jueves, 9 de mayo de 2013

ESTADO LAICO Y LIBERTAD DE CULTOS

Autor: Ulises Casas Jerez.*

"No es lo mismo un estado que garantiza la libertad de cultos que un estado laico".
 
Algunas personas confunden la libertad de cultos establecida en las diversas Constituciones de los Estados con el carácter laico de los mismos. No es correcta esa interpretación de la libertad de cultos, como en el caso de Colombia en donde se establece en su artículo 19 que en su letra dice: “Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”.

El artículo da por establecido que hay libertad de cultos pero ignora que hay personas que no poseen culto alguno. Se deduce de esa lectura que toda la población practica cultos y tienen confesiones religiosas, lo cual no es cierto.
Además, el preámbulo de la Constitución vigente, la de 1991, dice textualmente:

“EL PUEBLO DE COLOMBIA En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación…”.

Con ese preámbulo se acepta la religiosidad del Estado, pues se le coloca bajo la protección de una religión, la religión monoteísta predominante en el mundo actual.

Y es en ese contexto que los Presidentes de la Nación ofician como una especie de delegados de la religión predominante; como actualmente ha crecido el número de iglesias protestantes a las que sus militantes llaman “iglesias cristianas”, como si las católicas no lo fuesen, los diversos funcionarios del Estado llevan a cabo prácticas religiosas en ambas corrientes del cristianismo, la católica y la protestante.

Quienes nos hemos situado en el campo del libre pensamiento, poseemos criterios propios sobre la naturaleza del Estado porque somos ciudadanos del mismo; por ello debemos tener clara la distinción entre Estado laico y Estado de libertad de cultos a efecto de no confundir el carácter real del mismo.

La única Constitución que establece un Estado laico en Colombia, es la Constitución de 1863, conocida como la Constitución de Rionegro por haber sido esta población el lugar en donde sesionó El Congreso constituyente de ese año, el que expidió esa clase de Constitución Nacional; en efecto en ella se dice:

“En cuanto la Convención Nacional ha venido en expedir, y las Diputaciones en ratificar a nombre de los Estados Soberanos, la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA- LA CONVENCIÓN NACIONAL “En nombre y por autorización del Pueblo y de los Estados Unidos Colombianos que representa, ha venido en decretar la siguiente CONSTITUCIÓN POLÍTICA…”.

En esa forma podemos comprender el verdadero carácter del Estado colombiano actualmente.



[*] Tomado de Crítica Política 227.  Mayo 08de 2013.

martes, 7 de mayo de 2013

LOS CAUDILLOS.- Rafael Uribe Uribe.-



Apreciad@s Amig@s, reproduccimos el presente documento, publicado por Critica Politica, por considerarlo de gran interes, para estudio y reflexión en torno al tema de los liderazgos politicos en la coyuntura actual:

Un importante dirigente liberal fue el general Rafael Uribe Uribe; se distinguió por su protagonismo no solo político sino militar; sin embargo, como militar no fue un hombre de victorias sino de derrotas; mas, como político sí debe ser reconocido y por ello fue asesinado por sicarios al servicio de las ideas conservadoras y clericales.

Uribe Uribe fue un caudillo derrotado; la característica de los caudillos es su victoria y su conversión en jefes de Estado o de su comunidad frente a otros Estados o comunidades; pero también existen los caudillos que no alcanzan el poder político, militar o religioso; porque también hay líderes religiosos y éstos son los de mayor impacto histórico porque siempre son objeto de culto y veneración de masas: Jesús, Mahoma, como los más importantes, vigentes hoy en la conciencia de las grandes concentraciones de masas.

Podemos recordar a Uribe Uribe como dirigente ideológico y político liberal que percibió objetivamente la realidad política luego de las derrotas bélicas del liberalismo en diversos escenarios del país.

Como dirigente liberal presenta novedosas ideas de avanzada para su momento político. En su obra "Las ideas liberales en Colombia", El profesor y catedrático Gerardo Molina nos indica el pensamiento del líder político, extractado de una conferencia en el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904: "…pero ahora quiero ir más lejos: en vez de, rechazar, acepto la imputación de socialista de Estado y la reivindicaré en adelante como un título. No soy partidario de del socialismo de abajo para arriba que niega la propiedad, ataca el capital, denigra la religión, procura subvertir el régimen legal y degenera, con lamentable frecuencia, en la propaganda por el hecho; pero declaro profesar el socialismo de arriba abajo, por la amplitud de las funciones del Estado en la forma precisa que paso a expresar…" (Obra citada- "Las Ideas liberales en Colombia-1849-1914" Editorial Tercer mundo- Bogotá Colombia- 1971-).

Ante la crisis del liberalismo y el conservatismo, bajo el gobierno del General Reyes se presenta una coalición de esos partidos y fundan el "Republicanismo" que se enfrenta al Presidente Reyes en una especie de "Frente Nacional". Los dirigentes liberales y conservadores llevan al poder a Antonio José Restrepo, pero Rafael Uribe no entra a ese escenario, conservando su discurso liberal-socialista.

Conservando el ideario liberal afirma los fines del Estado: "…El Estado no es un órgano de simple conservación sino también de progreso; su fin exclusivo no es mantener el orden, la paz, la obediencia: esa es apenas una condición previa, indispensable para lograr más altos fines. Además de cuidar de lo que encuentra hecho y oponerse a todo deterioro, debe procurar el adelanto. Dentro de la sola conservación del orden, un gobierno puede ser de los peores que existan; para merecer que lo llamen bueno o excelente debe hacer algo más: impulsar y promover tan poderosamente como pueda la prosperidad del país…".(obra citada). El liberalismo de ese entonces es, sustancialmente intervencionista, así como lo habían concebido sus fundadores a mediados del siglo XIX y habían llevado a cabo los radicales entre 1850 y 1886. Con esos principios desarrollaron un plan de infraestructura importante que elevó la productividad del país y vinculó a las diversas regiones entre sí hacia una economía mercantilista en la cual el Estado desempeñaba un papel fundamental en ese sentido. Uribe tuvo claro que las nuevas condiciones a nivel mundial exigían una política económica de carácter intervencionista para proyectar un desarrollo de progreso de la nación. Sin embargo, el partido conservador y el liberal se fundieron en el republicanismo y con ello prolongaron una economía semifeudal. El caudillo respondía a otro momento histórico que no podía repetirse. Fue un caudillo militar que trascendió a lo político pero que no pudo acceder al poder político.

Carta Abierta del Vicepresidente de la República

Apreciad@s Amig@s: Publicamos el presente documento, Carta Abierta del señor Vicepresidente de la República, Doctor Angelino Garzón, como un aporte que desde el Estado se hace en materia de libertad sindical. 

Angelino Garzón 
Vicepresidente de la República
​“Así como el Estado Colombiano presentó su examen periódico universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también está en capacidad de hacerlo ante otros organismos internacionales”
Bogotá D.C., 7 de mayo de 2013

​El Estado Colombiano, el pasado 23 de abril presentó de manera voluntaria su examen periódico universal EPU al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas-ONU.
Los 81 países que intervinieron de todos los continentes reconocieron los avances de Colombia en materia de Derechos Humanos, los esfuerzos en la búsqueda de la Paz y en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de los sindicalistas. Igualmente hicieron recomendaciones y Colombia asumió compromisos voluntarios encaminados a consolidarse como país en progreso con una política integral de respeto a los derechos humanos y a las libertades sindicales.
Este ejercicio ante el Consejo de Derechos Humanos, donde rinden cuenta todos los países que participan en dicho organismo, desarrollados y no desarrollados, grandes y pequeños, fue bien valorado y algunos altos funcionarios y funcionarias de organismos internacionales reconocen el modelo colombiano de colaboración y cooperación con el Sistema de Naciones Unidas.
En tal sentido, sería importante que el Estado en cabeza de los Ministros de Trabajo y del Interior, la Cancillería, el Fiscal General de la Nación y el Procurador General de la República entre otras instituciones del Estado, estudien la posibilidad de presentar un informe conjunto en la próxima reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo-OIT, en Ginebra, Suiza sobre la situación laboral y sindical actual en Colombia.
En dicho informe, sería bueno incluir los mecanismos de protección que hoy se tiene para los afiliados a los sindicatos y los dirigentes sindicales, lo mismo que la postura del Gobierno Nacional de defender al sindicalismo como institución de la democracia y la importancia del dialogo social como forma de entendimiento y construcción de confianzas entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores.
Creo que contribuiríamos mucho al desarrollo de la OIT, sí el Estado Colombiano se abanderara de presentar informes periódicos en dicho Organismo sobre su actividad laboral y sindical. Lo mismo pueden hacer otros Gobiernos, los Empresarios y los Sindicatos.  Si ya se hace de manera voluntaria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es apenas natural que también se haga en el Consejo de Administración de la OIT, que es parte integrante del Sistema de Naciones Unidas.
Que la comunidad internacional conozca que en Colombia, a pesar de que todos los días luchamos contra la actividad criminal de grupos armados ilegales, llámense guerrillas, bandas criminales, narcotraficantes y delincuencia común, estamos trabajando desde el Gobierno Nacional con los gobiernos locales y regionales, lo mismo que con nuestros empresarios y sindicatos, en garantizar mejores condiciones para la actividad empresarial, sindical, lograr la paz y para ampliar las garantías constitucionales a la población colombiana.
Es bueno que se conozca que en Colombia, el derecho de huelga no puede ser calificado por el poder ejecutivo si no por el poder judicial. Es del pasado la ilegalización de huelgas, de paros o la detención de dirigentes y la cancelación de personerías jurídicas de sindicatos por motivos sindicales como sucedía anteriormente.
Otro avance importante es que en los Tratados de Libre Comercio TLC que Colombia ha firmado con Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea se ha incluido en la agenda nacional los temas laborales, sindicales y de derechos humanos como parte integral de los mismos.
No podemos desconocer que Colombia a pesar de su conflicto armado interno, es uno de los países del mundo que más convenios de la OIT ha ratificado, a diferencia de algunos países desarrollados que sin tener los problemas internos que nosotros tenemos pocos convenios de la OIT han ratificado.
Además, en la Constitución Nacional se garantizan los derechos de asociación, de petición, de negociación colectiva y huelga para los trabajadores y trabajadoras, derechos que hoy quieren ser eliminados o modificados por algunos países bajo el argumento de la salvación económica o de las políticas de ajuste económico.
También con el desarrollo del derecho de negociación colectiva se ha avanzado en mecanismos de formalización laboral en las empresas, de garantías para la actividad sindical y en varias empresas se ha logrado una jornada laboral semanal menor que la legal.
Por recomendación de la OIT, en el año 2010 de nuevo se creó el Ministerio de Trabajo. Desde esa fecha dicho Ministerio se ha caracterizado por el impulso del dialogo social con los dirigentes sindicales, con los empresarios, por la defensa del sindicalismo como institución de la democracia y la búsqueda de acuerdos y programas de cooperación con la OIT, incluyendo los relacionados con la solución dialogada y amistosa en Colombia de muchos conflictos laborales que han sido materia de estudio en el Comité de Libertad Sindical de la OIT.
Colombia no oculta sus dificultades y tal como lo dijimos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no la queremos mostrar como el país de las maravillas.
Reconocemos que todavía tenemos desafíos por resolver como la falta de mayor equidad social, de continuar luchando contra los altos niveles de impunidad y por una pronta justicia, de que todos los empresarios colombianos tanto urbanos como rurales vean en los trabajadores sus aliados estratégicos, en la existencia de los sindicatos como un derecho de los trabajadores.  Igualmente nos falta avanzar más en la formalización laboral, ampliar la cobertura y eficacia del sistema de seguridad social, en acabar tanta intermediación en el empleo y disminuir el trabajo infantil.
Reconocer públicamente los desafíos, no significa desconocer los esfuerzos que están haciendo tanto el Gobierno como el Estado actualmente para superarlos como son la lucha contra la pobreza, garantizar y proteger los derechos de las mujeres, reducir el desempleo, consolidar las mesas de dialogo con la población afrocolombiana e indígena y procurar una pronta justicia con la colaboración de todas las instancias del Estado.
La violencia no es política de Estado ni de las empresas. En Colombia la hacen personas vinculadas a grupo armados ilegales que nada tienen que ver con el Estado, pero sus promotores intelectuales si saben que amenazando o asesinando personas vinculadas al sindicalismo , a la defensa de los derechos humanos, a la restitución de tierras, a la reparación de las víctimas, al periodismo, a las empresas y muchas veces a cargos públicos, quieren impedir el desarrollo de una política en favor de los derechos humanos, del sindicalismo o al logro de la paz en Colombia.
Una vez más reafirmamos que están equivocados. Con el terror, el miedo y la violencia no lograrán sus objetivos y mientras haya un solo sindicalista o dirigente sindical amenazado o asesinado el Gobierno lo considerará como un hecho muy grave contra el propio Gobierno, la democracia, la convivencia pacífica, la libertad de empresa y el derecho a la libertad sindical.
Estos avances que hemos logrado, incluyendo los temas culturales en favor del sindicalismo y de la actividad sindical en nuestro país, los hemos logrado no solo por la disposición del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, sino también, por la actividad permanente del movimiento sindical internacional, de las tres centrales sindicales, de los gremios empresariales colombianos y la colaboración permanente de la OIT, de la sociedad civil y de la comunidad internacional en Colombia.
El Estado Colombiano lo que solicita de los gobiernos, de los sindicatos y de los empresarios representados en la OIT, no son respaldos ni aplausos incondicionales sino colaboración y compresión para superar los desafíos que aún tenemos, lo mismo que para consolidar en Colombia los avances en materia económica, social e institucional, lo cuales son reconocidos por el conjunto de la comunidad internacional.
Por ejemplo, en el camino de lograr la paz para Colombia consideramos que todas las Organizaciones y Estados que hacen parte de la OIT, son fundamentales para la firma de un acuerdo en los diálogos que actualmente se adelantan con la guerrilla de las farc en la Habana-Cuba.  Esa es la voluntad del Gobierno como también la de continuar reparando a las víctimas del conflicto armado interno y restituir la tierra a la población desplazada.
Una vez más, invitamos a la sociedad civil y la comunidad internacional para que por encima de las desconfianzas y dudas que tengamos, nos unamos para seguir trabajando por una Colombia mejor, donde respetemos los Derechos Humanos, garanticemos la actividad de las empresas, de los sindicatos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras a vivir mejor, en paz y en tranquilidad.

Angelino Garzón 
Vicepresidente de la República

lunes, 6 de mayo de 2013

LOS DERECHOS DE LA POBLACION INFANTIL Y ADOLESCENTES: UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL




Julio E. Higuera
Politólogo
Especialista en Cultura de Paz y DIH


La construcción y consolidación de una cultura política democrática que respalde la participación ciudadana en la protección de los Derechos Humanos, en especial de los derechos de los niños y las niñas, en materia de salud, educación, libre desarrollo y seguridad, son un imperativo en momentos en el que país registra, con dolor, como este sector de la población es el más afectado con los últimos hechos en materia de atención en salud, educación y seguridad.

Ya el Vicepresidente de la Republica llamaba la atención sobre estos graves hechos en los que han perdido la vida niños y niñas por la falta de una efectiva y pronta atención médica, al respecto manifestaba que “un país que deja que un niño o niña muera sin atención médica se convierte en una sociedad sin perspectiva".

Frente a la negligencia de algunos funcionarios de las entidades prestadoras de salud, así como de funcionarios públicos, Angelino Garzón, manifiesta la necesidad de activar un Plan Nacional de educación y de cultura en Derechos Humanos para los servidores públicos como alcaldes y gobernadores para fortalecer e incidir en un cambio radical. Es enfático en señalar que solo en la medida en que se les pueda brindar un mejor futuro a los  niños, niñas y adolescentes en materia de educación, cultura, recreación, deporte, alimentación, salud y garantías en el estudio, se les aleja de la tentación de engrosar los grupos armados ilegales. Y concluye manifestando que solo con la ayuda de las autoridades civiles nacionales, locales, regionales, y de la sociedad en su conjunto, se puede sacar adelante a los niños y niñas que son el presente y futuro de nuestro país.

Invertir en programas para el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como en el fortalecimiento de los programas sociales que beneficien a la población juvenil y la infancia,  requieren del concurso del conjunto de la sociedad que con sus iniciativas y participación, permitan mejorar las condiciones de vida de esta población proclive a ser absorbida por los grupos ilegales y de la delincuencia común.
                                                                                    
Los derechos humanos, si bien es cierto su primer garante debe ser el Estado; la responsabilidad de la ciudadanía es clave, sobre todo en la defensa y el respeto a los derechos de la población más pobre y desprotegida, especialmente los niños y niñas.

Para la Unicef, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes implica no solamente una responsabilidad legal y moral; también tiene implicancias para las políticas económicas y sociales y, por consiguiente, para la asignación de los recursos financieros de un país. El volumen y uso de los recursos públicos asignados al cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia constituye un importante indicador del grado de prioridad que otorgan los Estados a tal fin.

En síntesis solo en la medida en que el Estado y la sociedad entienda que los derechos de la infancia y la población juvenil, es un problema de conciencia colectiva y que solo con la movilización de los  actores sociales se pueden lograr objetivos, como prevenir y mitigar la amenaza o vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y su restablecimiento cuando hayan sido vulnerados; la promoción y divulgación de manera permanente los derechos de los niños, niñas y adolescentes para su reconocimiento como actores/as sociales y como sujetos de derechos, así como para la asignación y movilización de los recursos necesarios para la Protección y Atención Integral a la Infancia y la adolescencia.