“Si Queremos La Paz, Seamos Parte de los Diálogos”

Julio E. Higuera

Politólogo. 

Especializado en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario 

El documento que a continuación presento, “Si queremos la Paz, Seamos parte de los Diálogos”, es una propuesta dirigida a propiciar escenarios para la participación ciudadana en la construcción de una Cultura de Paz, Dialogo, Convivencia y Reconciliación en el Valle del Cauca. 

Es preciso entender que con la sola firma de unos acuerdos de paz con las guerrillas, no se resuelve el problema de violencia y solución de las demandas sociales que afectan a la población. Es un proceso que hay que pensarlo a largo plazo, formulando políticas y estrategias que de manera progresiva vaya abriendo espacios hacia una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos y de desarrollo social, en las que se puedan construir espacios de diálogo con las comunidad y sus organizaciones sociales, creando un entorno económico, político y social, que le garantice a la población la reconciliación y el disfrute de sus derechos. 

La construcción de una cultura de paz, genera conciencia colectiva en la sociedad con tanta fuerza que no da lugar a la violencia, hace referencia a una serie de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a las personas y a su dignidad, ponen en primer plano el respeto a los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas, promoviendo la práctica de la no violencia a través del diálogo. Además, previene los conflictos, atacando sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos en conflicto, en el marco del respeto de los derechos humanos, al cambio de mentalidad individual y colectiva, generando cambios en el comportamiento de los ciudadanos frente a la guerra y la paz, propiciando procesos de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de paz, desde la familia, los colegios y el entorno social en el que convivimos. 

Construir ciudadanía en este contexto es favorecer la participación activa de la gente en la edificación y transformación de la sociedad en la que viven conforme a sus propias necesidades e intereses. En este propósito se debe buscar que el Plan de Desarrollo Departamental y los Planes Municipales, tengan como base el tipo de sociedad que queremos construir, y no solo el tipo de obras que vamos a desarrollar, en el que se refleje una ciudadanía responsables, con sentido de pertenencia, tolerante, capaz de concertar y cumplir acuerdos, y sobre todo que respete la ley y cumpla las normas de convivencia para hacer del Valle del Cauca un departamento en paz, con democracia y equidad social. 

En ese contexto debemos hacer que cada ciudadano entienda que la reconciliación y la convivencia pacífica es posible, si entendemos que el conflicto armado y la violencia generalizada es un fenómeno que nos afecta a todos por igual, y seamos parte de la solución, rompiendo con la indiferencia frente al sufrimiento de miles de colombianos inocentes que involuntariamente se vieron involucrados en el mismo por estar en zonas escenarios de la confrontación armada, generando víctimas inocentes, desplazamiento forzados y por ende mayor pobreza y crisis social humanitaria. 

Un política de sensibilidad social, debe hacer entender al ciudadano que “Si queremos la Paz, debemos ser parte del Dialogo”, generando conciencia de que la única vía hacia la paz es la búsqueda del dialogo rechazando la violencia como forma de dirimir las diferencias que pueden existir entre las personas, el estado y la sociedad, es decir pensar la paz y la reconciliación desde lo cotidiano, desde la comunidad, desde la integración, desde la inclusión social. Es promover un proceso de la sociedad civil, con representantes de los sectores más diversos de la sociedad como la Iglesia, el sindicalismo, el Gobierno Departamental y municipales, así como de los gremios económicos y empresariales de la región, para así promover el dialogo desde un enfoque social y político, para alcanzar la paz. 

Es importante entender que la etapa de Postconflicto, exige de los gobiernos a nivel nacional, regional y local; generar alternativas que le proporcione oportunidades laborales a los reinsertados como parte fundamental del postconflicto, con el concurso y compromiso del conjunto de la sociedad vallecaucana. De ahí la importancia de la generación de escenarios de inclusión ciudadana, que los sensibilice sobre la importancia y beneficio de alcanzar el logro de la paz y el fin del conflicto y la violencia, a través del dialogo y la reconciliación. 

Este escenario, nos permite hacer frente a las campañas desinformadoras, sobre lo que se viene negociando en la Habana, propiciando espacios de reflexión para que los ciudadanos entiendan el conflicto no como una lucha de poderes o ideologías, sino como una problemática social que no permite el desarrollo y bienestar de la población, no garantiza la seguridad y tranquilidad ciudadana; asumiendo nuestra obligación en la realización del derecho a la paz, de manera organizada, promoviendo diálogos que incluyan a todos los actores y sectores sociales, alrededor de la construcción de la paz basada en el respeto y disfrute de los derechos humanos, la justicia, la vida digna, la equidad, la democracia y en la búsqueda de solución negociada al conflicto armado. 

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Para la Gobernadora Dilian Francisca Toro, los avances positivos en materia de la búsqueda de la paz, es la oportunidad para desarrollar programas y agendas, adaptadas a las necesidades de la región, en función de la nueva realidad de desactivación del conflicto, reincorporación de los actores armados y relanzamiento del modelo de desarrollo en el departamento. En esa perspectiva promoverá la implementación de la Cátedra de Paz[1] con el propósito de gestar acciones pedagógicas conducentes a la construcción de una cultura de paz, como un elemento fundamental en el Departamento, que ha sido escenario del conflicto armado, y requiere la humanización del post-conflicto, así como la reconciliación, reparación y recuperación de valores y principios, de memoria histórica que permita que los hechos ocurridos en los últimos 50 años no se olviden[2]. 

Trabajará, conjuntamente con el Gobierno Nacional, para la implementación de acciones de atención a las víctimas del conflicto, como es el acceso a la educación, acompañamiento psicosocial, tanto individual, familiar, y grupal. Desarrollará procesos formativos para las víctimas del conflicto armado para potenciar el enganche laboral en el marco de las rutas de empleo y autoempleo para la reparación integral. Gestionará con la Nación y los municipios la entrega de soluciones de vivienda urbana, a hogares que fueron víctimas de desplazamiento forzado[3]

La pertinencia de estas iniciativas, como la implementación de procesos educativos para formación en ciudadanía para la paz, el desarrollo de capacidades para la promoción de diálogos diversos y habilidades para la mediación y resolución de conflictos en organizaciones sociales y comunidades, la construcción de memoria histórica, que visibilicen a las víctimas del conflicto armado y sensibilicen sobre el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; así como de procesos participativos para el desarrollo de diálogos desde propuestas como la mesa departamental de paz, que concreten experiencias de diálogo diverso entre los diferentes sectores de la sociedad alrededor de iniciativas de construcción de paz duradera y sostenible, radica en la necesidad que tiene el departamento de consolidar una ciudadanía activa, participativa, deliberativa y que tenga en el centro de las preocupaciones la búsqueda de la paz, no sólo en el contexto nacional, marcado por un prolongado conflicto armado; sino también en los entornos más próximos como son los núcleos familiares y de la comunidad, donde la intolerancia y la negación del otro se viene imponiendo como práctica recurrente. 

[1] Programa de Gobierno, 2016 – 2019. Educación con Calidad, Pertinencia y Permanencia. Pag. 23 

[2] Programa de Gobierno, 2016 – 2019. Cultura para la Convivencia Pacífica. Pag. 43 

[3] Programa de Gobierno, 2016 – 2019. Víctimas del Conflicto Armado. Pag. 53 

Gobernar para la Reconciliación, la Paz y la Participación Ciudadana

Julio E. Higuera

Politólogo

Pasaron las elecciones regionales, en las que la estrategia de la guerra sucia, en algunas campañas, fue contundente, atacando a sus contradictores buscando permear su integridad personal, acudiendo a la mentira, desinformación o calumnias; generando un mayor grado de confrontación y dejando heridas entre quienes hicieron parte de este proceso político electoral.

A los nuevos mandatarios les corresponde un gran reto, construir escenarios de dialogo con los diferentes sectores políticos y sociales, que conduzca a la reconciliación, como antesala de lo que será la responsabilidad de los nuevos mandatarios a nivel regional y local, en la perspectiva de un periodo de postconflicto que le pondrá fin al conflicto armado que ha sufrido nuestro país y la firma de un acuerdo de paz definitivo.

Lo peor que le puede pasar al Valle del Cauca y los 42 municipios, es que se mantenga ese nivel de confrontación, desechando el camino del diálogo para resolver las diferencias surgidas durante el pasado debate electoral. El llamado del Papa Francisco para avanzar por el camino de la paz y la reconciliación, cobra fuerza en la actual coyuntura en la que nos aprestamos a la posesión del nuevo gobierno regional y los gobiernos locales en el Valle del Cauca.

La base para avanzar por el camino de la reconciliación, es que tengamos gobiernos abiertos, participativos, en las que el pluralismo político y social, permitan reconstruir el tejido social y la confianza ciudadana en sus gobernantes. La alta votación por el voto en blanco, así como de tarjetones no marcados, reflejan el escepticismo y desconfianza de la población por la confrontación vivida durante el proceso electoral pasado.

Compromisos como hacer de la región Pacífico un modelo de desarrollo sustentable en paz, así como de recuperar el liderazgo del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional; hacer de Cali una ciudad de oportunidades y ejemplo de seguridad y cultura ciudadana, solo son posibles en la medida en que haya sinergia entre el gobierno departamental, el gobierno de Cali y demás gobiernos municipales, articulando y desarrollando sus Planes de Desarrollo hacía  una agenda de bienestar social y mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población del Valle del Cauca.

Estas agendas cobraran fuerza, solo si en su desarrollo generamos espacios para la participación ciudadana, como el primer camino de la reconciliación y para que este camino pueda ser recorrido, es necesario promover una democracia participativa que no consista simplemente en el respeto de normas legales de participación, sino que se alimente con una efectiva participación, con iniciativas de beneficio comunitario, siendo abiertos a la crítica de la ciudadanía, puesto que la democracia participativa exige compromiso, tolerancia y concertación.

MI VOTO ES POR…………

Julio E. Higuera

Politólogo

El próximo domingo 25 de octubre, los colombianos elegiremos Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles en todo el país. Lo característico de este debate electoral ha sido la desobediencia de líderes y bases políticas con las decisiones y candidatos avalados por las dirigencias de las diferentes colectividades políticas.

La decisión de respaldar candidatos, por fuera de los propuestas oficiales de sus colectividades, son decisiones individuales en las que primó el interés personal o la relaciones de amistad. Este fenómeno es el resultado de la pérdida de identidad política e ideológica de los partidos políticos que quedaron reducidos a empresas electorales con intereses individuales, sin compromiso con la población que aspiran representar.

Esta ausencia de representatividad política, que permita recuperar el equilibrio entre los ciudadanos y sus gobernantes, que beneficien los intereses y necesidades de la población; es lo que nos permite ejercer el voto con responsabilidad y a conciencia, respaldando candidatos a los que conozcamos por su trayectoria política y de gestión en el sector público, así como por sus actuaciones y comportamiento en su vida pública y privada.

Mi voto para la Alcaldía de Cali, será por Angelino Garzón, por su trayectoria y experiencia en el sector público, como dirigente social, comprometido con las causas sociales, con el dialogo y la equidad social, la dignidad humana y de respeto a los derechos humanos, así como de privilegio a la inversión social que mejore el bienestar y la calidad de vida de la población más vulnerable de la ciudad, de lucha contra la corrupción y de defensa de los recursos públicos.

Mi compromiso para la Gobernación del Valle, es con Dilian Francisca Toro; con una amplia trayectoria en el sector público, como concejal y alcaldesa en el municipio de Guacari, y en su paso por el Senado trabajo por proyectos para el fortalecimiento de la red de salud pública como fue la ley de recursos humanos para el sector salud, la ley antitabaco que prohíbe su venta a menores de edad. Su programa de Gobierno esta centrado en la seguridad, la educación, la salud, el emprendimiento y la innovación para generación de empleo, comprometida con recuperar la posición de liderazgo del Valle del Cauca a nivel nacional e internacional como un departamento atractivo a la inversión.

Mariluz Zuluaga, candidata a la Asamblea, fue Defensora del Paciente, Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Alcaldesa encargada de Cali, Directora de los CALI 4 y 5 y Jefe de Oficina de Control Fiscal Participativo y Secretaria General (e), de la Contraloría Municipal. Mi voto es el reconocimiento a su trayectoria pública y social y como una expresión de la amistad que hemos cultivado por varios años. 

Tania Fernández, candidata al Concejo, pertenece al movimiento Nueva Generación, trabajo en la Procuraduría General, fue subgerente de la Clínica Rafael Uribe Uribe y directora jurídica del Concejo de Cali. Ha manifestado su compromiso de apoyar, desde el concejo, las propuestas programáticas de Angelino Garzón, como son la Secretaria de la Mujer, el Programa de los Psicólogos Escolares y en proyectos dirigidos a trabajar con la población juvenil en alto riesgo, alejándolos de las bandas delincuenciales y la drogadicción.

Mi voto es una decisión personal y de mucha responsabilidad, sin presiones, pensando en una Cali y un Valle del Cauca con solido liderazgo a nivel nacional e internacional, con la tranquilidad que estoy ejerciendo libremente un derecho ciudadano, con la convicción de que las propuestas por las que sufragare, representan una opción democrática, humanista y de compromiso con las políticas de justicia, equidad social, con los diálogos de paz y el postconflicto.

El 25 de Octubre, votaremos por la Reconciliación y la Equidad Social

Julio E. Higuera

Politólogo

A diferencia de otros procesos democráticos regionales, las elecciones del 25 de octubre, en las que los colombianos elegirán los nuevos gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y representantes de las Juntas Administradoras Locales; tiene como escenario el avance de los diálogos de la Habana y la firma de un acuerdo definitivo de paz en marzo del 2016.

El reto que asumirán los nuevos mandatarios, que se posesionaran el 1° de Enero del 2016, es la articulación de sus políticas de gobierno, a lo acordado en la Habana, lo que implica que los nuevos gobernantes, deben estar en consonancia con este proceso de reconciliación nacional, formulando políticas de inclusión y equidad social, implementando acciones participativas para que la ciudadanía sea parte activa de este proceso de paz y reconciliación, refrendando los acuerdos que se firmen entre las partes; para que estos diálogos lleguen a un punto de no retorno porque, tal como lo manifiesta Angelino Garzón, es mejor “heredar un país con un acuerdo de paz, que un país en conflicto”.

La importancia en la decisión que los ciudadanos tomaremos el próximo 25 de octubre, es que debemos ser conscientes de que con nuestro voto contribuiremos a consolidar la paz o alimentar la guerra. Esa decisión se debe basar en las propuestas de los aspirantes, a esos cargos de elección popular, frente a temas tan cruciales como el desarrollo local y regional en una etapa de postconflicto, atención a las víctimas, programas de inserción social y productiva de los desmovilizados, así como de seguridad ciudadana; temas en los que el compromiso de los nuevos gobernantes, concejales y diputados, es fundamental para la consolidación de esos acuerdos, no solo a nivel nacional, sino regional y local, aportando a la solidez de unas instituciones democráticas, y de rechazo a aquellos sectores que animan la guerra como la única salida política para el país.

La base para que avancemos en una cultura de dialogo, paz, reconciliación y de respeto a los derechos humanos; está en el reconocimiento y respeto en la diferencia de las diferentes opciones políticas, dejando de lado las injurias y calumnias, como estrategia electoral, para el debilitamiento del contrincante político; avanzando hacia escenario en las que las propuestas en materia de empleo, seguridad, educación, salud, protección del medio ambiente y de las fuentes hídricas, hoy afectadas por la desforestación, la minería ilegal, que tienen atravesando a la ciudad y el departamento en una grave crisis en el suministro del preciado líquido, como es el agua, tan necesario para la población, como parte integrar de los derechos humanos y del derecho a la vida; sean parte del debate democrático y ciudadano. 

Estas propuestas de Paz y Equidad Social, son la base para que la gente viva en condiciones más dignas, avanzando en el gran reto de los caleños y vallecaucanos: “recuperar el liderazgo de Cali y del Valle del Cauca, a nivel nacional e internacional”.

¿Responsabilidad Social o Beneficios Tributarios?

Julio E. Higuera

Politólogo

Visite a unos amigos en el barrio Siloe, quienes me invitaron a una conversación, con vecinos y amigos, sobre la campaña a la alcaldía y los candidatos que aspiran a ese cargo; el conocimiento que tienen de cada uno de ellos, como figuras públicas, y la opinión sobre su papel en sus actividades públicas y privadas.

Las opiniones se centraron en Maurice Armitage y Angelino Garzón. Del primero resaltaban los programas sociales que ha llevado a la comuna 20, concretamente al barrio Siloe, a través de la Fundación SIDOC, entidad a través de la cual desarrolla sus programas de responsabilidad social. De Angelino valoraban su paso por la Gobernación del Valle, en la que los programas sociales tuvieron un impacto positivo en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, especialmente en la población infantil, reduciendo los índices en materia de desnutrición y deserción escolar, así como del fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana.

Se hizo un paréntesis para reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el estado, así como el sector privado, en atención de las demandas sociales ciudadanas. Se cuestiona el papel de los grupos empresariales y de las grandes cadenas de supermercado, que a través de sus fundaciones, desarrollan programas sociales en sectores poblacionales de bajos recursos, preguntándose, hasta donde estas “acciones sociales” se llevan a cabo como un acto de responsabilidad social con la población más pobre de nuestra sociedad, y no como una estrategia para reducir sus obligaciones tributarias para con el estado, puesto que en la práctica se toma como un gasto deducible de los impuestos, y no como una aporte social para el desarrollo del país. De igual manera porque el Estado no cumple con la responsabilidad constitucional de atender las demandas ciudadanas en materia de inversión social, garantizando el mejoramiento de las condiciones de bienestar y calidad de vida de la población más vulnerable y le traslada muchas de esas obligaciones a entidades privadas.

El Estatuto Tributario, en su artículo 125, establece unos beneficios a los contribuyentes, que están obligados a presentar declaración de renta, y en los cuales pueden deducir hasta del 100% del valor de las donaciones a obras sociales, efectuadas durante el periodo gravable. Para que estas donaciones puedan ser certificadas, en el momento de presentar su declaración de renta, deben realizarse a través de entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto o actividad social este encaminada a programas en materia de salud, educación, cultura, deporte, programas de desarrollo social entre otras. En el caso de la Fundación SIDOC, estos programas los desarrollan en alianzas con fundaciones asentadas y con trabajo social y comunitario en la comuna 20. 

Sin entrar a descalificar este tipo de estrategias empresariales, es importante reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el sector empresarial y financiero, de aportar, parte de sus excedentes financieros, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre, sin que esta afecte el recaudo en materia de impuestos que el estado debe efectuar; para atender las grandes demandas sociales de la población.

Así mismo, la democratización de las empresas, compartiendo las utilidades con sus trabajadores, no exime a los empresarios de cumplir las normas que establecen que tanto trabajadores como empresarios tienen el deber de cotizar al sistema de seguridad social, sobre todo en momentos en que el sistema de salud atraviesa por una grave crisis financiera, que tiene en riesgo de cierre definitivo de los más importantes hospitales, especialmente en la ciudad de Cali.

¿Influye Sicológicamente las Encuestas en la decisión del Elector?

Julio E. Higuera

Politólogo Univalle

Para algunas campañas políticas, dentro de sus estrategias políticas, privilegian hacer eco a los resultados de las encuestas, que  exponer sus ideas y propuestas de gobierno, en un grosero pragmatismo electoral y de manipulación al ciudadano.

George Gallup, fundador del Instituto de Opinión Pública Estadounidense y pionero de la medición de opinión en radio y televisión mediante encuestas, manifestaba que no existen pruebas científicas que demuestren la influencia que pueda ejercer las encuestas entre los electores indecisos, para que opten por determinado candidato. En ese mismo sentido se manifestaba el sociólogo francés Jean Soetzel al precisar que los individuos indecisos, obedecen más a su fuero interno, que a las influencias personales o a los resultados de las encuestas a las que les prestan poca atención.

Las encuestas de opinión de carácter electoral, son motivo de constante polémica por los variados y contradictorios resultados que arrojan, generando cuestionamientos sobre la validez y legitimidad de las mismas; pues en opinión de analistas, estas pueden ser manipuladas y financiadas por determinados grupos de poder político y económico, buscando influenciar sicológicamente al elector en el momento de tomar su decisión; reportando resultados distintos a los obtenidos en su aplicación, o distorsionando la interpretación de determinadas preguntas, que buscan medir la intención de voto, para entrar en el escenario de las especulaciones sobre la intención real del ciudadano.

Las encuestas de opinión pública deben servir de insumo para la toma de decisiones, no obstante, no se pueden convertir en propaganda dirigida a crear un clima de opinión favorable a determinado candidato, pues los ciudadanos tienden a formar sus opiniones a partir de determinar cuál es la opinión dominante en ascenso, para adaptarse a ella, dejando de lado variables tan importantes como su hoja de vida, experiencia y trayectoria en la gestión pública, capacidad y liderazgo para asumir el cargo al que se postula.

Sobredimensionar los resultados, que arroja una encuesta, en la que se refleje una clara preferencia por determinado candidato, frente a sus contradictores, puede generar la disminución de votantes, pues allí donde la elección ya está definida, desmotiva al elector, quien se aísla del proceso democrático al considerar que su decisión, en ese momento, no es tan determinante, o la campaña que cuenta con los más altos índices de aceptación entre en un  proceso de relajamiento, confiado en la efectividad de los resultados entregados por la firma encuestadora.

La satanización y poca credibilidad en las encuestas, es el reflejo de las distorsiones sociales que ellas generan, pero pueden convertirse en un instrumento muy útil en la toma de decisiones, si estas se realizan bajo los principios éticos de transparencia, profesionalismo, objetividad, libres de la presión o intervención de actores políticos y económicos, con intereses personales en determinadas campañas.  

Preferiblemente debemos avanzar a una cultura ciudadana en la que la decisión del elector, este fundada en la defensa del interés común, en la búsqueda del bienestar y un mejor futuro para la población.

Una Campaña Electoral basada en el Respeto a los Derechos Humanos.

Julio E. Higuera*

La Participación Política es inherente a la democracia y es el reconocimiento al derecho que tienen los ciudadanos, hombres y mujeres, a participar en los asuntos públicos, directamente postulando su nombre como candidato a cualquier cargo de elección popular, en los términos que determina la constitución política y las normas que regulan los procesos electorales, o por medio de sus representantes elegidos en procesos electorales democráticos  mediante el sufragio universal y  hace parte integral del respeto y defensa de los derechos humanos, ofreciendo garantías a los ciudadanos para alcanzar una sociedad más democrática, participativa, digna y plena de derechos.

Querer cercenar el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo, ya sea para gobernante local, regional o un órgano legislativo, como una estrategia de debilitamiento y derrota del contrincante político, arguyendo inhabilidades o impedimentos de tipo jurídico, legal, ético o limitaciones físicas, es contraria a una política de respeto, tolerancia y convivencia en medio de la diferencia, a la dignidad de la personas, discriminatoria contra la población en situación de discapacidad, a las minorías y violatoria de los derechos humanos.  

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, garantiza sus derechos a la participación en la vida política y publica en igualdad de condiciones  con los demás ciudadanos, así como al derecho de elegir y ser elegidos para cargos de elección popular, promoviendo su participación en esos escenarios democráticos y ciudadanos.

Una sociedad que avanza en unos diálogos que nos conduzca a la reconciliación nacional y dejación de las armas por parte de las organizaciones guerrilleras, para una paz definitiva; no puede ser permisible con aquellas propuestas políticas y electorales que insisten en utilizar  el arma de la calumnia, las argucias jurídicas y el maltrato a la dignidad de los seres humanos, como la mejor estrategia para alcanzar el favor ciudadano y hacerse con el cargo al que aspira. 

Debemos avanzar en una cultura democrática de respeto y tolerancia, en la que los debates políticos y electorales se den el marco de las propuestas y programas de gobierno, al reconocimiento del derecho legitimo de los ciudadanos a poner su nombre y hoja vida a consideración del constituyente primario, para aspirar a un cargo de elección popular, sin que esto se convierta en un instrumento de descalificación y de afectación a su dignidad, honra de su vida personal y familiar.

La democracia hoy en día, exige de una clase política responsable que reconozca el derecho a la libertad e igualdad, de mucho respeto al pluralismo y a la diferencia social, política, cultural, religiosa o de otra índole, dejando la responsabilidad en la elección del gobernante, en manos del ciudadano, que un acto individual y de mucha responsabilidad política y social, a través del voto, decide quién debe ser el próximo alcalde o alcaldesa, gobernador o gobernadora; puesto que la ciudadanía se fundamenta en la protección de la dignidad humana.

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* Politólogo, Especializado en Cultura de Paz y DIH.

Director Ejecutivo Corporación Concertemos