martes, 16 de septiembre de 2014

LA CULTURA COMO UN DERECHO



El pasado Jueves 11 septiembre, por iniciativa de SINTRAGOBERNACIONES, con la presencia del Ministerio de Cultura, La Secretarias de Cultura del Departamento del Valle y Municipio de Cali, Defensoría del Pueblo, Concejo de Cali, el Ex vicepresidente Angelino Garzón, los Directores y Directoras de las Instituciones culturales del Valle y líderes del sector cultural de Cali, se realizo un Dialogo Social en Defensa de la Cultura del Valle del Cauca, en el que se hizo una radiografía del estado financiero en el que se encuentran los institutos descentralizados de la cultura, como son Biblioteca Departamental, Bellas Artes, Incolballet, INCIVA y Orquesta Filarmónica de Cali.


En las diferentes intervenciones se dejo de manifiesto la preocupación, que esta crisis ponga en riesgo de desaparecer a estas instituciones culturales, algunas de ellas con más de 80 años de existencia, que hacen parte del patrimonio de los vallecaucanos y que son vitales para la vida cultural de la Nación.

La importancia del dialogo social, radica en que se constituyó en un escenario de participación democrática y de reflexión sobre la cultural como una política pública con enfoque de derechos humanos, y en el que se buscó aportar elementos que den alcance a los derechos culturales, trazar lineamientos para la elaboración, implementación y evaluación de una política pública orientada a la garantía de estos derechos, en los que el Estado del orden nacional, departamental y municipal asuman, con responsabilidad, compromisos que permitan superar esta crisis y garantizar la sostenibilidad de estas instituciones a futuro.

La conclusión del evento es que la cultura, como un derecho, en comparación con otras categorías de derechos humanos, se encuentran todavía en un punto incipiente de su desarrollo, ya que la cultura se ha convertido en la cenicienta en las políticas publicas del estado, por cuanto los recursos destinados a este sector se ve más como un gasto que una inversión, desconociendo el inmenso aporte que hace, en la construcción de una política de dialogo, convivencia ciudadana, hacia una cultura de paz. De ahí que el énfasis de este foro es hacer de la cultura una política pública y de derechos humanos, avanzando en la elaboración e implementación de acciones orientadas a la búsqueda de garantías a los derechos de este importante sector de la sociedad vallecaucana.

Se acordó realizar el próximo dialogo social, para el seguimiento y evaluación a los compromisos y acuerdos surgidos de este dialogo, para el día 30 de octubre en el auditorio de Bellas Artes.


Julio E. Higuera

jueves, 11 de septiembre de 2014

CARTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL VALLE



Oficio de la Doctora Elizabeth Padilla Perez, Ex secretaria de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle, referente a las declaraciones de la Doctora Alba Leticia Chávez, Secretaria de Hacienda del Departamento del Valle del Cauca, referente al desempeño del Doctor Angelino Garzón, como Gobernador  del Valle del Cauca.



domingo, 7 de septiembre de 2014

LA CATEDRA PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DIALOGO SOCIAL




Julio E. Higuera*
El Congreso de la República aprobó la ley; que ordena la inclusión en las instituciones educativas y universidades del país la Cátedra de la Paz, que tiene como misión “crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”[1].

El pasado 10 de diciembre, el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, instancia de coordinación de instituciones del Estado, hizo entrega al Gobierno Nacional, del documento que contiene la  estrategia nacional de Derechos Humanos, “De la violencia a la sociedad de los Derechos. Propuesta de Política Integral de Derechos Humanos 2014-2034”, que se constituye como uno de los productos del proceso de construcción participativa de la política pública en Derechos Humanos, a través del diálogo y concertación del gobierno nacional con la sociedad civil y la comunidad internacional y en el que se reconoce los derechos como objetivo fundamental en el accionar del Estado colombiano.

Es importante generar esta clase de acciones de promoción, formación y protección de los Derechos Humanos y Cultura de Paz; entendiendo este último, como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad; en el que la Cultura de Paz pone en primer plano los Derechos Humanos; el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de Libertad, Justicia, Solidaridad, Tolerancia, Igualdad, así como a la comprensión entre los pueblos y las personas, porque los Derechos Humanos están directamente vinculados a la vida digna y a la paz.

En la medida en que las personas tengan un mayor conocimiento y compresión sobre la Cultura de Paz y Derechos Humanos, se tiene la esperanza de convertirlo en una acción de transformación de la sociedad, haciéndola más tolerante, minimizando los actos violentos que sucumbe a nuestra país, no solo por las acciones violentas y terrorista de los grupos armados al margen de la ley, de la delincuencia organizada, sino también por la falta de tolerancia y convivencia pacífica de nuestras comunidades. Por ello la Cátedra de Paz, debe ser una política, no solo para ser desarrollada desde las aulas de las instituciones educativas, sino que debe ser llevada al conjunto de la sociedad,  porque estas propuestas de paz, se construyen y fortalecen cuando están acompañadas por planes de acción y de participación democrática en la que involucremos a los diversos contextos del aprendizaje como es la familia, la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, como una política de diálogo  y participación social en acciones personales y colectivas para lograr los cambios en el comportamiento de los individuos, como es tener una ciudadanía libre de la violencia en todas sus formas y manifestaciones y se traduzca en una cultura de dialogo, compresión y convivencia pacífica para el cambio.

Ahora, cuando se está avanzando en la mesa de negociaciones en la Habana, para poner fin a más de 50 años de guerra y en el posible post-conflicto para preservar la convivencia tras la firma de los acuerdos, una política de dialogo y defensa de los derechos humanos para la consolidación de una cultura de paz,  será fundamental, y verdaderamente oportuna, teniendo en cuenta que la mayoría de los colombianos que han vivido el fenómeno de la violencia, no conocen cuales son los valores humanos de la convivencia y la tolerancia, lo cual podría generar otra serie de conflictos sociales.



* Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos. Especializado en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Director Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo del Dialogo, la Concertación y la Cultura de paz –CONCERTEMOS-.
[1] Articulo 1º Parágrafo 2º Ley 174 de 2014

CARTA ABIERTA DE ANGELINO GARZON





miércoles, 3 de septiembre de 2014

DIALOGO SOCIAL Y DERECHOS SINDICALES

Julio E. Higuera
Director Ejecutivo
Corporación para el Desarrollo del Dialogo. la Concertación y la Cultura de Paz "CONCERTEMOS"

Se ha reactivado la violencia y amenazas contra dirigentes sindicales en el Valle del Cauca. En una comunicación del grupo criminal los Rastrojos, han declarado objetivo militar a destacados dirigentes sindicales, bajo el argumento de ser aliados de las organizaciones guerrilleras de la región y conminándolos a dejar de lado la defensa de los derechos de los trabajadores, por mejores condiciones laborales.

El derecho de asociación, es un derecho que hace parte de las libertades individuales, y es la posibilidad que tiene toda persona de crear o adherirse libremente a una asociación, y a través de la misma desarrollar aquellas actividades para la cual fue creada, sin ser víctima de amenazas o intimidación por el cumplimiento de los objetivos de su agremiación.

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el libre ejercicio de la actividad sindical; brindándoles todas las garantías a sus dirigentes, por cuanto los derechos labores, las libertades sindicales, el derecho a la huelga y a la protesta social, están consagrados en la Constitución y en la normatividad de los Derechos Humanos.

En ese sentido es necesario rechazar la actitud de diferentes sectores de la sociedad, así como grupos ilegales al margen de la ley, intolerantes, que descalifican la labor de las organizaciones sindicales y de sus dirigentes, atentando con los derechos ciudadanos de asociarse y expresarse libremente, siendo generadores de violencia y en contra del dialogo, la concertación para el fortalecimiento de una cultura de paz.

Los diálogos del gobierno del Presidente Santos con las Guerrillas de las FARC, los acercamientos con el ELN, generan un ambiente favorable para el fomento del dialogo social, para el fortalecimiento de la participación democrática de las trabajadores y sus organizaciones sindicales, los empresarios y sus organizaciones gremiales y el gobierno en el orden nacional, regional y municipal, buscando acuerdos que le brinde garantías a las organizaciones sindicales y sus dirigentes; así como en la construcción de acuerdos que permita “lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas”[1].

La mejor respuesta de la Sociedad Civil y el Estado Colombiano, a las amenazas proferidas por esos grupos al margen de la ley, es avanzar en la construcción de escenarios en las que el dialogo social sea el mejor instrumento para fomentar mejores condiciones en las relaciones de trabajadores, empresarios y el Estado, contar con unas organizaciones de trabajadores y empleadores fuertes e independientes capaces de fomentar y participar en procesos de diálogo y concertación.

Para promover el diálogo social, se hace necesario que exista voluntad política y el compromiso de todas las partes de fomentar el diálogo; el respeto de los derechos fundamentales representados por la libertad sindical y de negociación colectiva; y naturalmente el apoyo institucional para crear un entorno político favorable que permita a las organizaciones de empleadores y trabajadores actuar libremente con garantías y respeto a las opiniones de las partes, brindándole todas las garantías jurídicas e institucionales para garantizar y fortalecer las organizaciones representativas de los trabajadores, como de los empleadores.

Para la OIT, “El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social y el Estado de derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo."[2]