Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación para el Desarrollo del Dialogo. la Concertación y la Cultura de Paz "CONCERTEMOS"
Se ha reactivado la violencia y amenazas contra dirigentes sindicales en
el Valle del Cauca. En una comunicación del grupo criminal los Rastrojos, han
declarado objetivo militar a destacados dirigentes sindicales, bajo el
argumento de ser aliados de las organizaciones guerrilleras de la región y conminándolos
a dejar de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, por mejores
condiciones laborales.
El derecho de asociación, es un derecho que hace parte de las
libertades individuales, y es la posibilidad que tiene toda persona de crear o
adherirse libremente a una asociación, y a través de la misma desarrollar
aquellas actividades para la cual fue creada, sin ser víctima de amenazas o
intimidación por el cumplimiento de los objetivos de su agremiación.
El Estado tiene la responsabilidad
de garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical; brindándoles todas
las garantías a sus dirigentes, por cuanto los derechos labores, las libertades sindicales, el derecho
a la huelga y a la protesta social, están consagrados en la
Constitución y en la normatividad de los Derechos Humanos.
En
ese sentido es necesario rechazar la actitud de diferentes sectores de la
sociedad, así como grupos ilegales al margen de la ley, intolerantes, que
descalifican la labor de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes,
atentando con los derechos ciudadanos de asociarse y expresarse libremente,
siendo generadores de violencia y en contra del dialogo, la
concertación para el fortalecimiento de una cultura de paz.
Los diálogos del gobierno del
Presidente Santos con las Guerrillas de las FARC, los acercamientos con el ELN,
generan un ambiente favorable para el fomento del dialogo social, para el
fortalecimiento de la participación democrática de las trabajadores y sus
organizaciones sindicales, los empresarios y sus organizaciones gremiales y el
gobierno en el orden nacional, regional y municipal, buscando acuerdos que le
brinde garantías a las organizaciones sindicales y sus dirigentes; así como en
la construcción de acuerdos que permita “lograr
el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación
de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la
producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y
aplicación de medidas sociales y económicas”[1].
La
mejor respuesta de la Sociedad Civil y el Estado Colombiano, a las amenazas
proferidas por esos grupos al margen de la ley, es avanzar en la construcción
de escenarios en las que el dialogo social sea el mejor instrumento para
fomentar mejores condiciones en las relaciones de trabajadores, empresarios y
el Estado, contar con unas organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes
e independientes capaces de fomentar y participar en procesos de diálogo y
concertación.
Para promover el diálogo social, se hace necesario que exista voluntad política y el compromiso de todas las partes de fomentar el diálogo; el respeto de los derechos fundamentales representados por la libertad sindical y de negociación colectiva; y naturalmente el apoyo institucional para crear un entorno político favorable que permita a las organizaciones de empleadores y trabajadores actuar libremente con garantías y respeto a las opiniones de las partes, brindándole todas las garantías jurídicas e institucionales para garantizar y fortalecer las organizaciones representativas de los trabajadores, como de los empleadores.
Para
la OIT, “El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y
las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el
plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para
lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho, entre
otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo."[2]
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