CARRETERA CALI – CANDELARIA EJEMPLO EN LA DEFENSA DE LOS RECURSOS PUBLICOS

 Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

La manera de entender la administración pública, está enraizada en concepciones del hombre, de su ser social, de sus derechos y deberes, de la participación democrática y del significado de la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

En la administración pública no solo la corrupción es un mal que afecta el buen gobierno y el desarrollo de las regiones, problemas como la ineficiencia administrativa, la falta de transparencia en la contratación pública y de mayor control y veeduría a las obras que son ejecutadas por contratistas privados, así como la defensa férrea de los recursos públicos, frente a las demandas de inescrupulosos que ven en el Estado una fuente de enriquecimiento, con el beneplácito de fallos que profieren algunas esferas de la justicia, beneficiando el interés de los particulares en detrimento de los recursos públicos destinados para la inversión y el desarrollo social.

Desde el inicio de su Gobierno,  Angelino Garzón, asumió el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración y defensa de los recursos públicos, aplicando como principio rector la “Defensa y Administración responsable y transparente del patrimonio publico y de la gestión pública para el buen servicio y el bien común”.

La base de un buen gobierno es tener la capacidad de no quedarse con los brazos cruzados viendo cómo la corrupción se campea arrasando con los recursos públicos, que por ley son destinados para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Angelino Garzón encabezó un gobierno austero, laborioso, honesto y ajeno a la politiquería corrosiva e insidiosa; y por ello frente a la demanda instaurada por la firma CISA por una carretera que nunca fue construida, impulsó todos los recursos e instancias jurídicas posibles para defender el patrimonio público, tales como Recurso de Anulación del Laudo ante el Consejo de Estado, la acción de tutela por vía de hecho, la cual llegó hasta la propia Corte Constitucional, y promovió la más amplia movilización de la ciudadanía en defensa del patrimonio de los vallecaucanos.

Después de utilizar todos los mecanismos legales de defensa y en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, procedió a pagar a la empresa CISA, lo estipulado en la condena, $ 20.743.302.874. Es importante señalar que el consorcio CISA recaudó durante el tiempo de vigencia del contrato, una suma superior a $ 15.000 millones de pesos por concepto de peajes.

Ningún Gobernante puede pagar cifras no contenidas en un fallo judicial, mientras no exista un nuevo fallo que le ordene a pagar las nuevas sumas de dinero que pretende CISA por fuera del laudo Arbitral, por el contrario debe asumir una posición de defensa férrea del patrimonio público antes que dar crédito al enriquecimiento sin causa que se pretende configurar. Es perverso, apoyarse en un supuesto detrimento para justificar el pago de gruesas sumas de dinero en intereses que no estaban contenidas en el Laudo Arbitral.

Este episodio de la carretera Cali –Candelaria, deja muchas lecciones en materia de la contratación pública y de la ética de los contratistas privados. Para que el estado no siga siendo desangrado en sus recursos con demandas por obras que no son realizadas, se debe repensar la relación entre el Estado y el sector privado en materia de contratación, buscando una fuerte defensa de los recursos públicos en beneficio de la comunidad en general, aplicando principios como la transparencia, honestidad, cumplimiento y calidad en la ejecución de las obras, así como el respeto por la moralidad pública.

Estos principios básicos de la ética y la moralidad pública, hace que tanto contratantes como contratistas deben investir sus procedimientos de pulcritud y lealtad, como una forma de combatir la creciente corrupción, los intereses particulares y los procedimientos irregulares.