Julio
E. Higuera
Politólogo – Director
Ejecutivo
Corporación
Concertemos
La firma del Acuerdo sobre
“Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y Dejación de Armas”,
entre los negociadores del gobierno y las Farc, que incluye la concentración de
los miembros de esa organización guerrillera en 23 zonas veredales transitorias
de normalización y 8 campamentos, hasta que se firme el acuerdo final para su
reintegración a la vida política; han generado diversas opiniones de quienes
ven con esperanza estos importantes avances en los diálogos y quienes se oponen
a la firma de un acuerdo para la terminación del conflicto armado con esa
organización guerrillera, calificando este acuerdo como una nueva concesión del
gobierno a las Farc.
La última
encuesta de la firma Gallup revela un crecimiento en el respaldo de los
colombianos a los diálogos de la Habana y de apoyo a la refrendación de los
acuerdos mediante el plebiscito. Pero aun hay un largo camino por recorrer. Existe
la amenaza en los territorios que dejen las Farc, después de su desmovilización,
que sean ocupados por el ELN, por el paramilitarismo o la criminalidad
organizada.
Pero
ese amplio apoyo a los acuerdos de paz con
la Farc, no expresa el respaldo ciudadano
al gobierno del Presidente Santos en materia económica y social. Las profundas
desigualdades existentes, expresadas en medidas que afectan cada vez más la
calidad de vida de la población más pobre, reflejadas en el crecimiento del
costo de vida, como resultado de las últimas movilizaciones campesinas y del
paro de los camioneros, que alcanza una inflación en los últimos doce meses del 8.60%; rebasando el incremento decretado del salario mínimo
mensual del 7%, afectando la capacidad adquisitiva de los colombianos; La
crisis del sector salud, que deja ya una larga lista de personas que se mueren
en las puertas de las clínicas y hospitales, ante la negligencia de las EPS de
expedir las autorizaciones para tratamientos que seguramente podrían salvar la
vida de miles de ciudadanos y la amenaza
con el cierre de varios hospitales públicos; el recorte de los recursos en
educación destinados a los complementos nutricionales para estudiantes de bajos
recursos de las instituciones educativas del país, afectando la calidad de la
educación; el incremento a las tarifas de los servicios públicos en detrimento
de las irrisorias finanzas de los trabajadores, son medidas que generan el
descontento y escepticismo del ciudadano frente a la posibilidad de que alcancemos
una paz duradera, mientras existan estas desigualdades sociales.
El panorama social de los colombianos es crítico, contrario a
la situación del sector financiero y empresarial que va en ascenso. Según datos
suministrados por la Superintendencia Financiera, durante el año 2015, registraron
utilidades de 13,3 billones de pesos en ese sector; y el incremento de los
ingresos de los industriales en un 15.2% al sumar ventas por $124.7 billones,
de acuerdo al informe anual de ventas, presentado por la Superintendencia de
Sociedades*, crecimiento económico
que no se refleja en el mejoramiento en las condiciones de vida del resto de la
población.
Mientras existan inequidad social, con medidas que afectan
cada vez más el ingreso de los trabajadores, como la reforma tributaria
estructural anunciada, que golpea el bolsillo de los
colombianos, para solucionar el déficit fiscal,
sin tocar las exorbitantes ganancias de los grupos financieros y empresariales,
seguirá existiendo la inconformidad y movilizaciones ciudadanas de rechazo a
esas medidas económicas; colocando en riesgo la construcción de un proceso
exitoso de paz territorial y convivencia ciudadana.
*
El informe anual de las
Ventas de la Superintendencia de Sociedades, indicó que -en un balance bajo las
Normas Internacionales de Información Financiera (Niif)- el conjunto incrementó
sus ingresos en 3,9% el año pasado en relación con 2014.
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