Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación Concertemos
Los hechos ocurridos,
durante esta semana, en la Universidad Pedagógica, en la que un grupo de
encapuchados incendiaron un bus de servicio publico con pasajeros, abre el
debate en torno al papel y la “legitimidad” de estas acciones terroristas que
ponen en riesgo la vida de ciudadanos usuarios del transporte público.
La presencia de grupos
encapuchados en las universidades públicas es pan de cada día. En los años
setenta y ochenta algunos movimientos estudiantiles y juveniles de izquierda,
afines a las organizaciones guerrilleras, señalaban que “toda forma de lucha era
válida” y en esa concepción privilegiaban el tropel.
Pese a que los
tiempos han cambiado, en algunas fechas del calendario académico se establece el ritual de enfrentamientos de
grupos de encapuchados con las fuerzas del ESMAD, en las que hay una
combinación entre las papa bombas y gases lacrimógenos, creando un escenario de
confrontación, en las que se estigmatiza
a las universidades públicas como centros generadores de violencia y terror.
Para algunos sectores
de la opinión, los encapuchados son la expresión del descontento de un sector
de la sociedad más politizado, para otros sólo vándalos que buscan cualquier
pretexto para hacer destrozos y desmanes. Pero al interior de estos centros de
educación superior la visión que tienen estudiantes, académicos y trabajadores sobre los llamados encapuchados de las
universidades es muy diferente, pues la presencia de estos grupos en recintos
universitarios no siempre está asociada a protestas por demandas estudiantiles
o de los trabajadores; es la expresión y la presencia de organizaciones alzadas
en armas, así como de grupos que expresan nuevas culturas alternativas entre la
juventud, metaleros, Punkeros, Emos entre otros. Algunos de estos grupos creen y
justifican que su práctica pasa por una manifestación violenta.
Se puede estar de
acuerdo o en desacuerdo con esa apreciación, pero debemos aceptar que existe este
tipo de manifestaciones en las instituciones educativas, tanto del sector
público como privado, como tampoco podemos descartar que en estas acciones puedan
haber infiltrados, en muchas ocasiones enviados por organismos de seguridad, con
el fin de desacreditar las instituciones de educación pública y buscar su
cierre o privatización.
Pero mas allá de los orígenes y los argumentos que se pueden esgrimir para
justificar estas acciones violentas, como una alternativa para expresar su
inconformidad o rechazo a las políticas gubernamentales, se está en mora de abrir el debate, al interior de las
instituciones educativas, con estudiantes, profesores, trabajadores y
directivas, sobre la conveniencia y legitimidad de estas acciones como una
forma de expresión ciudadana, especialmente del movimiento estudiantil, o son simples actos de una violencia irracional de grupos ajenos a la comunidad
universitaria.
Sin duda, es un tema que nos hace reflexionar sobre el porqué de ésta
expresión de violencia, que debe ser mirada no sólo desde los ojos del que
están detrás de una capucha, sino desde la sociedad universitaria y la sociedad
en su conjunto.
