Julio E. Higuera
Director
Ejecutivo
Corporación Concertemos
La responsabilidad de los Gobernantes a nivel nacional,
regional o local, es asegurar el bienestar de los
ciudadanos, minimizando las desigualdades sociales, implementando mecanismos
eficientes de inclusión social, en materia de empleo, educación, salud, en la titularidad de sus derechos, políticas
de fomento al bienestar y protección social, así como el reconocimiento y
valoración de los ciudadanos, como sujetos activos de una sociedad.
Los aspirantes a ser
Gobernantes Regionales y Municipales, deben darle importancia al tema
de la paz y la seguridad ciudadana, articulada a la política social,
especialmente en materia de salud, como el derecho que tiene la
población a que sean tratados como seres humanos que tienen derecho a la vida; fortaleciendo
la red pública hospitalaria, sumida en una profunda crisis financiera; una
política educativa integral y de calidad, que permita formar y preparar a
nuestros jóvenes profesionalmente, garantizando su vinculación al mercado
laboral, con empleo dignos y estables; contribuir al mejoramiento de la
seguridad alimentaria de las familias, especialmente de la población infantil de las áreas más vulnerables; asumir el pleno compromiso por la transparencia y de lucha frontal contra la
corrupción, desarrollando políticas sociales y económicas que permitan superar
las grandes inequidades de pobreza y hambre que afecta a diversos sectores de
la población vallecaucana; como pilares fundamentales de una política de
respeto y protección a los derechos humanos, y en el proceso de construcción ciudadana.
La inmensa afluencia de desplazados al Valle del Cauca, víctimas
de la violencia, provenientes de diferentes regiones del país, hacen que este
departamento se convierta en un territorio de paz y prosperidad, donde
predomine el respeto por los derechos humanos, diversa étnica y multiculturalmente, eliminando
toda clase de discriminación, promoviendo la igualdad, creando posibilidades y
oportunidades para que la población acceda al pleno ejercicio de sus derechos,
que posibiliten construir un Departamento competitivo, incluyente, social y económicamente posicionado en el ambito nacional, con una mejor calidad de vida para su
gente, superando la Pobreza Extrema consolidando una política social
que mejore y amplíe la oferta y el acceso de bienes y servicios sociales de
calidad con participación efectiva de
los distintos grupos poblacionales, valorando la diversidad, el respeto a la
diferencia étnica, cultural, de género y de orientación sexual.
Las
políticas sociales son la razón de ser del Estado en su conjunto y contribuyen
al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Se puede afirmar que
estas políticas parten de las necesidades de las comunidades y se establecen
como criterio fundamental para la práctica política del Estado. En la
construcción de estas políticas se debe establecer mecanismos de inclusión
social para la participación ciudadana, para que no solo se cumpla con la
elaboración de las políticas mismas, sino también como un requisito fundamental
para abrir la democracia. Con la Constitución Política de 1991 se inicia un
proceso de cambio en la forma como se construyen las políticas públicas pues se
disponen de una serie de mecanismos para este fin, aunque con dificultades se
logra avanzar en la consolidación de un sistema democrático más abierto e
incluyente que además se consolide a partir de lo social.
De
esta manera, la participación de las comunidades y ciudadanía en general
contribuye a la función ciudadana de defensa de lo público y en la perspectiva
de consolidar el bien común, toda vez que este proceso logra que sea mayor el
número de actores participantes y que pueden hacer oír sus necesidades, en
correspondencia con el hecho de que sean tenidas en cuenta y valoradas sus
opiniones por parte de los gobernantes cuando trazan las políticas públicas,
convirtiéndose, de hecho, en un espacio para conjugar los intereses de
gobernantes y gobernados en función del bien común.
La
inversión social, además de ser un derecho ciudadano, es un deber de los Estados
para promover el desarrollo social y político en un contexto democrático que
articule las demandas y obligaciones para mantener la estabilidad, y como un elemento
dinamizador de la vida social.
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