del
ciudadano esta que hagamos de la política una norma de la decencia, rompiendo
con la corrupción política, en el entendido que con el voto debemos buscar el
bienestar para el conjunto de la sociedad, rompiendo con la cultura egoísta del
beneficio individual, y no dejar en manos de legisladores, comprometidos en
actos de corrupción, la decisión de aumentar el periodo del mandato de nuestros
gobernantes, en detrimento del bienestar del conjunto de la sociedad.
