martes, 27 de enero de 2015

DERECHO DE PETICION


Para su información y analisis, publicamos el presente documento enviado por el Doctor Jose Lurduy.

Señores y Señoras
E.S.E.

Remito copia del derecho de petición que he enviado al Sr. Gobernador del Valle del Cauca, sobre la acción de repetición que se adelantara sobre el injusto pago que tuvo que realizar la Gobernación del Valle sobre la Carretera Cali- Candelaria, via que jamas se construyo. Los invito a todos a su lectura y difusión. 

He considerado mi deber, como servidor publico que he sido en el Valle del Cauca y haber laborado al lado del  Sr. Ex Gobernador del Valle y  Ex Vicepresidente de la República  Angelino Garzón, haber sido  Jefe de Control Interno del Valle del Cauca, durante 2 años en la actual administración, dejar constancia petitoria, solicitando el debido proceso para el desarrollo de esta acción de repetición y de igual manera  en derecho la  vinculación a esta causa de todas las personas servidores públicos que tuvieron que ver de principio a fin con este contrato, lesivo para el departamento. He planteado allí, para su conocimiento, algunos temas que considero dentro del marco legal se deben tener en cuenta  en este proceso. Quiero finalmente expresar mi respaldo al Dr. Angelino Garzon en la defensa que haga en este causa, que también es mi causa. Todos somos Angelino Garzón. Y la mejor defensa es hacer ver a quien corresponda que esa vía no se construyo.


De Uds Atentamente.

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JOSE LURDUY ORTEGON














sábado, 24 de enero de 2015

CARRETERA CALI – CANDELARIA EJEMPLO EN LA DEFENSA DE LOS RECURSOS PUBLICOS



 Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación Concertemos

La manera de entender la administración pública, está enraizada en concepciones del hombre, de su ser social, de sus derechos y deberes, de la participación democrática y del significado de la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

En la administración pública no solo la corrupción es un mal que afecta el buen gobierno y el desarrollo de las regiones, problemas como la ineficiencia administrativa, la falta de transparencia en la contratación pública y de mayor control y veeduría a las obras que son ejecutadas por contratistas privados, así como la defensa férrea de los recursos públicos, frente a las demandas de inescrupulosos que ven en el Estado una fuente de enriquecimiento, con el beneplácito de fallos que profieren algunas esferas de la justicia, beneficiando el interés de los particulares en detrimento de los recursos públicos destinados para la inversión y el desarrollo social.

Desde el inicio de su Gobierno,  Angelino Garzón, asumió el firme compromiso de combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración y defensa de los recursos públicos, aplicando como principio rector la “Defensa y Administración responsable y transparente del patrimonio publico y de la gestión pública para el buen servicio y el bien común”.

La base de un buen gobierno es tener la capacidad de no quedarse con los brazos cruzados viendo cómo la corrupción se campea arrasando con los recursos públicos, que por ley son destinados para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

Angelino Garzón encabezó un gobierno austero, laborioso, honesto y ajeno a la politiquería corrosiva e insidiosa; y por ello frente a la demanda instaurada por la firma CISA por una carretera que nunca fue construida, impulsó todos los recursos e instancias jurídicas posibles para defender el patrimonio público, tales como Recurso de Anulación del Laudo ante el Consejo de Estado, la acción de tutela por vía de hecho, la cual llegó hasta la propia Corte Constitucional, y promovió la más amplia movilización de la ciudadanía en defensa del patrimonio de los vallecaucanos.

Después de utilizar todos los mecanismos legales de defensa y en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, procedió a pagar a la empresa CISA, lo estipulado en la condena, $ 20.743.302.874. Es importante señalar que el consorcio CISA recaudó durante el tiempo de vigencia del contrato, una suma superior a $ 15.000 millones de pesos por concepto de peajes.

Ningún Gobernante puede pagar cifras no contenidas en un fallo judicial, mientras no exista un nuevo fallo que le ordene a pagar las nuevas sumas de dinero que pretende CISA por fuera del laudo Arbitral, por el contrario debe asumir una posición de defensa férrea del patrimonio público antes que dar crédito al enriquecimiento sin causa que se pretende configurar. Es perverso, apoyarse en un supuesto detrimento para justificar el pago de gruesas sumas de dinero en intereses que no estaban contenidas en el Laudo Arbitral.

Este episodio de la carretera Cali –Candelaria, deja muchas lecciones en materia de la contratación pública y de la ética de los contratistas privados. Para que el estado no siga siendo desangrado en sus recursos con demandas por obras que no son realizadas, se debe repensar la relación entre el Estado y el sector privado en materia de contratación, buscando una fuerte defensa de los recursos públicos en beneficio de la comunidad en general, aplicando principios como la transparencia, honestidad, cumplimiento y calidad en la ejecución de las obras, así como el respeto por la moralidad pública.

Estos principios básicos de la ética y la moralidad pública, hace que tanto contratantes como contratistas deben investir sus procedimientos de pulcritud y lealtad, como una forma de combatir la creciente corrupción, los intereses particulares y los procedimientos irregulares.

sábado, 17 de enero de 2015

DERECHOS POLITICOS Y DERECHOS HUMANOS



Julio E. Higuera
Politologo, Especializado en Cultura de Paz y DIH


Cuando hablamos de democracia, hacemos referencia a que somos un Estado social de derecho, democrático, participativo y destacamos como nuestra democracia es respetuosa de los derechos politicos de la persona, de participar en las colectividades politicas y retirarse libremente, sin limitación alguna,  cuando considera que las ideas y programas son contrarios a los ideales del afiliado.

Los derechos politicos son el instrumento que posibilitan al ciudadano para  participar en la vida publica, configurar y decidir en la vida politica del Estado; y en el ambito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hacen parte de los derechos denominados de primera generación o derecho de la libertad, como es elegir y  postularse para ser elegido para ocupar un cargo publico a nivel nacional, regional o municipal, asi como el derecho de adherirse libre y soberanamente a un partido o movimiento politico.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en su preámbulo la importancia de consolidar en el Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, destacando como “el principio de la legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son inseparables y que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, complementa y adquiere sentido en función de los otros".

De ahí la importancia que los derechos políticos tienen dentro de los instrumentos internacionales para el fortalecimiento de la democracia y la salvaguarda de los derechos humanos, al posibilitar al ciudadano, mediante su ejercicio, tomar parte en el gobierno y participar en elecciones sin limitación alguna, excepto las que tienen relación con la perdida de los derechos politicos por condenas judiciales.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha establecido procedimientos internacionales sobre materias que ya no se consideran normas exclusivas de la jurisdicción interna de cada país, como es el caso de la democracia, los derechos humanos, y la nacionalidad y que estan orientadas a reconocer, garantizar y proteger los derechos políticos de los ciudadanos, entre los que están el derecho a elegir por medio del voto y a ser elegido.

El sistema politico colombiano, contrario a las normas internacionales que reconoce y protege los derechos politicos de los ciudadanos, promueve y aprueba leyes, dirigidas a limitar el derecho politico que tenemos los ciudadanos a adherirnos o retirarnos voluntariamente de una colectividad politica, cuando consideramos que sus actuaciones son contrarias a los postulados democraticos que defendemos, buscando otras alternativas de asociación politica afines a nuestros ideales de justicia y democracia; mas cuando con esas normas se quiere desconocer y limitar la voluntad mayoritaria del pueblo, de una alternativa politica que exprese y represente sus intereses en materia de inversión social, mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población mas vulnerable y de mayor participación ciudadana.  

Hector Gros Espiell, Exdirector del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, manifestaba  que la  legitimidad del poder político en la democracia, sólo puede resultar del ejercicio de la voluntad del pueblo manifestada en elecciones libres , con multiplicidad de partidos políticos, sin exclusiones discriminatorias.

En conclusión, no puede haber legitimidad democrática fuera del marco que resulta del origen popular del poder político.

viernes, 9 de enero de 2015

EL PROXIMO ALCALDE Y LA POLITICA SOCIAL EN LA CIUDAD DE CALI



Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
  Corporación Concertemos

Hablar del proximo alcalde que necesita Santiago de Cali, desde una visión  humanista y social, pasa por revisar los avances en materia de politica social, superación de la pobreza, mejoramiento y ampliación de los servicios de educación, salud, servicios públicos, el medio ambiente, reducir los niveles de desempleo, asi como la ampliación de los espacios de participación ciudadana y de lucha contra la corrupción.

El  municipio es la instancia del estado más cercana a la ciudadanía, por lo tanto le corresponde atender las múltiples necesidades y demandas ciudadanas que aporten a mejorar su calidadde vida, por lo tanto debemos enteder al municipio como una empresa, gerenciada por el alcalde, que por su carácter social, implica que a través de su gestión produzca bienes y servicios en materia de salud y educación, promoción del desarrollo económico y provisión de los servicios públicos sociales, entre otros.

El nuevo mandatario debe tener la capacidad de comprender y sentir las necesidades mas urgentes de la comunidad, reflexionar sobre esas problemáticas, y desarrollar estrategias que contribuyan a solucionar esos problemas sociales que afectan la población, teniendo en cuenta que hoy contamos con unos ciudadanos y ciudadanas mas deliberantes y participativos frente a los asuntos públicos, aportando a la formulación de politicas publicas que contribuyan al desarrollo y bienestar de la ciudad.

La inversión social es un agente generador de calidad de vida ya que mediante la planeación de la inversión pública, el fortalecimiento de la gestión de recursos por prioridades y la búsqueda de la estructura económica acorde a las necesidades y precariedad de la población, señala una visión adecuada en la solución escalonada de los problemas sociales y se convierte en un proceso sustentable y sostenible en el tiempo.

En ese contexto, al ciudadano le asiste una gran responsabilidad en la decisión que tome al momento de votar y elegir al nuevo mandatario de los caleños para los proximos 4 años, entendiendo que debe ser una persona eficiente, eficaz, con las mas amplias calidades éticas, morales, profesionales y politicas, para cumplir con sus funciones constitucionales y del mandato que le otorga la ciudadanía, y no caer en la trampa del clientelismo y la compra de votos que nos conduce a elegir personas que no estan adecuadamente preparadas para el ejercicio del poder, lo que ha facilitado la pobreza, la negligencia, el atraso y la corrupción que padece el país.

viernes, 12 de diciembre de 2014

DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA

Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación Concertemos

Cada 10 de diciembre se conmemora, en el mundo, el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que entidades publicas y Ongs defensoras de los derechos humanos, realizan balances frente al respeto a los derechos básicos e inalienables de los ciudadanos.

En el caso de Cali, la Personería presento el Tercer Informe, en el que hacen un análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de los habitantes de la ciudad ocurridas durante el año 2014.

Un aspecto importante que destaca el documento es la relación de los niveles de pobreza, que si bien no es la causa directa de la violencia, si destaca algunas relaciones entre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de la población de Cali, la situación crítica de violación de derechos humanos y los efectos de estas en los índices de violencia e inseguridad en la ciudad, así como su afectación a los derechos fundamentales.

Es indudable que una política de respeto de los derechos humanos, está ligada a las condiciones económicas y sociales de la población, en las que el Estado tiene una gran responsabilidad, garantizar el cumplimiento de esos derechos. Los derechos sociales nacen en el derecho público y su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales, garantizando una mayor equidad en la implementación de las politicas sociales.

El 11,1 por ciento de los habitantes de Cali carecen por lo menos de una de sus necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje más crítico se presenta en la zona rural, donde hay un 18,92% de la población, especialmente en algunas comunas en la que la mayoría de hogares se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, donde el indicador de NBI está por encima del 17%, como señala el informe de la Personeria de Cali, y es precisamente en esas zonas en las que los niveles de inseguridad, la polución de pandillas y grupos de la criminalidad organizada son muy elevados.

Este diagnóstico en materia de derechos humanos, que abordó el tema de la pobreza y la desigualdad social, nos permite hacer algunas reflexiones frente a esa situación, en momentos que en el Cali se abre el debate sobre cuales deben ser las principales prioridades del nuevo mandatario local; que se elegira el proximo mes de octubre del 2015.

Una politica de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población mas vulnerable, como parte integral de los derechos humanos, pasa por mejorar las politicas en materias de Educación, entendida esta no solo como el crecimiento en la cobertura de la educación publica, sino que este acompañada de programas en materia de bienestar, seguridad alimentaria y calidad en la formación de los educandos, asi como de programas complementarios en materia de convivencia ciudadana; mejoramiento de los servicios de atención en materia de salud, que si bien es cierto para el caso de Cali el acceso a los servicios de salud es amplia, puesto que el 67, 5% de la población está en el régimen contributivo y el 32,5%, en el régimen subsidiado, según informe de la Personería, hay deficiencias en la calidad y la atención en la prestación del servicio, incrementándose el número de quejas ante entidades como la Personería de Cali, la Oficina de la Defensora del Paciente de la Alcaldía de Cali y la Defensoría del Pueblo.

La tasa de desempleo en la ciudad de Cali esta por el orden del 13%, siendo una de las ciudades con el mayor número de personas desempleadas en comparación con las tasas a nivel nacional, afectando especialmente a los jóvenes, siendo vulnerables a ser reclutados por bandas delincuenciales, ante la falta de oportunidades de trabajo, en condiciones dignas, con salarios justo y de una seguridad social integral. Una política de formación para el trabajo, debe estar dirigida a capacitar a los jóvenes, que le permita generar sus propias iniciativas de inserción laboral, a través de proyectos asociativos, generándoles ingresos.

El nuevo gobierno de Cali debe trazarse como objetivo, mejorar la situación de bienestar social de la población, dentro de una politica de equidad, teniendo en cuenta la diversidad etnica y cultural, asi como sus potencialidades, garantizando los medios e instrumentos que promuevan el desarrollo de las actividades económicas, profesionales y laborales, diseñar estrategias que garanticen la equidad en la asignación de recursos públicos y la adopción de medidas a favor de la población mas vulnerable, fomentando la participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida y bienestar social de la comunidad, en el marco de una politica de fortalecimiento de la democracia participativa, el dialogo social y de respeto a los derechos humanos.