CARTA ABIERTA DE ANGELINO GARZON

DIALOGO SOCIAL Y DERECHOS SINDICALES

Julio E. Higuera

Director Ejecutivo

Corporación para el Desarrollo del Dialogo. la Concertación y la Cultura de Paz "CONCERTEMOS"

Se ha reactivado la violencia y amenazas contra dirigentes sindicales en el Valle del Cauca. En una comunicación del grupo criminal los Rastrojos, han declarado objetivo militar a destacados dirigentes sindicales, bajo el argumento de ser aliados de las organizaciones guerrilleras de la región y conminándolos a dejar de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, por mejores condiciones laborales.

El derecho de asociación, es un derecho que hace parte de las libertades individuales, y es la posibilidad que tiene toda persona de crear o adherirse libremente a una asociación, y a través de la misma desarrollar aquellas actividades para la cual fue creada, sin ser víctima de amenazas o intimidación por el cumplimiento de los objetivos de su agremiación.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical; brindándoles todas las garantías a sus dirigentes, por cuanto los derechos labores, las libertades sindicales, el derecho a la huelga y a la protesta social, están consagrados en la Constitución y en la normatividad de los Derechos Humanos.

En ese sentido es necesario rechazar la actitud de diferentes sectores de la sociedad, así como grupos ilegales al margen de la ley, intolerantes, que descalifican la labor de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes, atentando con los derechos ciudadanos de asociarse y expresarse libremente, siendo generadores de violencia y en contra del dialogo, la concertación para el fortalecimiento de una cultura de paz.

Los diálogos del gobierno del Presidente Santos con las Guerrillas de las FARC, los acercamientos con el ELN, generan un ambiente favorable para el fomento del dialogo social, para el fortalecimiento de la participación democrática de las trabajadores y sus organizaciones sindicales, los empresarios y sus organizaciones gremiales y el gobierno en el orden nacional, regional y municipal, buscando acuerdos que le brinde garantías a las organizaciones sindicales y sus dirigentes; así como en la construcción de acuerdos que permita “lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas”[1].

La mejor respuesta de la Sociedad Civil y el Estado Colombiano, a las amenazas proferidas por esos grupos al margen de la ley, es avanzar en la construcción de escenarios en las que el dialogo social sea el mejor instrumento para fomentar mejores condiciones en las relaciones de trabajadores, empresarios y el Estado, contar con unas organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes capaces de fomentar y participar en procesos de diálogo y concertación.

Para promover el diálogo social, se hace necesario que exista voluntad política y el compromiso de todas las partes de fomentar el diálogo; el respeto de los derechos fundamentales representados por la libertad sindical y de negociación colectiva; y naturalmente el apoyo institucional para crear un entorno político favorable que permita a las organizaciones de empleadores y trabajadores actuar libremente con garantías y respeto a las opiniones de las partes, brindándole todas las garantías jurídicas e institucionales para garantizar y fortalecer las organizaciones representativas de los trabajadores, como de los empleadores.

Para la OIT, “El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo."[2]

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[1] Declaración de Filadelfia. OIT

[2] Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa

CARTA ABIERTA DE ANGELINO GARZON

Apreciad@s Amig@s: Les compartimos la carta Abierta del Ex-vicepresidente de la República Doctor Angelino Garzón

 

LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN LOS DIALOGOS DE LA HABANA

Julio E. Higuera*

La inclusión del tema de los derechos de las víctimas en el acuerdo General para poner fin al conflicto armado, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC EP, motivo la convocatoria de los foros regionales que hoy culminan con la realización del Cuarto Foro Nacional de Victimas del Conflicto Armado en Colombia, centrando el debate en torno a la participación y formulación de las propuestas que presentaran en la mesa de negociación de las Farc y el Gobierno Nacional en la Habana y se desarrolla en medio de una arremetida violenta de las guerrillas de las FARC en gran parte del territorio nacional, con un gran costo en víctimas de la población civil

La responsabilidad de la ONU y la Universidad Nacional, designados por los negociadores de paz para organizar las propuestas, es garantizar que el drama de más de 6,5 millones de víctimas, llegue la mesa de negociación de la Habana. No es un tarea fácil, este conflicto armado de más de 50 años, ha dejado víctimas de las Farc, del ELN, de los grupos paramilitares, de la organizaciones criminales y del narcotráfico y agentes del estado, con profundas heridas, dividiendo a las víctimas entre los que reclaman la responsabilidad de las organizaciones guerrilleras, especialmente de las Farc, y los que señalan y responsabilizan a las organizaciones del paramilitarismo, asociados con agentes del estado y la ausencia de reconocimiento de representatividad, que muchas de ellas manifiestan, frente a las organizaciones existentes y los mecanismos institucionales establecidos para la representación de las víctimas, como es el caso de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, establecida por la ley 1448 del año 2011. 

Que las víctimas del conflicto armado sean reconocidas y escuchadas con amplias garantías, es un derecho ciudadano que les asiste, y no puede convertirse en un mero formalismo, pues son precisamente ellas las que han demandado por muchos años el derecho a participar en todos los asuntos que procuren la solución al conflicto armado y particularmente el restablecimiento a los derechos de las víctimas, vulnerados por los efectos de la guerra. 

La representación de las víctimas, pese a que no es un proceso fácil ya que cualquier escogencia que se haga generara inconformidades, pues es difícil satisfacer un espectro tan amplio y diverso, es un escenario importante para la construcción de la paz y garantizar los derechos de las víctimas, es una oportunidad histórica en la que se encontraran con los responsables directos de la guerra, quienes deben responder y dar razón de cientos de ciudadanos de quienes hoy no hay información, establecer mecanismos que permitan acceder al derecho a la justicia, a la reparación integral, a las garantías de no repetición, bases para la construcción de una verdadera reconciliación nacional; pero también debe ser aprovechada de la mejor manera, en beneficio no sólo de las víctimas, sino fundamentalmente en procura de hallar caminos que permitan la construcción de acuerdos para poner fin al conflicto armado, exigiéndole a las FARC y al Gobierno Nacional, para que se comprometan a la firma de un acuerdo de paz este mismo año, que permitan dar solución definitiva a las causas que originaron el conflicto armado y el desarrollo de la paz con justicia social y democracia plena.

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* Politólogo, Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario 

VOTO OBLIGATORIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

En el pasado debate electoral, en el que se eligió Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2014 – 2018, el nivel de participación estuvo alrededor del 48%, con una abstención del 52%, registrando un leve aumento en comparación a la 1ª vuelta en la que la abstención alcanzo la cifra del 60%.

El artículo 40 de la Constitución Política establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”[1] y entre los mecanismos con los que se cuenta para hacer efectivo este derecho están el de elegir y ser elegido, así como tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. La participación en las últimas elecciones para Congreso, Presidencia y Vicepresidencia de la República refleja que los niveles de indiferencia frente a procesos democráticos como son elegir libremente nuestros representantes en las corporaciones públicas y gobernantes municipales, regionales y nacionales, están aún por debajo del 50%.

Quedo demostrado que el voto voluntario permite que la tasa de participación sea muy baja, mientras que el establecimiento del voto obligatorio hace que los niveles de participación sean superiores, por ejemplo en Uruguay los niveles de participación están por encima del 90%, En América Latina, a excepción de Colombia y Nicaragua; el voto obligatorio es norma constitucional en el derecho al sufragio. 

En Colombia observamos que el voto voluntario, conduce a una participación desigual según el nivel socio-económico. Así, los estratos bajos tienden a votar menos que las personas de nivel socio-económico medio y alto, de modo que permite que sean estos sectores sociales los que decidan por el conjunto de la población; lo que significa que mientras el voto voluntario conduce a una democracia pasiva, basada en una ciudadanía de baja intensidad, el voto obligatorio conduce a una democracia activa, basada en una ciudadanía de alta intensidad, ya que en estos últimos hay mayor conciencia ciudadana, basada en el ejercicio de sus derechos y deberes de participación en los procesos democráticos.

El escepticismo y poca credibilidad en la clase política, que en medio de los escándalos buscaron polarizar al país, en las pasadas elecciones presidenciales, generando todo tipo de acusaciones y calumnias, desmotivaron al ciudadano para ejercer el derecho al sufragio, al no encontrar alternativas que expresaran sus intereses y optan por no participar del proceso electoral. 

El voto obligatorio es una herramienta con la que cuenta el ciudadano, para manifestar su inconformidad con los líderes y partidos políticos que al no interpretar su interés pueden ser castigados votando en blanco como una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos y se constituye en una valiosa expresión del disenso a través del cual se promueve la protección de la libertad del elector[2]. 

El artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2009, establece que "Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de los votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría y no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral cuando se trata de elección para corporaciones públicas y para el caso de alcaldes, Gobernadores o Presidente y Vicepresidente de la República, deberán presentar una nueva baraja de candidatos.

Es equivocada la apreciación de que la abstención es una forma de expresar la inconformidad ciudadana, por el contrario ayuda a que una minoría sea la que decida, fortalece el clientelismo y las maquinarias políticas. Con el voto obligatorio el ciudadano podrá elegir, de manera autónoma y soberana, a sus gobernantes cuando interpreta su interés o por el contrario castiga a aquellos candidatos y colectividades políticas que han actuado a espaldas de sus electores.

En conclusión el voto obligatorio, más allá de ser un deber moral o legal, evita que unos grupos sociales minoritarios monopolicen el poder político, cosa que de hecho ocurre con el ejercicio voluntario del sufragio. 

[1] Constitución Política de 1991. Articulo 40

[2] Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política).

ETICA DE LA RESPONSABILIDAD

Mauricio García Villegas*

Tomado del Espectador

Mayo 30 de 2014

En una entrevista publicada en este diario, el senador Jorge Robledo reitera su idea de que Santos, Zuluaga y Uribe son la misma vaina, e insinúa que, por coherencia ideológica y en defensa de sus principios, no votará por ninguno de ellos.

En un país en donde la clase política no es fiel a nada, ni a nadie, las ideas de Robledo suenan bien, más aún viniendo de un senador comprometido y juicioso como es él. Pero a mí no me convencen. Robledo puede, por supuesto, votar en blanco. Lo que no creo que pueda es decir que lo hace por coherencia y rectitud ética. Me explico.

Según Robledo, un político recto es aquel que tiene claro cuáles son sus principios y que no negocia con ellos. Pero esta actitud tiene al menos dos problemas. En primer lugar, los fines políticos (justicia, libertad, desarrollo, igualdad, etc.) pueden ser claros en la letra (uno a uno), pero son difíciles de conciliar en la práctica. El desarrollo económico y la protección del medio ambiente, por ejemplo, son importantes en una sociedad. Pero no se puede lograr todo lo que se quiere de cada uno. Hay que elegir el mayor grado posible de desarrollo, compatible con el mayor grado posible de protección al medio ambiente. Esos grados son discutibles y uno debe negociar entre ellos.

El segundo problema es que la relación entre los medios y los fines políticos tampoco es clara, como bien lo explicó Max Weber en un texto célebre sobre la ética de la convicción de los santos y la ética de la responsabilidad de los políticos. Ni siquiera los santos pueden evitar el hecho de tener que optar, a veces, por ciertos medios indeseables para lograr fines valiosos (la mentira piadosa, por ejemplo). En el caso de los políticos, esto es aún más forzoso. Un político responsable puede verse abocado a ceder parte de sus principios o incluso a negociar con sus enemigos políticos con tal de evitar males mayores. Eso fue lo que hizo Mandela en Sudáfrica para acabar con el apartheid. Otra cosa es negociar para obtener fines personales. La ética de la responsabilidad nos exige afrontar las consecuencias de nuestros actos sin liberarnos de la exigencia que tenemos de justificar los medios que utilizamos.

Robledo nunca negocia, ni siquiera cuando de ello depende que gente humilde mejore las condiciones en las que vive. No lo hizo para defender el programa de restitución de tierras y no lo hace ahora, cuando su voto ayudaría a que la paz se consiga. Y siempre invoca la pulcritud moral de sus actos. Es cierto que hay ocasiones en las que hay que defender principios a toda costa, como ocurre cuando alguien se niega a torturar a un delincuente para obtener información que conduzca a la captura de sus cómplices. Pero este no es el caso de Robledo. Primero, porque apoyar a Santos no es un delito, y segundo, porque ese apoyo está encaminado a lograr la paz, que es un bien inmenso para este país. Un santo puede, en su lógica religiosa, ser fiel a sus principios, así ello implique que el mundo se derrumbe. Un político responsable, en cambio, no puede hacer eso y luego decir: “de malas, es culpa de este país, no mía”.

Un político responsable de izquierda (no sólo de izquierda) diría, creo yo, lo siguiente: prefiero pagar el costo de tener que apoyar a un presidente con el que tengo muchas diferencias, que afrontar las consecuencias (éticas) de contribuir a frustrar un proceso de paz que durante años, quizás décadas, cargará con miles de muertos. Por eso, voto por él, para que logre la paz, lo cual no me impedirá hacerle oposición en todo lo demás.

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* Columnista del periódico EL Espectador - Doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva en Bélgica con estudios posdoctorales en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos); abogado especializado en el estudio y la enseñanza de Teoría Legal, Sociología del Derecho, y Derecho Constitucional en universidades

colombianas e internacionales. 

LA PAZ: UN PROPOSITO NACIONAL MAS ALLA DE LAS IDEOLOGIAS

Julio E. Higuera*

Los resultados de la primera vuelta para la Presidencia de la República, que dejo como ganador a Alvaro Uribe, quien esta aspirando a la Presidencia en cuerpo ajeno – Oscar Iván Zuluaga-, tendrá que enfrentarse al Presidente Candidato Juan Manuel Santos en una segunda vuelta y naturalmente definir el rumbo que tomara el país en los próximos cuatro años; si continuamos por el camino de alcanzar la paz y la reconciliación nacional o retrocedemos a los tiempos de guerra, violación de los derechos humanos, chuzadas, falsos positivos y recorte de los derechos ciudadanos.

El debate en la izquierda giro en torno a la posición que debían fijar para la segunda vuelta presidencial. Pese a que la gran mayoría de los sectores de la izquierda coinciden en que las diferencias políticas entre Santos y Zuluaga son limitadas, en materia de política económica y social, se puede afirmar que la actuación del gobierno actual, en temas como el respeto a los derechos humanos y de libertades democráticas, se logro un avance importante en comparación con el gobierno anterior, basta con recordar, entre otros, el pésimo panorama de los derechos humanos bajo los ocho años de poder de Uribe y el espionaje y señalamientos sistemáticos a los opositores de tener relaciones con la insurgencia y de la penetración de la criminalidad paramilitar dentro del Estado colombiano.

El común denominador de todas estas fuerzas es su apoyo y defensa de los diálogos de paz que se vienen desarrollando en la Habana entre las guerrillas de las Farc y el Gobierno Nacional, los cuales están seriamente amenazados por el Candidato del Centro Democrático, quien ha manifestado, irresponsablemente, la suspensión de los mismos hasta que las Farc se someta a unas condiciones inamovibles que les impondría, si llega a la Casa de Nariño. 

Más allá de los debates ideológicos, nutridos de radicalismo, se debe valorar los avances en materia de diálogo y negociación para poner fin a este conflicto de más de 50 años, blindándolo contra las pretensiones llenas de odios y venganza, por situaciones personales sufridas en el pasado, en las que quieren involucrar, Uribe, al conjunto de la sociedad. 

El eufemismo del senador Jorge Robledo de que Santos y Uribe son exactamente lo mismo, subestimando la importancia que tiene para el país el final del conflicto armado, argumentando un supuesto purismo ideológico, dando a entender que un militante de izquierda no podría votar por Santos en la segunda vuelta, que si el Polo llama a votar por Santos significaría que el partido ya no podría estar en la oposición en un eventual segundo mandato; no son más que dogmas ideológicos, alejados de la realidad y olvidando la historia electoral de la izquierda, en el pasado, incluyendo al Moir, en las que se construían acuerdos con sectores de los partidos tradicionales para la Presidencia, Congreso de la República o Corporaciones Públicas regionales y municipales, solo con el propósito de alcanzar escaños en esos espacios de elección popular, dejando de lado las diferencias ideológicas y trabajando por un bien común.

La responsabilidad es con el conjunto de la sociedad, más allá del interés partidista, y en la coyuntura actual debe girar en torno a la defensa de la paz como un propósito nacional que supere cualquier interés particular o grupista.

Votar por Santos, no significa renunciar a los idearios de izquierda, todo lo contrario, es crear las condiciones para que estos idearios puedan seguir creciendo, no solamente desde el Congreso, sino desde todos los espacios de participación ciudadana y es asumir un compromiso, que ha sido bandera de la izquierda democrática, de apoyar la búsqueda de la paz mediante la solución política negociada. Tomar una decisión contraria, sin efecto constitucional, como es el voto en blanco o la abstención, pueden ser contraproducentes y puede terminar favoreciendo a los que buscan perpetuarse en el poder e instaurar una dictadura guerrerista y de permanente violación de los derechos humanos. Nada más acertada la posición asumida por el Senador Electo del Polo Democrático Iván Cepeda, al manifestar que “Cruzarse de brazos es acabar con la paz, la institucionalidad y el país”.

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* Politólogo, Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario.