No a la Guerra de Encuestas; Si al Voto Ciudadano Responsable

Julio E. Higuera-.   

Politólogo.

Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

Pese a que no se ha definido la fecha en la que se convocaría el Plebiscito refrendario de los Acuerdos de la Habana, ya han surgido varias encuestas que revelan cifras contradictorias a favor del SI o el NO, de quienes acudirían a las urnas y participaran de este proceso de consulta ciudadana.

Durante el último mes se han revelado los resultados de cuatro firmas encuestadoras, contratadas por diferentes medios de comunicación y por el gobierno nacional, en la que los resultados distan entre ellas, dependiendo quién la paga y la relación de esas firmas con algunos medios de comunicación, sectores políticos y del poder económico; comprometidos con algunas de las dos propuestas del plebiscito; manipulando la interpretación de los resultados, en una clara intención de influenciar la decisión que finalmente tomara el ciudadano al momento de depositar su voto.

A diferencia de los procesos electorales, a los que tradicionalmente estamos acostumbrados los colombianos, con la convocatoria del plebiscito no está en juego ni el apoyo al gobierno de Santos, ni a la oposición del Uribismo, o la suerte de los partidos políticos y sus eventuales candidaturas para las elecciones del 2018; sino que es una decisión que tendrá impacto en nuestras vidas y en el destino de las nuevas generaciones, puesto que es la primera vez que participaremos directamente a través de las urnas en la refrendación de un acuerdo que definirá el futuro de nuestro país, agobiado por más de 50 años de conflicto armado.

La polarización entre los partidarios del Sí o el NO y el debate público que hoy se vive en las calles, instituciones educativas, medios de comunicación y en los propios hogares, en muchas ocasiones acompañados de agresiones físicas o verbales, a pesar de no conocerse, aun, el contenido final de los Acuerdos de la Habana; basándose en especulaciones sobre lo que serán los resultados finales de estos diálogos para poner fin al conflicto armado con las guerrillas de las FARC, obliga a que los colombianos, asumamos con tranquilidad y responsabilidad el debate en torno a una decisión tan trascendental, deslindando la campaña del plebiscito a la confrontación Santos – Uribe; rechazando cualquier tipo de injerencia mediática o de las encuestas,  en la decisión que finalmente tomaremos, recuperando el papel de ciudadanos garantes de deberes y derechos para con nuestro país y la sociedad.

Debemos entender el plebiscito como el escenario más propicio, para que la ciudadanía exprese su rechazo a la utilización de las armas, como un medio para alcanzar el poder y de exigencia a las organizaciones guerrilleras, como el ELN, que persisten en esa práctica, para que la abandonen y avancen por el camino de la reconciliación, la equidad social y la paz definitiva.

EL PLESBICITO DEBER SER CIUDADANO

Julio E. Higuera

Politólogo

Especializado en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario

La Corte Constitucional dio vía libre el plebiscito como mecanismo para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, estableciendo las condiciones para que este proceso se lleve a cabo. Dispuso que el plebiscito sea de carácter vinculante y se determinó la participación de personas públicas o partidos políticos en las campañas por el  Sí o el No a la Paz.

El Consejo Nacional Electoral deberá reglamentar las campañas, en cuanto al numero de comités promotores, financiación y divulgación en los medios de comunicación, participación de las colectividades políticas, organizaciones sociales y comunitarias y de los funcionarios públicos en la promoción de las dos opciones establecidas como validas en este proceso de consulta ciudadana.

Con la decisión tomada por la Corte Constitucional, las colectividades políticas que respaldan el SI, han reaccionado,  ante la posibilidad de que el Ex presidente  Cesar Gaviria sea el Coordinador de la campaña a nivel nacional, y decidieron conformar un comité político que coordinará los esfuerzos de las diferentes colectividades, liderada por el presidente del Congreso. Esta decisión seguramente tiene como propósito, encasillar la campaña del Plebiscito con las próximas elecciones del 2018 en las que se elegirá un nuevo Congreso, así como Presidente y Vicepresidente de la República.  

El Plebiscito debe promoverse desde la ciudadanía, abogando para que la población se organice, jalone y se sensibilice en la necesidad de participar en esta consulta en la que la tendremos la posibilidad de decidir frente a un tema tan sensible como es la terminación del conflicto armado de más de 60 años con la organización guerrillera más antigua y grande de América Latina o si por el contrario se opta por la continuidad de la guerra.

La búsqueda de la terminación del conflicto armado, es un  primer paso en el proceso de la construcción de una paz definitiva, por lo tanto la campaña por el plebiscito debe ser incluyente, realizando campañas pedagógicas de difusión y estudio de los acuerdos, sin manipulaciones o desinformaciones, para que el ciudadano en el ejercicio de sus derechos y liberado de cualquier tipo de presión, tome la decisión libre y soberana que considere lo más conveniente para el futuro de nuestra patria, evitando que la campaña del plebiscito, por el SI o por el NO, se mezcle con las campañas electorales partidistas, blindándolo de cualquier propósito de instrumentalización para la promoción de aspiraciones individuales de cara a las elecciones del 2018.

Si la ciudadanía no se deja arrastrar por la demagogia, el miedo o las mentiras; se empodera, escucha las diferentes posiciones y participa activamente en esta consulta, este proceso será el escenario más importante en la vida democrática del país, para  que los ciudadanos le enviemos un mensaje contundente al ELN y al Gobierno Nacional, para que inicien la fase de diálogos directos; de rechazo a la vía armada como instrumento de lucha política; a la corrupción en la conducción del aparato estatal, así como en la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa, en el camino de la búsqueda de la paz definitiva y la reconciliación nacional.

Lo Que Va de los Diálogos en la Habana a la Paz Definitiva con Equidad Social

Julio E. Higuera

Politólogo – Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

La firma del Acuerdo sobre “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas”, entre los negociadores del gobierno y las Farc, que incluye la concentración de los miembros de esa organización guerrillera en 23 zonas veredales transitorias de normalización y 8 campamentos, hasta que se firme el acuerdo final para su reintegración a la vida política; han generado diversas opiniones de quienes ven con esperanza estos importantes avances en los diálogos y quienes se oponen a la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto armado con esa organización guerrillera, calificando este acuerdo como una nueva concesión del gobierno a las Farc.

La última encuesta de la firma Gallup revela un crecimiento en el respaldo de los colombianos a los diálogos de la Habana y de apoyo a la refrendación de los acuerdos mediante el plebiscito. Pero aun hay un largo camino por recorrer. Existe la amenaza en los territorios que dejen las Farc, después de su desmovilización, que sean ocupados por el ELN, por el paramilitarismo o la criminalidad organizada.

Pero ese amplio apoyo a los acuerdos de  paz con la Farc, no expresa el  respaldo ciudadano al gobierno del Presidente Santos en materia económica y social. Las profundas desigualdades existentes, expresadas en medidas que afectan cada vez más la calidad de vida de la población más pobre, reflejadas en el crecimiento del costo de vida, como resultado de las últimas movilizaciones campesinas y del paro de los camioneros, que alcanza una inflación en los últimos doce meses del 8.60%; rebasando el incremento decretado del salario mínimo mensual del 7%, afectando la capacidad adquisitiva de los colombianos; La crisis del sector salud, que deja ya una larga lista de personas que se mueren en las puertas de las clínicas y hospitales, ante la negligencia de las EPS de expedir las autorizaciones para tratamientos que seguramente podrían salvar la vida de miles de ciudadanos  y la amenaza con el cierre de varios hospitales públicos; el recorte de los recursos en educación destinados a los complementos nutricionales para estudiantes de bajos recursos de las instituciones educativas del país, afectando la calidad de la educación; el incremento a las tarifas de los servicios públicos en detrimento de las irrisorias finanzas de los trabajadores, son medidas que generan el descontento y escepticismo del ciudadano frente a la posibilidad de que alcancemos una paz duradera, mientras existan estas desigualdades sociales.

El panorama social de los colombianos es crítico, contrario a la situación del sector financiero y empresarial que va en ascenso. Según datos suministrados por la Superintendencia Financiera, durante el año 2015, registraron utilidades de 13,3 billones de pesos en ese sector; y el incremento de los ingresos de los industriales en un 15.2% al sumar ventas por $124.7 billones, de acuerdo al informe anual de ventas, presentado por la Superintendencia de Sociedades*, crecimiento económico que no se refleja en el mejoramiento en las condiciones de vida del resto de la población.

Mientras existan inequidad social, con medidas que afectan cada vez más el ingreso de los trabajadores, como la reforma tributaria estructural anunciada, que golpea el bolsillo de los colombianos,  para solucionar el déficit fiscal, sin tocar las exorbitantes ganancias de los grupos financieros y empresariales, seguirá existiendo la inconformidad y movilizaciones ciudadanas de rechazo a esas medidas económicas; colocando en riesgo la construcción de un proceso exitoso de paz territorial y convivencia ciudadana.  

Si queremos una paz sostenible y duradera, en la cual se rompan los ciclos de violencia de forma definitiva, no solo es necesario alcanzar acuerdos con las organizaciones guerrilleras y el sometimiento de los grupos al margen de la ley; sino que debemos avanzar en una política social más equitativa y solidaria con aquellos sectores de la población que viven en condiciones de extrema pobreza.

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* El informe anual de las Ventas de la Superintendencia de Sociedades, indicó que -en un balance bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (Niif)- el conjunto incrementó sus ingresos en 3,9% el año pasado en relación con 2014.

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¡Colombia: Perdónalos Porque No Saben lo que Hacen!

Julio E. Higuera

Politólogo – Director Ejecutivo

Corporación Concertemos

La proximidad de la firma del Acuerdo Final, en los Diálogos del Gobierno Nacional y las Farc, que ponga fin al conflicto armado y su posible refrendación mediante un plebiscito; ha intensificado la actividad de quienes defienden el proceso de la Habana y quienes insisten, con obstinación, en la intensificación de la guerra, hasta someter y llevar a la cárcel a los jefes guerrilleros.

La polarización entre el Gobierno Santos y la Oposición Derechista, liderada por el Uribismo y el Centro Democrático, con la avenencia del Procurador General de la Nación, pone en riesgo la participación ciudadana en la refrendación de los acuerdos, ante la ausencia de un fuerte liderazgo de la ciudadanía, por el desconocimiento que tienen de los acuerdos, que puede conducir a la abstención o votar por el NO; y las denominadas Organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de la Paz y los Derechos Humanos, que asumen posiciones tímidas y carentes de protagonismo en la defensa de los diálogos de la Habana; mientras que los enemigos de los diálogos con las Farc actúan con mayor beligerancia, apoyados por algunos medios de comunicación influyentes, que se alinean con la opción de la salida militar al conflicto y que utilizan como arma, en contra de la paz, la mentira, el engaño, la calumnia y la desinformación.   

Querer hacer oídos sordos al clamor de millones de colombianos, de apartadas regiones de nuestro país, que hoy claman por el fin de conflicto armado, que en más de cincuenta años han dejado más de 8 millones de víctimas,  acciones violatorias de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el desplazamiento y desaparición forzada, secuestro, reclutamiento forzado de menores y víctimas de minas anti persona, entre otros, es darle la espalda a miles de compatriotas, que han sido víctimas inocentes de esta guerra irracional.

Cerca del 87% de la población expulsada de sus territorios, vivía en el campo, siendo despojados de sus tierras. Más de la mitad población afectada por la violencia y el desplazamiento, son mujeres, que deben asumir el rol de cabeza de hogar ante el asesinato o desaparición de su pareja, igual suerte corre la población infantil.

A esta grave crisis humanitaria; intensificada por la ausencia y poca de atención del Estado a esa población, así como a las regiones que tradicionalmente han sido controladas por las organizaciones guerrilleras; se suma la crisis social que afronta la población más vulnerable a lo largo y ancho del país, reflejada en la precaria atención en Salud, y la amenaza del cierre de hospitales en muchas regiones del país; el recorte del presupuesto dirigido a mejorar la calidad de la educación, con programas como son los complementos nutricionales para las instituciones educativas públicas, a estudiantes de más bajos recursos, desde el nivel preescolar hasta el grado 11, para así reducir los índices de deserción escolar; programas que hoy están seriamente amenazados por los recortes presupuestales y la corrupción reinante en el suministro de los alimentos, que son de mala calidad, atentando contra la salud de los educandos.

Poner fin al conflicto armado, es darnos la oportunidad de avanzar hacia una sociedad más tolerante, respetuosa de los derechos humanos; es hacer del postconflicto el mejor escenario para la paz y la inversión en el desarrollo territorial, en atención a la salud, con más Centros de Salud y Hospitales, ampliación de la cobertura escolar, con calidad y sentido humano, programas para el fortalecimiento del agro, en síntesis llevar  la presencia del estado a las regiones.

Tener un país sin conflicto armado, con una política de inclusión social, que nos permita avanzar en la reconciliación, restaurando los derechos de la victimas a la reparación integral mediante medidas de restitución de tierras, indemnización y garantías de no repetición, es buscar que la economía del país se ahorre los costos de la guerra, puesto que la mejor inversión que puede hacer un gobernante, es en la consolidación de la paz, la reconciliación nacional y el mejoramiento las condiciones y calidad de vida de sus conciudadanos.

No se puede insistir en la vía de la confrontación, alimentando los odios y deseos de venganza,  pues es condenar al país y a millones de colombianos a continuar viviendo los horrores de la guerra, la perdida de seres queridos, crecimiento del desplazamiento y miseria en las grandes ciudades, mayor inversión en militar, en detrimento de la inversión social. 

"colombianos y colombianas, perdónalos porque no saben lo que dicen y lo que hacen!"