Unidad, una condición para alcanzar la presidencia

El tiempo pasa y las posibilidades de un acuerdo de unidad entre los diferentes sectores de izquierda y movimientos alternativos, es cada vez más lejana; mientras que en los sectores de derecha, pese a las diferencias existentes entre realizar una consulta o encuesta para definir el candidato a la Presidencia y Vicepresidencia; es ineludible el acuerdo que les permitirá llegar a primera vuelta con una formula definida.

La derecha se la juega a fondo para hacerse con el control del poder, y así trazar un nuevo rumbo en la conducción del estado, en la que, innegablemente, la revisión de los acuerdos de paz, firmados con las Farc, estará en el orden del día, en lo que se convertiría en una retaliación del Uribismo contra los miembros de las antiguas guerrillas de las Farc, buscando castigarlos llevándolos a la cárcel o extraditándolos por los delitos cometidos durante 53 años de conflicto armado y negándoles el derechos para su participación en política sin armas.

Ante el evidente peligro, que pone en riesgo el proceso de paz, pareciese que en los sectores comprometidos con la firma de los acuerdos y su implementación, prevaleciera más los intereses particulares de cada sector y del candidato que los representa; que la necesidad en buscar un acuerdo que les permita llegar unidos a  primera vuelta y así brindar los logros alcanzados en materia de paz y reconciliación; facilitándole el camino a quienes sueñan con volver a un pasado con posiciones retardarías, basadas en seguir alimentando los odios y la discriminación de clase.

En la Constitución Política la paz es un derecho y, en primer lugar, un deber para los ciudadanos, especialmente de quienes buscan alcanzar espacios de poder a nivel legislativo o en el ejecutivo. Es incomprensible que los diferentes aspirantes presidenciales, comprometidos con la paz, se llenan la boca hablando del compromiso que asumen con los ciudadanos, en defender y continuar con la implementación de los acuerdos de la Habana, mientras en sus actuaciones y declaraciones el enfoque que le dan a sus campañas va en sentido opuesto, descalificando a quienes podrían ser sus eventuales aliados, privilegiando el interés individual y grupista a los intereses y el bien común de la población, de vivir en una sociedad reconciliada con equidad y justicia social.

Desde diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía ha sido reiterativo el llamado a la unidad de quienes mantienen su compromiso con la paz y la reconciliación, privilegiando los que los une sobre las diferencias, que en ultimas se convierte en la fuerza transgresora del aislamiento político, colocando en riesgo la posibilidad de llegar a una segunda vuelta y/o alcanzar la Presidencia de la Republica.

Son más las coincidencias entre Fajardo, Petro, De la Calle, Carlos Caicedo y Clara López, que las diferencias, las cuales están basadas en descalificaciones y cuestionamientos personales mutuos; la arrogancia y el sectarismo reinante; comportamientos que conducen a la división, alejando la posibilidad de un encuentro para hablar en torno a lo que está en juego y a reconocer que solo mediante el diálogo democrático y sincero se puede garantizar llegar a acuerdos, construyendo las bases de una propuesta de convergencia, en el entendido que si se quiere alcanzar la Presidencia de la Republica, lo más importante es la unidad.

Elecciones 2018. ¿Seguirán Repitiendo la Historia?

Julio E. Higuera

Ariel Avila, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación, percibe como trágico el futuro de los sectores independientes y de izquierda, de cara a las elecciones del 2018. Las razones que expone entre otras son, los crímenes contra líderes sociales y desmovilizados de las Farc que genera temor en la población, en sectores sociales y de izquierda de que se repita los trágicos acontecimientos de extermino como los ocurridos contra líderes de la UP; así como los egos reinantes entre los aspirantes a la Presidencia, las descalificaciones mutuas que acrecientan las diferencias y la división reinante dificultando la posibilidad de un acuerdo de unidad, dando al traste con la posibilidad de convertirse en la alternativa que el país reclama.

Históricamente, la presencia de los sectores políticos de izquierda en la dinámica política del país se ha desarrollado en medio de las diferencias por principios ideológicos y de lucha por su posicionamiento en los procesos sociales y del sindicalismo colombiano. Los mejores momentos de participación en procesos electorales, de estos sectores, ha sido con el surgimiento de la Unión Patriótica, como resultado de la Tregua pactada entre las Farc y el Gobierno en 1986, en las que el candidato presidencial Jaime Pardo Leal, obtiene el 4.6% de la votación y una importante representación en el Congreso, con 8 parlamentarios. La AD-M19 alcanzo el 26% de los votos, en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y el candidato del Polo Democrático Alternativo Carlos Gaviria, alcanza el 22% en las elecciones presidenciales del 2006, siendo la más alta votación obtenida por la izquierda en su historia.

En los últimos años se han logrado importantes avances electorales con una significativa representación en el Congreso de la Republica que les  ha permitido asumir una oposición seria, ejerciendo el control político basados en los principios de transparencia y lucha contra la corrupción.

Las condiciones actuales de postconflicto, con un país polarizado entre sectores de extrema derecha, que tienen como propósito hacer trizas los acuerdos de paz y quienes se mantienen en la defensa de los acuerdos de la Habana y la reinserción a la vida política y social de los miembros de las Farc; los escándalos que han puesto al descubierto los alcances de la corrupción, que permeo a las esferas de la justicia y las altas cortes, en lo que se ha denominado como el cartel de las togas; así como a los partidos políticos y sectores empresariales entre otros; creó un nuevo escenario en la que proyectos alternativos independientes y de izquierda están liderando las encuestas de opinión hacia las elecciones presidenciales del 2018, con propuestas dirigidas a recobrar la ética, la moralidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. 

Pero la división reinante en esos sectores políticos,  pueden conducirlos a un debacle electoral, permitiendo la llegada, nuevamente, de la extrema derecha a la Presidencia de la Republica colocando en grave riesgo la implementación de los acuerdos de paz; así como de los avances en los diálogos con el ELN.

Las posibilidades de ganar o pasar a segunda vuelta en la próxima contienda presidencial, no se vislumbran nada fácil para los sectores independientes si insisten en llegar divididos a primera vuelta con candidatos propios, descartando la posibilidad de una coalición amplia de unidad; repitiéndose nuevamente la historia de procesos anteriores en los que se termina respaldando al candidato menos malo de quienes alcanzan el cupo a segunda vuelta.

 

Una Coalición Amplia y Democrática

Julio E. Higuera

El Acuerdo político que compromete al Partido Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, para presentarse en una Coalición Ciudadana por Colombia,  tiene como propósito presentar candidato único a la Presidencia de la Republica, conformar listas únicas al Congreso, naturalmente si en la reforma de Equilibrio de Poderes queda habilitada la posibilidad de hacer coaliciones interpartidistas; así como avanzar en un proceso que vaya mas allá de las elecciones del 2018, pensando en los comicios del 2019, en las que se define el poder local y regional.

La propuesta bandera de esta coalición es la lucha contra la corrupción, el clientelismo y de compromiso con la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc. Los compromisarios de esta propuesta Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, acordaron acatar los resultados del mecanismo que se establezca para designar el candidato a la Presidencia para las elecciones del 2018. Pese a que no cierran la posibilidad a que otros sectores políticos hagan parte de esta coalición, no es claro si en la propuesta política tienen cabida y en qué condiciones, sectores o personas de otras procedencias políticas y sociales interesadas en hacer parte de este proyecto, para no caer actitudes descalificadoras basadas en falsos puritanismos.  Los resultados de las encuestas de opinión, realizadas hasta el momento, dejan en claro que ningún candidato tiene la posibilidad de ganar sin la construcción de un acuerdo con otras fuerzas políticas.

Este primer paso nos demuestra que es posible liderar, a pesar de las diferencias, una coalición de sectores democráticos comprometidos con la paz y la reconciliación, sin exclusiones, que tenga como principio básico dignificar la participación ciudadana en las decisiones democráticas del país, colocando por encima de las aspiraciones individuales la posibilidad de la construcción de una nueva cultura política, alejada del clientelismo y la corrupción para acceder a cargos de elección popular, como son la compra de conciencias mediante preventas burocráticas o compra de votos, para ganar la voluntad ciudadana.

La decisión de varios aspirantes a la Presidencia de la Republica, de no buscar el aval de los partidos políticos tradicionales, sino por la vía de la recolección de firmas, revela la indiscutible crisis de legitimidad y credibilidad de esas colectividades, afectadas por las dinámicas de corrupción y clientelismo que se generan al interior de los mismos, y que tienen en la cárcel o con investigaciones judiciales, a varios de sus dirigentes con asiento en el congreso o que ostentaron cargos públicos de responsabilidad en los últimos gobiernos; produciendo una bajísima confianza en una franja importante de la ciudadanía, que reclama un cambio en la conducción del estado, recuperando valores como la ética y la transparencia en la gestión pública.

Esta crisis de credibilidad en la clase política actual, es la oportunidad para que pasemos esta página dolorosa de violencia e intolerancia generalizada, de corrupción en todas las instancias del estado, avanzando en la construcción de una sociedad basada en los principios de la solidaridad, la tolerancia, reconciliada con el medio ambiente, de respeto por los recursos públicos, de ruptura con el clientelismo y la politiquería, ejerciendo el derecho democrático del sufragio para elegir a candidatos limpios, alejados de esas prácticas; castigando a quienes por décadas se han lucrado del poder del estado y que no muestran arrepentimiento de sus actuaciones, por el contrario como lo señala el Papa Francisco, “viven del oportunismo, interiorizándose, incluso, con una máscara de hombre honesto, son personas que no acepta la crítica y descalifican a quien se las hace, buscando disminuir su autoridad moral, atacándolo con insultos y si puede persiguiéndolos”.

Solo con una propuesta de unidad, abierta a todos los sectores políticos y sociales, sin sectarismos, comprometidos con el desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc y de apoyo a los diálogos con el ELN; de lucha contra la corrupción, con la búsqueda de la equidad y el bienestar social; permitirá su triunfo en las elecciones del 2018. Optar por la división y la descalificación, facilitara el camino de hacerse nuevamente con el poder, de quienes insisten en mantener un país en conflicto y odios permanente, con inequidad social, afectando a la población más vulnerable del país.  

Los Escándalos de Corrupción relegan los temas de los Acuerdos de Paz.

Julio E. Higuera

Politólogo

Concluida la Fase de dejación de armas y dar el paso a convertirse en partido político, las Farc, el país centra toda su atención en un tema  que ha generado el desangre escandaloso de las finanzas del país como es la corrupción en las esferas del estado, destapando la olla podrida de la contratación pública, mediante la entrega de coimas para hacerse a millonarios contratos, incrementando los costos, la baja calidad de las obras y el incumplimiento en su entrega.

Según cálculos de la Contraloría General de la Nación el flagelo de la corrupción le cuesta al Estado cerca de 50 billones de pesos al año, es decir, en palabras del Contralor Edgardo Maya, casi un billón de pesos por semana, mientras que para la Procuraduría el monto equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una suma cercana a los 32 billones de pesos, lo que equivale a los recursos de inversión que tiene destinado el gobierno nacional para el presente año.

Son tan graves los casos de corrupción en el país: el Carrusel de la Contratación en Bogotá, Odebrecht, el Ex fiscal Anticorrupción que entorpecía investigaciones a cambio de cuantiosas sumas de dinero, Reficar, las irregularidades en el uso de las regalías en algunos departamentos, fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales, la captura del Contralor de Antioquia, por prevaricato por omisión y peculado por apropiación, la captura del Secretario de Seguridad de Medellín, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, Agro ingreso Seguro, solo por mencionar algunos de los más escandalosos hechos de corrupción; hizo que el tema de la implementación de los acuerdos de paz y la dejación de armas por parte de la Farc, pasara a un segundo plano de intereses ciudadano, para fijar su atención a los casi diarios escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del estado en todo los niveles.

Lo más indignante es que mientras el país se sumerge en el cáncer de la corrupción, en detrimento de las finanzas del Estado y de atención a la inversión social, la respuesta del gobierno es la aplicación de mas medidas tributarias antipopulares, que afectan el bolsillo de la población más pobre y vulnerable, otorgándole más beneficios al sector financiero y empresarial, premiando a la clase política con asiento en el Congreso, con reajustes salariales para este año por encima de los 2 millones de pesos al mes, mientras a los trabajadores colombianos les aprueban un reajuste al salario mínimo por debajo de los 50 mil pesos mensuales; negando derechos a los colombianos, como la reciente ley que reduce del 12 al 4 por ciento el pago de los aportes en salud, que beneficiaria a cerca de un millón de pensionados que reciben mesadas por debajo de 2 salarios mínimos, argumentando un hueco fiscal de 2,3 billones de pesos, cifra muy por debajo a los dineros que son saqueados de las arcas del estado mes por mes.

Es tan alto el grado de impunidad en las investigaciones y sanciones contra quienes incurren en esas faltas contra la ética y la moralidad pública; al no arrojar resultados positivos, o en caso de ser condenados, gozan de una reclusión privilegiada en centros especiales, o pagando sus condenas en sus suntuosas mansiones, al otorgarles la casa por cárcel, así como con rebajas de penas por aceptación de cargos pero sin devolver los dineros robados; sanciones que mas que castigar a los delincuentes de cuello blanco, los incita a continuar delinquiendo y saqueando el erario público.

Es lamentable que las raíces de la corrupción, asociada a la politiquería y el clientelismo, como una forma de financiación de las campañas políticas, sigan intactas frente a un Estado, Órganos de Control y Fiscalización paquidérmicos que estimula esas prácticas y al enriquecimiento fácil, en degradación de los valores y principios éticos y morales que deben caracterizar el ejercicio de la administración pública.

La ausencia de acciones del estado y de los órganos de control y fiscalización, que aparentemente deberían velar por la transparencia en la contratación y el buen manejo de los recursos públicos, ante la degradación y carrera que viene haciendo la corrupción en nuestro país; la iniciativa de consulta anticorrupción, promovida por diferentes sectores ciudadanos, alcanza el respaldo de más de 4.300.000 personas, para que en las urnas los colombianos decidan sobre medidas para ponerle fin a este delito, castigando a quienes incurran en estas prácticas; permitiendo que el ciudadano pase de estar quejándose permanentemente, a que con sus acciones en el marco de la participación ciudadana contribuya a eliminar el flagelo criminal en el sector público.

La Paz en Colombia, no solo se alcanza con el fin del conflicto armado y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, también implica la eliminación de la práctica de la corrupción en los sectores público, privado y en el conjunto de la sociedad, generando mayores niveles de transparencia, que garantice una mayor eficiencia en la inversión de los recursos públicos para el mejoramiento de la calidad de vida y equidad social de los colombianos; superando los niveles de desconfianza existente entre los ciudadanos, contribuyendo a la estabilidad política, económica, social y de construcción de una cultura ciudadana de paz y convivencia democrática.