 |
| Moritz Akerman |
El país se debate entre permanecer en el pasado de su
conflicto o articularse a la modernidad, a la democracia que tiene por
objeto la vida en paz, en convivencia para el proceso de inclusión cada
vez mayor. Transitar sin violencia, democráticamente sus diferencias es el
punto de inflexión de este dilema.
Juan Manuel Santos se apoyo
para su reelección como Presidente en una votación que combinaba el pasado y la
modernidad, lo que contribuye a dificultar este tránsito. Su naturaleza de
hombre transaccional y líder distribuidor de poder riñe con el absolutismo que
el conflicto demanda en su eternización.
En la opinión nacional este debate no se ve como un asunto filosófico sino
al nivel de los sentimientos colectivos: el desafío es interiorizar que si es posible obtener el
desarrollo y las reivindicaciones -en medio de la movilización ciudadana que reclama desde distintos
sectores- sin que se pierda la sensación de seguridad.
El debate se condensa hoy entre un pasado, que convirtió el Estado en
una parcialidad no solo a la geografía nacional sino a! conjunto de tareas
nacionales e internacionales,
absolutizando un conflicto que al tiempo
que no reconocía, hacía que todas las manifestaciones
por reivindicaciones sociales se presentasen
como extensión del conflicto. Y un presente que busca modernizar al Estado
para que tramite las diferencias y los intereses en procura de la
convivencia siempre que se respeten las vías democráticas. El estado es el
terreno óptimo de la confrontación civilizada y democrática.
Es una experiencia en el mundo que, entre
más democracia, el aumento de
las reivindicaciones sociales puede hacer aparecer los procesos como
aumento de la confusión y la incertidumbre. Mas
si se compara con un pasado absolutista, que mimetizaba esas reivindicaciones en el conflicto armado. La expresión, al fin, de esos movimientos sociales crea la sensación de pérdida de la seguridad y aumento de
la anarquía. Frente a este desafío de
gobernabilidad se sigue respondiendo, muchas veces, con las viejas ideas
del absolutismo, cuando lo que se requiere es una pedagogía social sobre
el deslinde necesario de los movimientos reivindicativos de las acciones
violentas o de hecho que los degradan.
Estos sentimientos se están reflejando en las encuestas aliado de
otros problemas reales como el de la salud, la desindustrialización, y la
pérdida de empleos formales que resultan del cierre de pymes y
microempresas familiares.
Este Gobierno se propuso mayor inclusión, disminución
de la pobreza y la miseria, reparación de las víctimas y restitución de
tierras como propósito de la Prosperidad Democrática. De contera favorecía
así el clima y el dialogo para la paz. Sin embargo el énfasis en la
Prosperidad Democrática se ha desvanecido no obstante que se ha avanzado
en programas tan significativos como da disminución de la pobreza y el
aumento de la vivienda popular.
Sin embargo la oposición ha logrado poner en la agenda nacional que el
único propósito del Gobierno es el Proceso de Paz, no como parte
esencial de la
Prosperidad Democrática, sino como pacto con la guerrilla.
La opinión pública sometida a corrientes económicas muchas
veces contradictorias, como la
disminución de la pobreza al mismo tiempo que la pérdida de empleo
formales, no encuentra la interpretación de sus problemas en la exclusiva
polémica que la oposición ha logrado imponerle al mismo
Gobierno en el terreno de la discusión política pública: todo se presenta
por la oposición como si el futuro del país dependiese de si los
guerrilleros vayan o no a la cárcel.
Frente al proceso de paz, aunque lentamente crece su aceptación, no
es suficiente la convicción de que el camino dialogado contribuiría
eficazmente a una mejoría en la inclusión social y en la prosperidad
democrática. La gente está convencida y no le falta cierta razón, que es
mejor esperar y reclamar de las acciones del Estado que esperar beneficios
que se desprendan de ese proceso.
El tema sigue siendo de apoyo político y social para la paz: el tema es
como generar una opinión comprometida que vea que la solución negociada
del conflicto produce beneficios para el desarrollo de la gente.
Eso pasa primero por romper prejuicios que el propio Estado ayudó a
consolidar en la opinión: para la gente no es claro qué le puede ofrecer
el Estado a la guerrilla que sea superior a sus negocios. Haber vendido la idea
de que esta no es una guerrilla sino sólo una banda de enriquecimiento
personal, crea la primera barrera para que la gente acepte la bondad del
proceso.
Otro obstáculo a vencer es el prejuicio de que se estaba en "el comienzo
del fin". Sin darle ventajas
estratégicas a la guerrilla, habría que
mostrar que en este momento estelar de Colombia y América Latina sería
cada vez más costoso el mantenimiento de este conflicto de manera
prolongada pues afecta la competencia y la competitividad de Colombia frente
a otros países de América Latina que se están convirtiendo en polos
dinámicos de desarrollo mundial.
El primer cambio que parecería demandar la situación es una pedagogía
del Gobierno y todos sus
Ministerios, orientada a mostrar el costo
económico-social del conflicto y
su eternización, cuánto resta frente a las metas de la Prosperidad
y cuánto sumaria la paz a ese
propósito.
La pedagogía necesaria parece pasar también porque el Gobierno -sin que
ello signifique romper el sigilo de las
agendas de negociación- unifique una bancada parlamentaria, convencida de
la bondad de la negociación para la paz, más allá de las prebendas
burocráticas. El proceso en el parlamento debe contar con una mayoría en
que se explicite que la negociación es la
mejor opción que no la única. De igual
forma ha de hacerse una pedagogía sobre el aparato judicial y
las entidades de control. El gobierno esta jugado pero aparece solo.
La ausencia de una pedagogía gubernamental sobre el proceso ha hecho
que salga lo que no se espera: el
Fiscal ha puesto a discusión el más sensible punto de la negociación: La Justicia Transicional. Y el fiscal ha
mostrado que se puede hacer pedagogía
sin que se pierda confidencialidad de la
agenda. Pero muestra también una
paradoja, el Fiscal debiese ser el último en pronunciarse
al respecto. La falla: no hay una adecuada y comprometida Ministra de
Justicia y muy poco gabinete ministerial trabajando para unificar el país
en ese Propósito Nacional.
El escepticismo de la población frente al
proceso y la falta de consecuencia en
su abordaje por el Estado llevo a la oposición a la convicción de que éste
era el talón de Aquiles del gobierno. Y si no es su único factor de
oposición, es el principal.
La confusión entre el sigilo frente a
la negociación y la ausencia de una
sistemática pedagogía sobre el mismo le ha facilitado a la oposición el
generar toda suerte de suspicacias, llegándose al punto de la revelación de secretos de Estado esenciales a la
seguridad nacional, sin que se conozca ninguna medida sancionatoria.
La oposición del ex Presidente Uribe logro ocupar todo el espacio de la
crítica social por la debilidad de la aceptación del proceso por la
opinión y por la siempre inicial incomprensión frente a las inevitables
concesiones que impone un proceso de paz. Adelanto el debate electoral del
2014 y puso el éxito o el fracaso del proceso como piedra angular de este
debate. El Gobierno aparece a la defensiva, no hay ningún proyecto de
propósito nacional que jalone a la sociedad en la convicción de que la
continuidad en un nuevo periodo o el final de este Gobierno traerán
beneficios tangibles a los ciudadanos.
Los partidos de la Unidad Nacional aparecen fragmentados interiormente y no
hay, más allá de los beneficios burocráticos, un factor aglutinante y
movilizador para la campaña electoral del 2014. El momento que vive el
país en el mundo, cierta favorabilidad fiscal que asiste a este Gobierno,
un concierto internacional dirigido por un hombre como Obama favorecería
que el Presidente Juan Manuel Santos lance una propuesta aglutinadora que
establezca un Cambio Político en la relación entre los
partidos de la Unidad Nacional.
Una propuesta de Cambio Político que, discutiendo la propia
existencia de esos partidos, si es necesario, reaglutine una
gobernabilidad positiva, cierta y dinámica al estar apoyada por la gente,
mucho más allá de las direcciones actuales de los partidos. Hay que
convocar los líderes que han luchado por la paz, empezando por Andrés
Pastrana, Belisario Betancourt y los miembros de esos gobiernos, en un
Frente por la Paz que saque el debate de la dinámica Santos vs. Uribe.
No queremos significar que la oposición ha ganado de antemano una batalla
al imponer el terreno del debate electoral en el tema de paz o guerra. Por
el contrario, el Presidente Juan Manuel Santos al llamar a la marcha del 9
de abril acepto el reto de ese debate y cruzo el Rubicon, con resultados
favorables. La suerte está echada, y
sin duda favorece a la paz y a la posibilidad del aglutinar la población tras
un Cambio Político que habría que definir para
asegurar el aglutinamiento en torno a un propósito transformador y no a meros
acuerdos burocráticos electorales.
El desafío está en definir ese Cambio Político y unificar en primera
instancia el propio Gobierno, calificar su gabinete y volcarlo de frente a
la opinión para asegurar una movilización nacional que convierta a la paz
en un paso de la Prosperidad Democrática.
Habría que rediseñar la comunicación del Gobierno con la ciudadanía:
1) rompiendo la pretensión de hacer del Presidente Juan Manuel Santos un
personaje folklórico, eso no le va a un hombre que la sociedad reconoce como un
administrador, un técnico. 2) asegurando que el Presidente pueda sostener
diálogos informales y horizontales con generadores de opinión y factores de
poder como los empresarios, los directores y dueños de medios de comunicación,
los líderes de organizaciones gremiales y/o sindicales, etc. El ejemplo de
ProAntioquia es un buen comienzo, pero se requiere aún más informalidad,
horizontalidad y
perseverancia en todas
las grandes ciudades.
Hay que recordar que este debate electoral lo
define las grandes concentraciones urbanas donde es necesario establecer
una articulación del Gobierno Nacional con los Gobiernos Municipales: La
escogencia de las diez principales ciudades del país para el debate
electoral podría definir una agenda de trabajo del ejecutivo nacional y
particularmente del Presidente en los programas del ejecutivo y en el desarrollo
de ese Cambio Político que aglutine a la ciudadanía.
Por último, parecería que las definiciones
electorales no se pueden seguir aplazando cuando
en efecto hay una coordinada campaña de la oposición a nivel nacional.
Igualmente ese diálogo informal y horizontal del Presidente con distintos actores
tiene que ayudar a complementar el círculo
de asesores, asesores que muchas veces tienden a convertirse en factores
de opacidad, en hombres del 'si señor' que impiden ver la realidad de los
problemas.
Nota: Reflexión presentada en la reunión de REPENSAR de mayo del 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario