Conocer la Historia Violenta de Colombia para NO Volver a Repetirla

Julio E. Higuera

Profesional en Estudios Políticos

y Resolución de Conflictos

El Historiador Británico Paul Preston manifestaba que "Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores". La Historia de Colombia, durante los últimos 60 años, estuvo signada por el flagelo de la violencia, con un alto costo de victimas que asciende a cerca de 8.5 millones de colombianos y mas de 220 mil muertos.

El respaldo ciudadano a la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto con las Farc, no ha contado con el respaldo que se esperaba después de vivir un largo periodo de confrontación armada. Son varias las razones para que el escepticismo y la insensibilidad persista aun en una gran masa de colombianos, consecuencia de la falta de conocimiento, especialmente entre los más jóvenes, de los antecedentes históricos que desencadenaron en la violencia política en nuestro país y que tiene sus primeros inicios en el Siglo XX, con los enfrentamientos entre simpatizantes de los Partidos Liberal y Conservador, que dejo como resultado la muerte de cerca de 300.000 colombianos.

El detonante de este doloroso periodo fue el magnicidio del caudillo liberal y candidato Presidencial Jorge Eliecer Gaitán, desencadenando en el Bogotazo en rechazo a este crimen.  Con el surgimiento de las Farc, se inicia otra etapa del conflicto en Colombia, pero también se abre el camino de la negociación política al conflicto, alcanzado su nivel más alto con el nacimiento de la Unión Patriótica. En ese periodo se genera el genocidio más grande contra un movimiento político alternativo en Colombia con el asesinato de 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de 5.000 de sus militantes, en respuesta de sectores de extrema derecha y del narcotráfico al creciente respaldo electoral obtenido.

Este proceso de exterminio se extendio en contra de dirigentes de fuerzas alternativas y de líderes de los movimientos guerrilleros que se desmovilizaron y firmaron acuerdos de paz con el gobierno de turno, como el M19, EPL, PRT entre otros. Esta ola de crímenes alcanzo a prestantes dirigentes y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán. Los colombianos sufrimos las consecuencias de la arremetida terrorista de organizaciones criminales del narcotráfico, así como el surgimiento de los grupos paramilitares, realizando masacres, expropiación de tierras, y desalojos, provocando el desplazamiento forzado de miles de campesinos indefensos.

En la actualidad avanza, con dificultades pero con firmeza, la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y la Farc, que con el acto simbólico, en Mesetas Meta, tras 53 años de lucha guerrillera, las Farc dejaron para siempre sus armas, dando un paso importante a la vida civil y convertirse en una nueva fuerza politica. Igualmente avanzan los diálogos de paz con el ELN, manifestando las partes, la disposición de iniciar de inmediato el estudio de las condiciones para acordar un eventual cese bilateral al fuego y de hostilidades. 

Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para el fin de este conflicto armado irracional, han sido desde varios gobiernos y con diferentes resultados. Lo más lógico y responsable es que al momento de entrar a respaldar o rechazar lo alcanzado en materia de paz, se tenga en cuenta las experiencias anteriores,  para no entrar en el remolino de los señalamientos y cuestionamientos sin lógica, menos cuando proceden de mandatarios que en ese mismo esfuerzo fueron más lapsos en las concesiones con los grupos armados ilegales, ejemplo la fatídica experiencia del Caguan, período en el que se incrementaron los secuestros, extorsiones, ataques a bases militares y pescas milagrosas en todo el país; o el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, cuestionados por no existir reparación a las víctimas, varios desmovilizados continuaron delinquiendo desde las cárceles y se legalizaron a Jefes del narcotráfico que se pasaron como Paramilitares.

Las amenazas de hacer trizas o modificar los acuerdos, que desde sectores de la extrema derecha le hacen al procesos de paz con las Farc, si alcanzan la Presidencia de la Republica en el 2018, obliga a que los ciudadanos antes de tomar una decisión equivocada, zanjemos con el pasado de violencia y guerra, para no volver a repetir la historia y avanzar en el fortalecimiento de la democracia, los valores democráticos de convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos.

Hacer memoria sobre ese doloroso periodo violento, escuchando de viva voz, los dolorosos momentos de quienes vivieron en carne propia los horrores de la guerra, nos permite reflexionar individual y colectivamente sobre el riesgo de volver al pasado y abrir el camino a la instauración, en nuestro país, de un pensamiento totalitario, de violencia y xenofobia, transmitiéndole a las nuevas generaciones la rabia y odios por los desmanes sufridos en medio del conflicto, con las susodichas consecuencias morales, institucionales y materiales; y no repetir esos trágicos episodios con los que hemos vivido durante los últimos 60 años, y no lamentarnos de episodios como la historia de Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal que entregó sus armas a Rojas Pinilla en 1953 y luego fue asesinado en el sur de Bogotá.

Aspiramos a construir una sociedad reconciliada, tolerante, capaz de convivir en medio de la diferencia, alejada de los odios y deseos de venganza, buscando someter al contrario; una sociedad que entienda que la historia de nuestro país esta regada por ríos de dolor y sangre de inocentes víctimas del conflicto; comprometiéndonos a cambiar esta fatídica parte de la historia por una Colombia en paz y reconciliada.

El Camino para Blindar los Acuerdos de Paz

Julio E. Higuera

Profesional en Estudios Políticos

Y Resolución de Conflictos

Ante las pretensiones del Centro Democrático de alcanzar el poder en el 2018, con el solo propósito de ¨hacer trizas los Acuerdos de Paz¨, alcanzados con la guerrilla de las Farc; el reciente fallo de la Corte Constitucional, que vulnera la Seguridad Jurídica del Acuerdo Final, colocando en riesgo la materialización de un proceso en su fase más importante de implementación como es la dejación de armas por parte de esa organización guerrillera, hasta llevarlo a un punto de no retorno; la perdida de interés en la agenda de los colombianos por los temas de paz, según la reciente encuesta de Invamer; traza el camino que le queda a las fuerzas que hacen parte de la coalición por la paz  y que es uno solo, ¨Ponerse de Acuerdo ¨, para llevar este proceso a buen término.

La pasada convención del Centro Democrático, en la que el Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, por ser un movimiento político autocrático donde la toma de decisiones está en sus manos, definió las líneas de acción de ese partido de extrema derecha, en la que buscaran una coalición con aquellos sectores que se han opuesto al proceso de implementación de los acuerdos, como Andrés Pastrana, Martha Lucia Ramírez y Alejandro Ordoñez, militares en retiro entre otros; con quienes coinciden en la necesidad de revisar los acuerdos firmados con las Farc.

En los sectores políticos comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz, ha faltado mayor voluntad y compromiso político para aunar esfuerzos en la búsqueda de coincidencias, superando las diferencias, que les permita construir un acuerdo de unidad para presentar un candidato presidencial que exprese la voluntad ciudadana por la reconciliación, la paz definitiva, de lucha contra la corrupción y por una política de equidad y bienestar social en nuestro país, y así evitar que la amenaza de la “extrema derecha” den al traste con los logros alcanzados en el Acuerdo final de Paz, conduciéndonos, nuevamente, por el camino de los odios y la confrontación armada. 

El momento exige que tanto los dirigentes de los partidos políticos, así como los precandidatos conocidos hasta el momento, dejen de lado las pasiones y prevenciones en torno al propósito de una coalición por la paz, los egos que no les permite aceptar que en una democracia  toda aspiración es legítima y debe ser aceptada sin entrar a descalificarla; entendiendo que para alcanzar un acuerdo político se debe estar dispuesto a ser generoso, deponer las aspiraciones individuales en aras de blindar un proceso de paz que le ha traído grandes beneficios y tranquilidad a nuestro país, especialmente a los pobladores de las regiones en las que se sintió con mayor rigor el conflicto armado.

Lo ideal sería que las diferentes colectividades políticas, las organizaciones sociales, el sindicalismo, el sector empresarial, la intelectualidad, el sector de la cultural, los jóvenes, los campesinos, afrodescendientes, comunidad LGTBI, en fin la Colombia que clama y apoya la paz, entienda y tome como base de un acuerdo político, dirigido a alcanzar una amplia representación en el Congreso de la Republica, presentar un candidato único a la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica; establecer una agenda política, en esta fase del postconflicto, para la continuación en la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado, la construcción de la paz y la reconciliación; de atención a las demandas sociales de la población, basados en el principio de transparencia y de rechazo a las prácticas corruptas; de respeto a la protesta ciudadana pacifica y a los Derechos Humanos; sin que ello implique respaldar incondicionalmente o perder la independencia para oponerse a las políticas del gobierno que no expresen las aspiraciones ciudadanas de bienestar, equidad social, y que afectan la calidad de vida y los derechos de la población más vulnerable.

Coalición de Derecha

II Convención del Centro Democratico, Bogotá D. C. Mayo 6 de 2017

Julio E. Higuera

Profesional en Estudios Políticos

Y Resolución de Conflictos

No podían ser más claros y elocuentes los lineamientos del Centro Democrático, trazados por el recién nombrado Director Honorario, Fernando Londoño; en su intervención en la II Convención del Partido. Para el Exministro la denominación de Centro, no es más que una circunstancia fortuita, pues en su opinión, políticamente el CD es un partido de derecha en su concepción, alejado de cualquier pensamiento de centro.

Coherente con la definición de Fernando Londoño, el Expresidente Alvaro Uribe, Jefe del Centro Democrático, manifiesta que buscaran una coalición con sectores políticos, especialmente conservadores, para alcanzar el poder en el 2018. Con esa decisión tomada en la II Convención queda despejada la ruta a seguir por ese Partido, descartando cualquier posibilidad de acuerdos con otros sectores políticos y de izquierda, con los que no son afines, y por el contrario son diametralmente diferentes en sus propuestas políticas.

Mientras que para el Centro Democrático, la recuperación del poder en el 2018, tiene como fin “volver trizas los Acuerdos de Paz” firmados con la guerrilla de las Farc y llevar al país a un nuevo periodo de confrontación armada; los sectores democráticos y de izquierda, plantean la necesidad de consolidar la paz y la reconciliación, avanzando en la implementación de  los acuerdos, así como en lograr avances en los diálogos con el ELN, que pongan fin al conflicto armado con ese grupo guerrillero y alcanzar la paz definitiva.  

Para el Senador Alvaro Uribe, la prioridad es alcanzar un acuerdo con sectores conservadores, cercanos a la Exministra Martha Lucia Ramírez, al Ex procurador Alejandro Ordoñez y al Expresidente Andrés Pastrana, de ingrata recordación, por que en su afán de buscar un acuerdo de paz con las Farc, despejó 5 municipios del Meta y Caquetá, con un área de extensión de 42.000 Km2, por cerca de 4 años, otorgándole prerrogativas a ese grupo guerrillero, que le permitieron acentuarse a lo largo de toda la zona de distensión y con sus acciones permear la autoridad del Estado, llevando acciones que atentaban contra la seguridad de los habitantes de esos municipios, como la extorsión a los ciudadanos, el robo de ganado, fortaleciéndose militarmente con el reclutamiento de jóvenes de la región, creando corredores para el traslado de secuestrados a esos territoritos, así como para el tráfico de drogas y armas; mientras ese Gobierno hacia oídos sordos a las denuncias de la comunidad, por hechos que se venían cometiendo violatorios de los derechos fundamentales de los habitantes, consagrados en la constitución política y protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. 

Estas decisiones salidas de esta II Convención del Centro Democrático despejan el camino hacia las elecciones del 2018, y seremos los colombianos que en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, decidamos en las elecciones de marzo para Congreso de la Republica, así como en los meses de mayo junio en primera y segunda vuelta, el nuevo Presidente y Vicepresidente de la Republica; si continuamos por el camino de la Paz y la Reconciliación, o definitivamente nos acostumbramos a los horrores de la guerra, y continuar alimentando nuestros odios y deseos de venganza, optando por el camino de la reactivación de la confrontación armada y el terrorismo que ya ha dejado miles de muertos, con millones de compatriotas desplazados y despojados de sus tierras, víctimas que hoy nos reclaman al resto de colombianos, que no hemos vivido con la misma intensidad la guerra, darles una oportunidad de vivir en un país en paz,  reconciliado y con equidad social.

El Apoyo Internacional a la Paz NO podía ser Condicionado

Julio E. Higuera

Politólogo

El proceso de paz en Colombia, ha recibido el reconocimiento y respaldo internacional, abriendo un nuevo escenario para la participación y expresión política de los miembros de las FARC, para que mediante la fuerza de la palabra y no de las armas, puedan exponer su propuesta de proyecto político a los colombianos. Debemos, recibir con respeto toda opinión que emane de sus dirigentes, más allá de que coincidamos o no con ellas, porque esas son las posibilidades que nos brinda la democracia participativa, así como el derecho constitucional  que tenemos los ciudadanos de participar en política y de expresarnos libremente.

Las recientes declaraciones del Jefe máximo de las Farc Timoleón Jiménez, en las que manifiestan su respaldo a la revolución Bolivariana, al gobierno de Venezuela y su Presidente Nicolás Maduro, son legitimas y coherentes con su pensamiento político y modelo de estado al que aspiran. Pero lo que es inamisible e inaceptable es el reclamo del señor Luciano Marín, Jefe de la Comisión Negociadora de las Farc, de reclamarle al Gobierno del Presidente Santos, por lo que él considera ¨La Ingratitud del Gobierno Colombiano, para con el Presidente Maduro¨, a raíz de los últimos acontecimientos de crisis reinantes en ese país hermano; así como las opiniones y alianzas de figuras prestantes de la oposición venezolana, con sectores políticos colombianos que se oponen y atacan el desarrollo del proceso de paz en nuestro país.

El respaldo internacional y el acompañamiento de los países garantes, a las conversaciones de la Habana, ha sido reconocido y valorado altamente tanto por el Gobierno Nacional, como por el conjunto de los colombianos que apoyamos y hoy celebramos el fin del conflicto; pero entendemos que ese apoyo internacional surge por el deseo y compromiso de los gobiernos y organismos del mundo de aportar a la construcción de un acuerdo de paz que pusiera fin a más de 50 años de conflicto armado en nuestro país, sin ningún tipo de condicionamiento o de respaldo a esos gobierno o al modelo de estado que proponen; así como no podemos condicionar o entrar a descalificar la decisión de la Farc, de brindarle su pleno respaldo al Presidente Nicolás Maduro y a la forma como está enfrentando la crisis social y política que afronta.

El manejo de las relaciones internacionales, es responsabilidad exclusiva del Presidente de la Republica y de su Canciller Maria Ángela Holguín. Pero de igual manera todos los estados miembros de organismos internacionales como la ONU o la OEA, entre otros, tiene la obligación de velar para que las crisis internas de los países miembros, sean solucionadas por la vía del diálogo entre las partes, brindando plenas garantías de respeto a los derechos ciudadanos, a la libre expresión y movilización pacífica de quienes difieren de las medidas políticas y económicas implementadas por quienes ostenta el control del poder político.

La solución a la crisis en Venezuela, es una decisión que solo los venezolanos deben asumir, sin ningún tipo de interferencia política externa y pasa por la necesidad de construir nuevos escenarios  para que tanto el gobierno, como los voceros de la oposición busquen salidas a la crisis, pasando, necesariamente, por la reconstrucción política y del tejido social del país, con la convocatoria de elecciones generales transparentes, con plenas garantías para todos los sectores políticos y de la sociedad, para que en ese escenario los ciudadanos, como constituyente primario, decidan el rumbo que debe tomar eses país, ofreciéndole a los venezolanos una calidad de vida más digna y con plena garantía de respeto a los derechos humanos, avanzando hacia la reconciliación y convivencia ciudadana.