Julio E. Higuera
Politólogo
La Procuraduria General de la Nación está próxima a
fallar en la investigación que abrieron en contra del Alcalde de Bogotá Gustavo
Petro por “la falta de planeación y un presunto
detrimento patrimonial por la cancelación de los contratos a los operadores
privados de recolección de basuras y la contratación de volquetas para el
esquema de recolección de desechos diseñados por la Administración Distrital”.
Más
allá de las valoraciones que podamos hacer a la gestión administrativa de
Gustavo Petro, lo que nos preocupa son las actuaciones de los órganos de
control, que pueden perder su objetividad e imparcialidad y tomar decisiones
encaminadas a tumbar a gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos y
ciudadanas, desconociendo la decisión autónoma del constituyente primario,
quien en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y de participación democrática,
mediante mecanismos como la revocatoria del mandato, pueden decidir su continuidad
o no en el cargo.
Las
últimas decisiones tomadas por el Ministerio Publico, si bien es cierto que se hayan
cometido errores en algunas decisiones tomadas por la alcaldía de Bogotá, pero
que en ningún momento han sido actos de corrupción; los fallos proferidos, y
que han inhabilitado para ejercer cargos públicos a importantes funcionarios de
la administración distrital, ha sido exageradamente
drásticos y con la intención de liquidar políticamente a los que considera sus
mas fuertes contradictores en sus convicciones políticas, morales y religiosas.
El
debate debe girar en torno a la supremacía de poder de los órganos de control y
la irrevocabilidad de sus fallos, que colocan a los funcionarios públicos en una
situación de desventaja frente a la omnipotencia de personajes como el
Procurador General de la Nación, fanático religioso y ultraderechista, quien es
el que resuelve en última instancia los recursos jurídicos de los funcionarios
afectados y pronuncia la última palabra, que para el caso del alcalde de
Bogotá, seguramente será su destitución e inhabilidad por más de 15 años, sin
tener en cuenta la gravedad de la falta, pero que estará lleno de sectarismo, carente
de imparcialidad y objetividad.
En
las actuaciones de la Procuraduria hemos observado que delitos de mayor
gravedad, en casos relacionados con la parapolítica y la corrupción, su actitud
ha sido benévola y en muchos casos ha solicitado la absolución de los
inculpados, como en el caso del General retirado Plazas Vega por las
desapariciones en el Palacio de Justicia, o de Senadores y Representantes vinculados
a procesos por parapolítica, corrupción o tráfico de influencias como es el
caso de la ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutierrez.
El papel de los órganos de control es claro, sancionar a
aquellos ciudadanos, que en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos,
incurren en faltas disciplinarias, pero las sanciones que se apliquen deben ser
acorde a la gravedad de la falta y no con la intención de descabezar y eliminar
políticamente a su contradictor, para ello se hace necesario la regulación de
los fallos de los órganos de control, para que los mismos no vulneren los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas sancionados.
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