Julio E. Higuera
Director
Ejecutivo
Corporación Concertemos
Cada 10 de diciembre se conmemora, en el mundo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que entidades publicas y Ongs defensoras de los derechos humanos, realizan balances frente al respeto a los derechos básicos e inalienables de los ciudadanos.
En el caso de Cali, la Personería presento el Tercer Informe, en el que hacen un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la ciudad ocurridas durante el año 2014.
Un aspecto importante que destaca el documento es la relación de los niveles de pobreza, que si bien no es la causa directa de la violencia, si destaca algunas relaciones entre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población de Cali, la situación crítica de violación de derechos humanos y los efectos de estas en los índices de violencia e inseguridad en la ciudad, así como su afectación a los derechos fundamentales.
Es indudable que una política de respeto de los derechos humanos, está ligada a las condiciones económicas y sociales de la población, en las que el Estado tiene una gran responsabilidad, garantizar el cumplimiento de esos derechos. Los derechos sociales nacen en el derecho público y su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales, garantizando una mayor equidad en la implementación de las politicas sociales.
El 11,1 por ciento de los habitantes de Cali carecen por lo menos de una de sus necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje más crítico se presenta en la zona rural, donde hay un 18,92% de la población, especialmente en algunas comunas en la que la mayoría de hogares se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, donde el indicador de NBI está por encima del 17%, como señala el informe de la Personeria de Cali, y es precisamente en esas zonas en las que los niveles de inseguridad, la polución de pandillas y grupos de la criminalidad organizada son muy elevados.
Este diagnóstico en materia de derechos humanos, que abordó el tema de la pobreza y la desigualdad social, nos permite hacer algunas reflexiones frente a esa situación, en momentos que en el Cali se abre el debate sobre cuales deben ser las principales prioridades del nuevo mandatario local; que se elegira el proximo mes de octubre del 2015.
Una politica de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población mas vulnerable, como parte integral de los derechos humanos, pasa por mejorar las politicas en materias de Educación, entendida esta no solo como el crecimiento en la cobertura de la educación publica, sino que este acompañada de programas en materia de bienestar, seguridad alimentaria y calidad en la formación de los educandos, asi como de programas complementarios en materia de convivencia ciudadana; mejoramiento de los servicios de atención en materia de salud, que si bien es cierto para el caso de Cali el acceso a los servicios de salud es amplia, puesto que el 67, 5% de la población está en el régimen contributivo y el 32,5%, en el régimen subsidiado, según informe de la Personería, hay deficiencias en la calidad y la atención en la prestación del servicio, incrementándose el número de quejas ante entidades como la Personería de Cali, la Oficina de la Defensora del Paciente de la Alcaldía de Cali y la Defensoría del Pueblo.
La tasa de desempleo en la ciudad de Cali esta por el orden del 13%, siendo una de las ciudades con el mayor número de personas desempleadas en comparación con las tasas a nivel nacional, afectando especialmente a los jóvenes, siendo vulnerables a ser reclutados por bandas delincuenciales, ante la falta de oportunidades de trabajo, en condiciones dignas, con salarios justo y de una seguridad social integral. Una política de formación para el trabajo, debe estar dirigida a capacitar a los jóvenes, que le permita generar sus propias iniciativas de inserción laboral, a través de proyectos asociativos, generándoles ingresos.
El nuevo gobierno de Cali debe trazarse como objetivo, mejorar la situación de bienestar social de la población, dentro de una politica de equidad, teniendo en cuenta la diversidad etnica y cultural, asi como sus potencialidades, garantizando los medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales, diseñar estrategias que garanticen la equidad en la asignación de recursos públicos y la adopción de medidas a favor de la población mas vulnerable, fomentando la participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida y bienestar social de la comunidad, en el marco de una politica de fortalecimiento de la democracia participativa, el dialogo social y de respeto a los derechos humanos.
En el caso de Cali, la Personería presento el Tercer Informe, en el que hacen un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la ciudad ocurridas durante el año 2014.
Un aspecto importante que destaca el documento es la relación de los niveles de pobreza, que si bien no es la causa directa de la violencia, si destaca algunas relaciones entre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población de Cali, la situación crítica de violación de derechos humanos y los efectos de estas en los índices de violencia e inseguridad en la ciudad, así como su afectación a los derechos fundamentales.
Es indudable que una política de respeto de los derechos humanos, está ligada a las condiciones económicas y sociales de la población, en las que el Estado tiene una gran responsabilidad, garantizar el cumplimiento de esos derechos. Los derechos sociales nacen en el derecho público y su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales, garantizando una mayor equidad en la implementación de las politicas sociales.
El 11,1 por ciento de los habitantes de Cali carecen por lo menos de una de sus necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje más crítico se presenta en la zona rural, donde hay un 18,92% de la población, especialmente en algunas comunas en la que la mayoría de hogares se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, donde el indicador de NBI está por encima del 17%, como señala el informe de la Personeria de Cali, y es precisamente en esas zonas en las que los niveles de inseguridad, la polución de pandillas y grupos de la criminalidad organizada son muy elevados.
Este diagnóstico en materia de derechos humanos, que abordó el tema de la pobreza y la desigualdad social, nos permite hacer algunas reflexiones frente a esa situación, en momentos que en el Cali se abre el debate sobre cuales deben ser las principales prioridades del nuevo mandatario local; que se elegira el proximo mes de octubre del 2015.
Una politica de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población mas vulnerable, como parte integral de los derechos humanos, pasa por mejorar las politicas en materias de Educación, entendida esta no solo como el crecimiento en la cobertura de la educación publica, sino que este acompañada de programas en materia de bienestar, seguridad alimentaria y calidad en la formación de los educandos, asi como de programas complementarios en materia de convivencia ciudadana; mejoramiento de los servicios de atención en materia de salud, que si bien es cierto para el caso de Cali el acceso a los servicios de salud es amplia, puesto que el 67, 5% de la población está en el régimen contributivo y el 32,5%, en el régimen subsidiado, según informe de la Personería, hay deficiencias en la calidad y la atención en la prestación del servicio, incrementándose el número de quejas ante entidades como la Personería de Cali, la Oficina de la Defensora del Paciente de la Alcaldía de Cali y la Defensoría del Pueblo.
La tasa de desempleo en la ciudad de Cali esta por el orden del 13%, siendo una de las ciudades con el mayor número de personas desempleadas en comparación con las tasas a nivel nacional, afectando especialmente a los jóvenes, siendo vulnerables a ser reclutados por bandas delincuenciales, ante la falta de oportunidades de trabajo, en condiciones dignas, con salarios justo y de una seguridad social integral. Una política de formación para el trabajo, debe estar dirigida a capacitar a los jóvenes, que le permita generar sus propias iniciativas de inserción laboral, a través de proyectos asociativos, generándoles ingresos.
El nuevo gobierno de Cali debe trazarse como objetivo, mejorar la situación de bienestar social de la población, dentro de una politica de equidad, teniendo en cuenta la diversidad etnica y cultural, asi como sus potencialidades, garantizando los medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales, diseñar estrategias que garanticen la equidad en la asignación de recursos públicos y la adopción de medidas a favor de la población mas vulnerable, fomentando la participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida y bienestar social de la comunidad, en el marco de una politica de fortalecimiento de la democracia participativa, el dialogo social y de respeto a los derechos humanos.
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