ARTICULO DE OPINION

PAZ Y POLITICA

El conflicto armado ha de ser definido políticamente para entender lo de la paz.

Autor: Ulises Casas Jerez 

Reproducido de Crítica Política Numero: 226.

Fecha: 10 de Abril de 2013.

Ahora que el gobierno actual viene desarrollando unas conversaciones de paz con una de las guerrillas más fuertes del país, es fundamental definir el carácter o naturaleza del conflicto armado de nuestro país. 

La guerrilla en Colombia tiene un historial que se remonta a la misma resistencia que nuestras comunidades hicieron al invasor español el cual, armado más que con el arcabuz y el caballo con una ideología religiosa, liquidó materialmente las estructuras sociales de los indígenas existentes en este continente denominado, posteriormente, como América Latina.

Las guerrillas sobrevivientes tienen origen en el fenómeno político de la Revolución Cubana de 1959. Entonces, su estructura política se inició como una posibilidad de llevar a cabo, en nuestro país, esa clase de revolución; además, de la guerrilla liberal surgió la que hoy, en Cuba dialoga con representantes del gobierno. 

La guerrilla ha sido definida por el gobierno y la comunidad internacional como “terrorista” y con este calificativo su situación no es percibida como política. Si se sigue considerando como tal, sus acciones no pueden entrar en la definición del delito político. En consecuencia sus dirigentes no han de ser catalogados como delincuentes políticos mientras no se les conceda ese carácter; esto podría suceder si el Congreso aprobara una ley en ese sentido. De ahí que las conversaciones o diálogos antes referidos tendrían que concluir en que sus dirigentes, los de la guerrilla dialogante, son actores políticos y no terroristas.

Hasta ahora esa posibilidad no se contempla o al menos no ha trascendido a la opinión pública que ese tema se esté discutiendo. 

El hecho concreto histórico, es que un alzamiento armado tiene justificación, y en consecuencia tiene carácter político, cuando el gobierno de turno es el producto del rompimiento de la institucionalidad vigente; si analizamos los gobiernos del país en retrospectiva y nos situamos en el momento en el cual surgen las guerrillas actuales, ellos no han sido producto de esa situación; en efecto, todos ellos han sido elegidos popularmente. En esas condiciones, el alzamiento armado no tiene legitimidad política alguna; si se pretendió llevar a cabo una revolución similar a la cubana o a la revolución china de 1950 o cualquiera otra del mundo, se pensó sobre un hecho real de legitimidad de los gobiernos de turno.

En las anteriores condiciones, el movimiento armado, sin legitimidad política, debe aceptar que sus acciones perdieron carácter político y adquirieron naturaleza delictiva común. Así, no habría delitos políticos sino delitos comunes y cualquier consecuencia de ello tiene que obtener legalización en el contexto de la institucionalidad vigente; esa legalización tendría que sustentarse en un principio diferente a lo político, es decir, en la capacidad armada del movimiento guerrillero. Es lo que podría suceder, y esto queda en manos del poder legislativo. Ahí podremos ver el resultado de esos llamados “diálogos de paz”. En el entreacto, las víctimas del accionar guerrillero deberán asumir un papel importante o desaparecerán como tales y la impunidad será un hecho. 

En las guerras civiles del siglo XIX todos los actos de guerra y sus actores fueron amnistiados, pero esa fue otra historia. 

El presente articulo se reproduce como un aporte al debate nacional en torno a los diálogos de paz, que se vienen realizando en la Habana