La
Participación Política es inherente a la democracia y es el reconocimiento al
derecho que tienen los ciudadanos, hombres y mujeres, a participar en los
asuntos públicos, directamente postulando su nombre como candidato a cualquier
cargo de elección popular, en los términos que determina la constitución
política y las normas que regulan los procesos electorales, o por medio de sus
representantes elegidos en procesos electorales democráticos mediante el sufragio universal y hace parte integral del respeto y defensa de
los derechos humanos, ofreciendo garantías a los ciudadanos para alcanzar una
sociedad más democrática, participativa, digna y plena de derechos.
Querer
cercenar el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo, ya sea para gobernante
local, regional o un órgano legislativo, como una estrategia de debilitamiento
y derrota del contrincante político, arguyendo inhabilidades o impedimentos de tipo
jurídico, legal, ético o limitaciones físicas, es contraria a una política de
respeto, tolerancia y convivencia en medio de la diferencia, a la dignidad de
la personas, discriminatoria contra la población en situación de discapacidad,
a las minorías y violatoria de los derechos humanos.
La
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en
situación de discapacidad, garantiza sus derechos a la participación en la vida
política y publica en igualdad de condiciones
con los demás ciudadanos, así como al derecho de elegir y ser elegidos
para cargos de elección popular, promoviendo su participación en esos
escenarios democráticos y ciudadanos.
Una
sociedad que avanza en unos diálogos que nos conduzca a la reconciliación
nacional y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras,
para una paz definitiva; no puede ser permisible con aquellas propuestas
políticas y electorales que insisten en utilizar el arma de la calumnia, las argucias
jurídicas y el maltrato a la dignidad de los seres humanos, como la mejor
estrategia para alcanzar el favor ciudadano y hacerse con el cargo al que
aspira.
Debemos
avanzar en una cultura democrática de respeto y tolerancia, en la que los
debates políticos y electorales se den el marco de las propuestas y programas
de gobierno, al reconocimiento del derecho legitimo de los ciudadanos a poner
su nombre y hoja vida a consideración del constituyente primario, para aspirar
a un cargo de elección popular, sin que esto se convierta en un instrumento de
descalificación y de afectación a su dignidad, honra de su vida personal y
familiar.
La
democracia hoy en día, exige de una clase política responsable que reconozca el
derecho a la libertad e igualdad, de mucho respeto al pluralismo y a la
diferencia social, política, cultural, religiosa o de otra índole, dejando la
responsabilidad en la elección del gobernante, en manos del ciudadano, que un
acto individual y de mucha responsabilidad política y social, a través del
voto, decide quién debe ser el próximo alcalde o alcaldesa, gobernador o
gobernadora; puesto que la ciudadanía se fundamenta en la protección de la
dignidad humana.
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