Una Coalición Amplia y Democrática

Julio E. Higuera

El Acuerdo político que compromete al Partido Verde, el Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, para presentarse en una Coalición Ciudadana por Colombia,  tiene como propósito presentar candidato único a la Presidencia de la Republica, conformar listas únicas al Congreso, naturalmente si en la reforma de Equilibrio de Poderes queda habilitada la posibilidad de hacer coaliciones interpartidistas; así como avanzar en un proceso que vaya mas allá de las elecciones del 2018, pensando en los comicios del 2019, en las que se define el poder local y regional.

La propuesta bandera de esta coalición es la lucha contra la corrupción, el clientelismo y de compromiso con la implementación de los acuerdos de paz firmados con las Farc. Los compromisarios de esta propuesta Claudia López, Sergio Fajardo y Jorge Robledo, acordaron acatar los resultados del mecanismo que se establezca para designar el candidato a la Presidencia para las elecciones del 2018. Pese a que no cierran la posibilidad a que otros sectores políticos hagan parte de esta coalición, no es claro si en la propuesta política tienen cabida y en qué condiciones, sectores o personas de otras procedencias políticas y sociales interesadas en hacer parte de este proyecto, para no caer actitudes descalificadoras basadas en falsos puritanismos.  Los resultados de las encuestas de opinión, realizadas hasta el momento, dejan en claro que ningún candidato tiene la posibilidad de ganar sin la construcción de un acuerdo con otras fuerzas políticas.

Este primer paso nos demuestra que es posible liderar, a pesar de las diferencias, una coalición de sectores democráticos comprometidos con la paz y la reconciliación, sin exclusiones, que tenga como principio básico dignificar la participación ciudadana en las decisiones democráticas del país, colocando por encima de las aspiraciones individuales la posibilidad de la construcción de una nueva cultura política, alejada del clientelismo y la corrupción para acceder a cargos de elección popular, como son la compra de conciencias mediante preventas burocráticas o compra de votos, para ganar la voluntad ciudadana.

La decisión de varios aspirantes a la Presidencia de la Republica, de no buscar el aval de los partidos políticos tradicionales, sino por la vía de la recolección de firmas, revela la indiscutible crisis de legitimidad y credibilidad de esas colectividades, afectadas por las dinámicas de corrupción y clientelismo que se generan al interior de los mismos, y que tienen en la cárcel o con investigaciones judiciales, a varios de sus dirigentes con asiento en el congreso o que ostentaron cargos públicos de responsabilidad en los últimos gobiernos; produciendo una bajísima confianza en una franja importante de la ciudadanía, que reclama un cambio en la conducción del estado, recuperando valores como la ética y la transparencia en la gestión pública.

Esta crisis de credibilidad en la clase política actual, es la oportunidad para que pasemos esta página dolorosa de violencia e intolerancia generalizada, de corrupción en todas las instancias del estado, avanzando en la construcción de una sociedad basada en los principios de la solidaridad, la tolerancia, reconciliada con el medio ambiente, de respeto por los recursos públicos, de ruptura con el clientelismo y la politiquería, ejerciendo el derecho democrático del sufragio para elegir a candidatos limpios, alejados de esas prácticas; castigando a quienes por décadas se han lucrado del poder del estado y que no muestran arrepentimiento de sus actuaciones, por el contrario como lo señala el Papa Francisco, “viven del oportunismo, interiorizándose, incluso, con una máscara de hombre honesto, son personas que no acepta la crítica y descalifican a quien se las hace, buscando disminuir su autoridad moral, atacándolo con insultos y si puede persiguiéndolos”.

Solo con una propuesta de unidad, abierta a todos los sectores políticos y sociales, sin sectarismos, comprometidos con el desarrollo de los acuerdos de paz con las Farc y de apoyo a los diálogos con el ELN; de lucha contra la corrupción, con la búsqueda de la equidad y el bienestar social; permitirá su triunfo en las elecciones del 2018. Optar por la división y la descalificación, facilitara el camino de hacerse nuevamente con el poder, de quienes insisten en mantener un país en conflicto y odios permanente, con inequidad social, afectando a la población más vulnerable del país.  

Los Escándalos de Corrupción relegan los temas de los Acuerdos de Paz.

Julio E. Higuera

Politólogo

Concluida la Fase de dejación de armas y dar el paso a convertirse en partido político, las Farc, el país centra toda su atención en un tema  que ha generado el desangre escandaloso de las finanzas del país como es la corrupción en las esferas del estado, destapando la olla podrida de la contratación pública, mediante la entrega de coimas para hacerse a millonarios contratos, incrementando los costos, la baja calidad de las obras y el incumplimiento en su entrega.

Según cálculos de la Contraloría General de la Nación el flagelo de la corrupción le cuesta al Estado cerca de 50 billones de pesos al año, es decir, en palabras del Contralor Edgardo Maya, casi un billón de pesos por semana, mientras que para la Procuraduría el monto equivale al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una suma cercana a los 32 billones de pesos, lo que equivale a los recursos de inversión que tiene destinado el gobierno nacional para el presente año.

Son tan graves los casos de corrupción en el país: el Carrusel de la Contratación en Bogotá, Odebrecht, el Ex fiscal Anticorrupción que entorpecía investigaciones a cambio de cuantiosas sumas de dinero, Reficar, las irregularidades en el uso de las regalías en algunos departamentos, fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales, la captura del Contralor de Antioquia, por prevaricato por omisión y peculado por apropiación, la captura del Secretario de Seguridad de Medellín, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, Agro ingreso Seguro, solo por mencionar algunos de los más escandalosos hechos de corrupción; hizo que el tema de la implementación de los acuerdos de paz y la dejación de armas por parte de la Farc, pasara a un segundo plano de intereses ciudadano, para fijar su atención a los casi diarios escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios del estado en todo los niveles.

Lo más indignante es que mientras el país se sumerge en el cáncer de la corrupción, en detrimento de las finanzas del Estado y de atención a la inversión social, la respuesta del gobierno es la aplicación de mas medidas tributarias antipopulares, que afectan el bolsillo de la población más pobre y vulnerable, otorgándole más beneficios al sector financiero y empresarial, premiando a la clase política con asiento en el Congreso, con reajustes salariales para este año por encima de los 2 millones de pesos al mes, mientras a los trabajadores colombianos les aprueban un reajuste al salario mínimo por debajo de los 50 mil pesos mensuales; negando derechos a los colombianos, como la reciente ley que reduce del 12 al 4 por ciento el pago de los aportes en salud, que beneficiaria a cerca de un millón de pensionados que reciben mesadas por debajo de 2 salarios mínimos, argumentando un hueco fiscal de 2,3 billones de pesos, cifra muy por debajo a los dineros que son saqueados de las arcas del estado mes por mes.

Es tan alto el grado de impunidad en las investigaciones y sanciones contra quienes incurren en esas faltas contra la ética y la moralidad pública; al no arrojar resultados positivos, o en caso de ser condenados, gozan de una reclusión privilegiada en centros especiales, o pagando sus condenas en sus suntuosas mansiones, al otorgarles la casa por cárcel, así como con rebajas de penas por aceptación de cargos pero sin devolver los dineros robados; sanciones que mas que castigar a los delincuentes de cuello blanco, los incita a continuar delinquiendo y saqueando el erario público.

Es lamentable que las raíces de la corrupción, asociada a la politiquería y el clientelismo, como una forma de financiación de las campañas políticas, sigan intactas frente a un Estado, Órganos de Control y Fiscalización paquidérmicos que estimula esas prácticas y al enriquecimiento fácil, en degradación de los valores y principios éticos y morales que deben caracterizar el ejercicio de la administración pública.

La ausencia de acciones del estado y de los órganos de control y fiscalización, que aparentemente deberían velar por la transparencia en la contratación y el buen manejo de los recursos públicos, ante la degradación y carrera que viene haciendo la corrupción en nuestro país; la iniciativa de consulta anticorrupción, promovida por diferentes sectores ciudadanos, alcanza el respaldo de más de 4.300.000 personas, para que en las urnas los colombianos decidan sobre medidas para ponerle fin a este delito, castigando a quienes incurran en estas prácticas; permitiendo que el ciudadano pase de estar quejándose permanentemente, a que con sus acciones en el marco de la participación ciudadana contribuya a eliminar el flagelo criminal en el sector público.

La Paz en Colombia, no solo se alcanza con el fin del conflicto armado y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, también implica la eliminación de la práctica de la corrupción en los sectores público, privado y en el conjunto de la sociedad, generando mayores niveles de transparencia, que garantice una mayor eficiencia en la inversión de los recursos públicos para el mejoramiento de la calidad de vida y equidad social de los colombianos; superando los niveles de desconfianza existente entre los ciudadanos, contribuyendo a la estabilidad política, económica, social y de construcción de una cultura ciudadana de paz y convivencia democrática.

Conocer la Historia Violenta de Colombia para NO Volver a Repetirla

Julio E. Higuera

Profesional en Estudios Políticos

y Resolución de Conflictos

El Historiador Británico Paul Preston manifestaba que "Quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores". La Historia de Colombia, durante los últimos 60 años, estuvo signada por el flagelo de la violencia, con un alto costo de victimas que asciende a cerca de 8.5 millones de colombianos y mas de 220 mil muertos.

El respaldo ciudadano a la firma de los acuerdos para la terminación del conflicto con las Farc, no ha contado con el respaldo que se esperaba después de vivir un largo periodo de confrontación armada. Son varias las razones para que el escepticismo y la insensibilidad persista aun en una gran masa de colombianos, consecuencia de la falta de conocimiento, especialmente entre los más jóvenes, de los antecedentes históricos que desencadenaron en la violencia política en nuestro país y que tiene sus primeros inicios en el Siglo XX, con los enfrentamientos entre simpatizantes de los Partidos Liberal y Conservador, que dejo como resultado la muerte de cerca de 300.000 colombianos.

El detonante de este doloroso periodo fue el magnicidio del caudillo liberal y candidato Presidencial Jorge Eliecer Gaitán, desencadenando en el Bogotazo en rechazo a este crimen.  Con el surgimiento de las Farc, se inicia otra etapa del conflicto en Colombia, pero también se abre el camino de la negociación política al conflicto, alcanzado su nivel más alto con el nacimiento de la Unión Patriótica. En ese periodo se genera el genocidio más grande contra un movimiento político alternativo en Colombia con el asesinato de 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de 5.000 de sus militantes, en respuesta de sectores de extrema derecha y del narcotráfico al creciente respaldo electoral obtenido.

Este proceso de exterminio se extendio en contra de dirigentes de fuerzas alternativas y de líderes de los movimientos guerrilleros que se desmovilizaron y firmaron acuerdos de paz con el gobierno de turno, como el M19, EPL, PRT entre otros. Esta ola de crímenes alcanzo a prestantes dirigentes y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán. Los colombianos sufrimos las consecuencias de la arremetida terrorista de organizaciones criminales del narcotráfico, así como el surgimiento de los grupos paramilitares, realizando masacres, expropiación de tierras, y desalojos, provocando el desplazamiento forzado de miles de campesinos indefensos.

En la actualidad avanza, con dificultades pero con firmeza, la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y la Farc, que con el acto simbólico, en Mesetas Meta, tras 53 años de lucha guerrillera, las Farc dejaron para siempre sus armas, dando un paso importante a la vida civil y convertirse en una nueva fuerza politica. Igualmente avanzan los diálogos de paz con el ELN, manifestando las partes, la disposición de iniciar de inmediato el estudio de las condiciones para acordar un eventual cese bilateral al fuego y de hostilidades. 

Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo para el fin de este conflicto armado irracional, han sido desde varios gobiernos y con diferentes resultados. Lo más lógico y responsable es que al momento de entrar a respaldar o rechazar lo alcanzado en materia de paz, se tenga en cuenta las experiencias anteriores,  para no entrar en el remolino de los señalamientos y cuestionamientos sin lógica, menos cuando proceden de mandatarios que en ese mismo esfuerzo fueron más lapsos en las concesiones con los grupos armados ilegales, ejemplo la fatídica experiencia del Caguan, período en el que se incrementaron los secuestros, extorsiones, ataques a bases militares y pescas milagrosas en todo el país; o el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, cuestionados por no existir reparación a las víctimas, varios desmovilizados continuaron delinquiendo desde las cárceles y se legalizaron a Jefes del narcotráfico que se pasaron como Paramilitares.

Las amenazas de hacer trizas o modificar los acuerdos, que desde sectores de la extrema derecha le hacen al procesos de paz con las Farc, si alcanzan la Presidencia de la Republica en el 2018, obliga a que los ciudadanos antes de tomar una decisión equivocada, zanjemos con el pasado de violencia y guerra, para no volver a repetir la historia y avanzar en el fortalecimiento de la democracia, los valores democráticos de convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos.

Hacer memoria sobre ese doloroso periodo violento, escuchando de viva voz, los dolorosos momentos de quienes vivieron en carne propia los horrores de la guerra, nos permite reflexionar individual y colectivamente sobre el riesgo de volver al pasado y abrir el camino a la instauración, en nuestro país, de un pensamiento totalitario, de violencia y xenofobia, transmitiéndole a las nuevas generaciones la rabia y odios por los desmanes sufridos en medio del conflicto, con las susodichas consecuencias morales, institucionales y materiales; y no repetir esos trágicos episodios con los que hemos vivido durante los últimos 60 años, y no lamentarnos de episodios como la historia de Guadalupe Salcedo, el guerrillero liberal que entregó sus armas a Rojas Pinilla en 1953 y luego fue asesinado en el sur de Bogotá.

Aspiramos a construir una sociedad reconciliada, tolerante, capaz de convivir en medio de la diferencia, alejada de los odios y deseos de venganza, buscando someter al contrario; una sociedad que entienda que la historia de nuestro país esta regada por ríos de dolor y sangre de inocentes víctimas del conflicto; comprometiéndonos a cambiar esta fatídica parte de la historia por una Colombia en paz y reconciliada.

El Camino para Blindar los Acuerdos de Paz

Julio E. Higuera

Profesional en Estudios Políticos

Y Resolución de Conflictos

Ante las pretensiones del Centro Democrático de alcanzar el poder en el 2018, con el solo propósito de ¨hacer trizas los Acuerdos de Paz¨, alcanzados con la guerrilla de las Farc; el reciente fallo de la Corte Constitucional, que vulnera la Seguridad Jurídica del Acuerdo Final, colocando en riesgo la materialización de un proceso en su fase más importante de implementación como es la dejación de armas por parte de esa organización guerrillera, hasta llevarlo a un punto de no retorno; la perdida de interés en la agenda de los colombianos por los temas de paz, según la reciente encuesta de Invamer; traza el camino que le queda a las fuerzas que hacen parte de la coalición por la paz  y que es uno solo, ¨Ponerse de Acuerdo ¨, para llevar este proceso a buen término.

La pasada convención del Centro Democrático, en la que el Expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez, por ser un movimiento político autocrático donde la toma de decisiones está en sus manos, definió las líneas de acción de ese partido de extrema derecha, en la que buscaran una coalición con aquellos sectores que se han opuesto al proceso de implementación de los acuerdos, como Andrés Pastrana, Martha Lucia Ramírez y Alejandro Ordoñez, militares en retiro entre otros; con quienes coinciden en la necesidad de revisar los acuerdos firmados con las Farc.

En los sectores políticos comprometidos con la implementación de los acuerdos de paz, ha faltado mayor voluntad y compromiso político para aunar esfuerzos en la búsqueda de coincidencias, superando las diferencias, que les permita construir un acuerdo de unidad para presentar un candidato presidencial que exprese la voluntad ciudadana por la reconciliación, la paz definitiva, de lucha contra la corrupción y por una política de equidad y bienestar social en nuestro país, y así evitar que la amenaza de la “extrema derecha” den al traste con los logros alcanzados en el Acuerdo final de Paz, conduciéndonos, nuevamente, por el camino de los odios y la confrontación armada. 

El momento exige que tanto los dirigentes de los partidos políticos, así como los precandidatos conocidos hasta el momento, dejen de lado las pasiones y prevenciones en torno al propósito de una coalición por la paz, los egos que no les permite aceptar que en una democracia  toda aspiración es legítima y debe ser aceptada sin entrar a descalificarla; entendiendo que para alcanzar un acuerdo político se debe estar dispuesto a ser generoso, deponer las aspiraciones individuales en aras de blindar un proceso de paz que le ha traído grandes beneficios y tranquilidad a nuestro país, especialmente a los pobladores de las regiones en las que se sintió con mayor rigor el conflicto armado.

Lo ideal sería que las diferentes colectividades políticas, las organizaciones sociales, el sindicalismo, el sector empresarial, la intelectualidad, el sector de la cultural, los jóvenes, los campesinos, afrodescendientes, comunidad LGTBI, en fin la Colombia que clama y apoya la paz, entienda y tome como base de un acuerdo político, dirigido a alcanzar una amplia representación en el Congreso de la Republica, presentar un candidato único a la Presidencia y Vicepresidencia de la Republica; establecer una agenda política, en esta fase del postconflicto, para la continuación en la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto armado, la construcción de la paz y la reconciliación; de atención a las demandas sociales de la población, basados en el principio de transparencia y de rechazo a las prácticas corruptas; de respeto a la protesta ciudadana pacifica y a los Derechos Humanos; sin que ello implique respaldar incondicionalmente o perder la independencia para oponerse a las políticas del gobierno que no expresen las aspiraciones ciudadanas de bienestar, equidad social, y que afectan la calidad de vida y los derechos de la población más vulnerable.